Foto: La Tercera

En medio de la conmemoración de los 30 años del retorno de la democracia en Chile y de dos años del segundo gobierno de Sebastián Piñera, el clima de agitación social sigue en aumento sin que el ejecutivo sepa cómo resolver conflictos sociales y dialogar con la ciudadanía sobre sus demandas. 

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) ve con preocupación que el abordaje que se le esté dando sea meramente con el uso de la fuerza pública. Varias organizaciones siguen denunciando represión y violencia institucional y la profundización de la polarización de parte de agrupación políticas extremas que buscan deslegitimar el eventual proceso constituyente que se está perfilando con el objetivo de cambiar la Constitución Política que la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet dejó. 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha hecho un seguimiento detallado de varias vulneraciones por parte de los Carabineros y sus reportes son muy graves, evidenciando la brutalidad con la que dichos funcionarios públicos abordan las protestas. En febrero, el Instituto reportó 3.765 personas heridas, de las cuales 445 tenía algún tipo de daño ocular y 282 eran niños, niñas y adolescentes. 

Asimismo, hay 2.000 casos reportados de personas que han sido torturadas o violentadas sexualmente por agentes estatales, sobre todo contra mujeres. 

Por lo anterior, REDLAD: 

• Insta al gobierno chileno de Sebastián Piñera atender las demandas de la sociedad civil y emprender un diálogo en el marco de los principios democráticos que exigen las normas internacionales.
• Pide garantías al derecho a la protesta de la ciudadanía que sigue saliendo a las calles y que ya ha anunciado varias actividades de movilización social.
• Exhorta a todos los partidos políticos y autoridades chilenas a no estigmatizar los movimientos sociales. 
• Solicita al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a ser garante y a vigilar la situación en Chile, con el objetivo de prevenir cualquier violación a las libertades. 
• Insta a la ciudadanía y a las organizaciones de sociedad civil a alejarse  y rechazar cualquier acto vandálico que, por lo general, son usadas como pretexto para censurar los pedidos legítimos de las personas.
• Exige al gobierno de Sebastián Piñera adelantar todas las investigaciones necesarias para judicializar a los funcionarios públicos que hayan incurrido en algún tipo de vulneración a los derechos humanos e integridad de las personas. 

Como plataforma de sociedad civil vemos con buenos ojos que Chile se esté planteando un nuevo contrato social que derogue el orden legal e institucional que heredó la dictadura y, más bien, construya uno nuevo en sintonía con los nuevos tiempos.