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Es una realidad, el coronavirus ya es una pandemia global declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el pasado 11 de marzo. El virus que empezó en Wuhan, China ya está en nuestra región y como sociedad es nuestro deber estar preparados y preparadas. Asimismo, los gobiernos y las respectivas autoridades sanitarias deben tomar todas las medidas y políticas necesarias para evitar que el contagio se propague de manera indiscriminada. América Latina y el Caribe están a tiempo de evitar que lleguemos a la situación que tiene hoy a Italia y muchos países de Europa no sólo al borde una crisis sanitaria sino también económica.

En primera instancia, es necesario reconocer que hay países en los que se han tomado las decisiones correctas para el control del virus, como en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Panamá. Sin lugar a dudas son muchas las cosas que se deben hacer para gestionar una pandemia de este tipo, pero muchos de los gobiernos están haciendo uso de las recomendaciones de los organismos internacionales expertos en la materia. 

Como sociedad civil debemos exigir responsabilidad política y medidas urgentes, como las de los anteriores países. Sin embargo, desde la Red Latinoamericana y del Caribe (REDLAD) vemos con preocupación cómo hay gobiernos que minimizan la gravedad del asunto, como los de Andrés Manuel López Obrador en México o Jair Bolsonaro en Brasil, mandando mensajes errados a la población en materia de prevención cotidiana del virus. En contraste, existen casos como los de Nicaragua en el que la presidencia de Daniel Ortega no reconoce la gravedad de la pandemia y se ha negado siquiera a emprender una campaña pública de cuidado y autocuidado. Mientras que en El Salvador hay un extremo peligroso; el presidente Nayib Bukele ha manifestado su intención de declarar un Estado de excepción para manejar la crisis sanitaria, lo cual ha sido criticado por un sector que lo ve como un intento de Bukele por saltarse principios democráticos.

Ninguna de las anteriores posiciones son responsables y menos cuando se tiene el deber de gobernar un país. Además, tanto la desidia como el extremismo llevan inevitablemente a vulnerar los derechos más básicos y fundamentales de las personas. Por un lado, puede ponerse en riesgo la salud y bienestar de las personas y, por otro, las libertades democráticas. 

Por lo anterior, desde REDLAD:

• Insta a los gobiernos y autoridades sanitarias de los países de las Américas a tomar todas las decisiones de política pública y en materia sanitaria para evitar que el virus se propague sin control.
• Exhorta a, si es necesario, como ya lo han hecho Argentina y Bolivia, cerrar fronteras o suspender vuelos desde Europa, Estados Unidos, China o cualquier otro país donde el COVID-19 tiene una presencia más fuerte. 
• Solicita a las autoridades nacionales de los países mantenerse dentro de los principios democráticos y de derechos humanos. Toda acción estatal en el marco de esta crisis debe considerar los límites legales y constitucionales. 
• Solicita a los organismos internacionales y multilaterales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, velar porque cada uno de los Estados del hemisferio esté haciendo lo que le corresponde para control la pandemia al interior de sus territorios. 
• Insta a todas las organizaciones sociales a poner en práctica todas las recomendaciones que distintas autoridades y expertos sanitarios han dispuesto y a informarse sólo a través de los canales oficiales de los mismos.
• Recomienda a la ciudadanía a no contribuir a generar pánico por redes sociales sobre el virus, su propagación y control. 

La gestión ineficiente de esta crisis puede afectar mucho más la acción de la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus derechos, así como la labor de todas las organizaciones de sociedad civil.