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El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha decidido decretar la disolución de la Asamblea Nacional del país, en medio de un juicio político que había empezado en su contra y que iba a cumplir su segundo día de comparecencia en el legislativo.

Si bien la medida está contemplada en el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, que indica que un mandatario puede aplicar esta medida sólo una vez durante su mandato y pasados 3 años de iniciado el mismo, no ha dejado de ser polémico el hecho porque evita el normal curso del juicio político.

Con la disolución de la Asamblea Nacional no sólo se adelantan las elecciones legislativas sino también las presidenciales. Sin embargo, ésta medida está lejos de ser la solución a la crisis política que atraviesa el país por cuenta de la polarización de los diversos sectores.

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):

• Instamos al gobierno ecuatoriano a preservar la transparencia del proceso electoral venidero y dar todas las garantías a todos los sectores políticos que se presentarán a los comicios. Es importante que se realicen veedurías con la participación de organismos internacionales a dicho proceso.
• Asegurar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, garanticen la seguridad de toda la ciudadanía, inclusive respetando el derecho a la libertad de expresión y movilización pacífica.
• No implementar en estos meses que se gobernará vía decretos, medidas, políticas y leyes que contravengan y generen retrocesos en políticas sociales y vulneren derechos humanos.
• Exhortamos a la oposición a respetar este proceso contemplado en la Constitución ecuatoriana y a manifestarse en contra, si así lo quisiera, dentro del marco de los procedimientos establecidos para ellos.
• Solicitamos la garantía de las decisiones y acciones comunitarias de los pueblos y nacionalidades, en su derecho de movilización y diálogo pacifico.
• Hacemos un llamado a toda la ciudadanía ecuatoriana y a los sectores políticos a privilegiar el bienestar y la convivencia y, por ende, a aprovechar este proceso para fortalecer la democracia y los procesos internos de los movimientos y partidos políticos, y para resolver las necesidades más apremiantes de las ciudadanía