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El Estado salvadoreño sufre una grave crisis institucional este fin de semana, tras la injerencia indebida del ejecutivo, en cabeza del presidente Nayib Bukele, en la acción de la Asamblea Legislativa a quien Bukele intenta obligar a actuar a su favor mediante procedimientos político-administrativos, la militarización del recinto de la Asamblea y el retiro de la seguridad de los diputados; todas acciones inconstitucionales e ilegales según el ordenamiento jurídico del país.

El pasado mes de noviembre, el gobierno presentó ante la Asamblea la solicitud de aprobación para adquirir una deuda de 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la tercera fase del ‘Plan de control territorial’ que es la estrategia marco el gobierno para hacer frente a la criminalidad en el país, en especial aquella proveniente de pandillas.

El sábado 8 de febrero estaba citado nuevamente el tema en el orden del día de la Asamblea, pero ante la falta de quorum para la discusión y aprobación del endeudamiento, Mario Ponce, Presidente del cuerpo colegiado, decidió citar de nuevo el debate para el lunes 10. Sin embargo, el Presidente Bukele decidió que el sentido de urgencia era mayor y convocó a la plenaria para el domingo 9 de febrero apelando al artículo 167 de la Constitución, que permite al Ejecutivo aprobar medidas excepcionales, lo cual no es el caso según análisis de diversos analistas políticos, juristas y actores de la sociedad civil local y regional.

Ante el rechazo que la medida del Presidente ha generado entre diversos actores sociales y políticos, Bukele ha hecho un llamado a la insurrección ciudadana, invocando el artículo 87 de la Constitución, ha amenazado a los diputados con apresarlos y les quitó sus escoltas, y ha militarizado las instalaciones de la Asamblea Legislativa. El discurso y acciones del Presidente ha generado un claro desequilibrio de poderes, y pone en riesgo la estabilidad de la democracia salvadoreña.

Adicionalmente, el Presidente ha utilizado la crisis para atacar y desmantelar a la oposición, lo cual es grave en cualquier momento, pero mucho más en un año preelectoral como este.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD):

1. Rechaza cualquier intimidación hacia el Legislativo por parte del Ejecutivo, y exige al Presidente Bukele retractarse de cualquier llamado a la insurrección ciudadana que puede generar graves actos de violencia en el país,
2. Insta al gobierno Nacional a que de forma inmediata desmilitarice la Asamblea y devuelva la seguridad (personal y jurídica) a los y las Diputados/as,
3. Hace un llamado a la comunidad internacional para que atienda la crisis, active los protocolos necesarios para evitar la ruptura del orden constitucional.