Foto: Edwin Bercían. EFE

El pasado sábado 21 de noviembre la ciudadanía guatemalteca nuevamente se convocó en las calles para protestar contra recientes medidas del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

La semana pasada fue aprobado en el legislativo de Guatemala el presupuesto para el año 2021, el cual ha sido blanco de muchas críticas por parte de la oposición y de sectores sociales y políticos de la sociedad, tanto por el procedimiento en el que se dio su aprobación como por lo que contiene. Contempla reducciones onerosas en los sectores de educación, salud y seguridad social, mientras que privilegia proyectos de infraestructura y una nueva sede para el Congreso. 

Lo anterior tiene un impacto mayor si tenemos en cuenta las consecuencias sociales y económicas que ya está dejando la pandemia del COVID-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota. En la mayoría de países de la región, el paso del virus ya está abriendo las puertas para una recesión que costará, según varios expertos. 

Por dichas medidas y por otras inconformidades con el gobiernos las movilizaciones no se han hecho esperar. Muchas de las cuales han desembocado en actos violentos y en represión policial. Varios encapuchados irrumpieron en las instalaciones del legislativo e incendiaron sus ventanas. Asimismo, uniformados de la Fuerza Pública han vulnerado la integridad de varias personas que se manifestaban. 

Toda esta situación tiene en crisis al gobierno de Giammattei. Entre las medidas que ha tomado el presidente está la de invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana el pasado domingo 22 de noviembre, un día después de las protestas. 

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):

• Insta al gobierno de Alejandro Giammattei a respetar el derecho a la protesta de la ciudadanía y a garantizar las condiciones constitucionales para la movilización. Esto quiere decir, sin represión policial contra las personas. 
• Solicita al gobiernos y al legislativo reconsiderar las reducciones presupuestales para el 2021 en los sectores de educación, salud y seguridad social, toda vez que podrían profundizar la crisis social y económica que ya viven las personas guatemaltecas, sobre todo aquellas en condiciones vulnerables. Por lo tanto, es recomendable construir canales y espacios de participación ciudadana que puedan incidir en las decisiones del presupuesto público, teniendo en cuenta en algunos casos el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, quienes representan más de 40% de la población guatemalteca. 
• Exhorta a la Organización de Estados Americanos (OEA), en cabeza de su Secretario General Luis Almagro, para que a través de la Carta Democrática Interamericana se garantice un diálogo amplio y democrático con todos los sectores políticos y sociales del país en pro de encontrar soluciones viables a la crisis. 
• Insta a toda la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta, movilización y libertad de expresión y rechazando cualquier acto de violencia que ponga en peligro su integridad.