Falta menos de un mes para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 25 de junio en Guatemala y desde ya hay serios cuestionamientos por la legitimidad del proceso desde varios sectores sociales y políticos del país.

Hasta el momento, tres personas candidatas han sido inhabilitadas para participar en los comicios. El más reciente, el empresario Carlos Pineda quien, según las encuestas, era uno de los más claros perfilados a pasar a la segunda vuelta e incluso ganarlas.

Sin embargo, en días pasados la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha invalidado su candidatura por supuestamente no cumplir con los requisitos legales. Los otros dos candidatos a quienes se les ha impedido participar son el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzu García-Granados, y la lideresa indígena maya Thelma Cabrera, perteneciente al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL), cuya candidatura presidencial ya había sido negada en las elecciones pasada; algo que puede constituirse también como un episodio de racismo y discriminación estructural e institucional.

Lo anterior ha prendido las alarmas de todos los partidos y, por supuesto, de la sociedad civil, como la organización Mirador Electoral que se ha afirmado que esta “elección adquiere el carácter de elecciones restringidas donde la autoridad electoral se convierte en el primer y gran elector del proceso, restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada” y por su parte Juan Pappier de la Human Rights Watch ha aludido a la situación como una “clara manipulación del poder judicial”.

Esta situación está configurando una situación de extrema gravedad y profunda vulneración a la democracia y sus instituciones, asimismo un posible fraude electoral violatorio de la autodeterminación del pueblo guatemalteco que no puede ser obviado por la comunidad internacional.

Asimismo, preocupa también el ambiente de persecución y censura que varios sectores activistas y del periodismo denuncian hacia su trabajo y los pocos controles efectivos que existen en Guatemala a los gastos de campaña, lo cual puede devenir en problemas de corrupción.

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):

• Rechazamos cualquier injerencia indebida que busque obstaculizar el desarrollo libre y democrático de las elecciones presidenciales, además de cualquier intento por violar la independencia y autonomía del Poder Judicial.
• Solicitamos a las autoridades guatemaltecas y al gobierno dar las garantías a todos los candidatos y candidatas que han presentado sus nombres para ser considerados en los próximos comicios. Esto con el ánimo de respetar también el derecho al voto, a la autonomía, a elegir y ser elegido que toda persona tiene en nuestra región y muy acorde con los estándares interamericanos.
• Instamos a la comunidad internacional, a la OEA y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ejercer especial vigilancia sobre el proceso electoral que se llevará a cabo en Guatemala.