La crisis humanitaria, política y de seguridad que vive Haití, particularmente agravada luego del asesinato en julio del 2021 del Presidente Jovenel Moise, ha causado una “importante escalada en la pérdida de vidas civiles y un número creciente de personas haitianas desplazadas que se han visto obligadas a huir de sus hogares e incluso a abandonar los refugios, para establecerse temporalmente o buscar refugio en otros países” (Informe OEA, Septiembre 2023).

Las personas que se han visto obligadas a huir de Haití, dejando atrás a su familia, su lengua, su cultura y sus propiedades, no sólo sufren el desarraigo tradicional de la migración forzada, adicionalmente tienen que enfrentar discriminación, racismo y violencia xenófoba. Esta es una tendencia que se repite en todos los países donde llega la población haitiana. Los comportamientos que violentan al migrante haitiano se ven reforzado por discursos explícitos y acciones simbólicas de muy diversos actores, incluyendo representantes oficiales de gobiernos del continente.

Mientras que avanza la profunda crisis de seguridad, y buscando mejorar la irrigación de la zona de Maribahoux para beneficio de sus comunidades agrícolas, el gobierno Haitiano decidió empezar la construcción de un canal en río Dajabón, que sirve como frontera nacional, y sobre el cual recae un acuerdo bilateral de aprovechamiento conjunto desde 1929. Cansada de esperar para el acuerdo entre los gobiernos, la población de Maribahoux decidio avanzar con la obra del canal y se puso a trabajar sin sueldo para terminar el canal, que permitirá la irrigación de 3,000 hactareas de tierras cultivables. A pesar de que el gobierno Dominicano también tiene instalados canales en el Río, rechazó la obra del gobierno haitiano y ordenó varias represalias contra el país y sus nacionales.

El pasado 14 de septiembre, después de diálogos infructíferos entre ambos países, el gobierno de República Dominicana, en cabeza de Luis Abinader, cerró la frontera con Haití, incluyendo los pasos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos, lo cual profundiza la crisis económica de la zona. Adicionalmente, la frontera terrestre ha sido militarizada, se ha suspendido el otorgamiento de visas, y se han presentado múltiples denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos de ambos países, sobre detenciones arbitrarias de personas y violencia contra comunidades en las zonas cercanas a la frontera, incluyendo allanamientos ilegales de viviendas de familias haitianas.

Esto, sumado a las denuncias diarias de racismo, violencia y xenofobia cometida contra haitianos en todo el territorio dominicano, profundiza aún más la crisis humanitaria de un pueblo que ha sido sometido a múltiples vejámenes a lo largo de las últimas décadas. Incluyendo la corrupción rampante en el país e intervenciones internacionales fracasadas del pasado encabezadas por Naciones Unidas, y propuestas de nuevas intervenciones como la del apoyo de la armada Keniata para recuperar el control del país, en manos de bandas criminales.

La Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia solicita:

1. Al gobierno de la República Dominicana, cesar de forma inmediata la persecución contra ciudadanos haitianos así como las acciones que impidan el desarrollo económico y social del país. Así mismo, la toma de medidas inmediata para desincentivar la xenofobia y racismo en el país, y avanzar en acciones que permitan la vida digna de las personas haitianas que viven en su territorio, incluyendo el acceso a los derechos básicos de salud y educación de calidad.

2. A la comunidad internacional, hacer un llamado a todos los países receptores de migración haitiana, y en especial a la República Dominicana, para tomar medidas urgentes de protección especial y de castigo a la xenofobia y racismo que está viviendo la diáspora haitiana.

3. A la Organización de los Estados Americanos, OEA, en especial el grupo de trabajo sobre Haití, que incluya análisis sobre el impacto que tiene en la crisis haitiana el racismo y xenofobia que vive la diáspora. La OEA también podría velar por la equitativa repartición de los recursos hídricos entre los dos países.