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Luego de que se declarara la vacancia presidencial y se dejara fuera del cargo a Martín Vizcarra el pasado 10 de noviembre, la crisis política continúa y se agudiza con el paso de los días en Perú. Los últimos días han sido de protestas y movilizaciones sociales que no supieron ser tramitadas por el nombrado presidente Manuel Merino, hasta ese entonces cabeza del Congreso. 

Durante este último fin de semana la ciudadanía se volcó a las calles para protestar por la destitución del presidente Vizcarra y muchas personas más inconformes por la incapacidad de la clase política para dirigir un país que tiene evidentes problemas de corrupción y de estabilidad institucional. Todo lo anterior desembocó en la renuncia de Merino y con esta el país completa tres presidentes en cuatro años, además de otra larga lista de presidentes envueltos en procesos judiciales, muchos de ellos privados de su libertad con medidas de aseguramiento dictada por los jueces. 

Según fuentes oficiales y medios de comunicación tras las jornadas de protestas, se registran dos personas muertas y más de un centenar de heridos, muchos de los cuales han sido víctimas de la represión policial ordenada por el hasta entonces presidente Merino.

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (Redlad):

• Exhortamos al Congreso de la República a elegir un camino constitucional basado en el diálogo democrático y amplio que nombre un/a presidente/a transitorio/a que lleve a buen puerto al país para las elecciones generales de abril de 2021.
• Instamos a los partidos políticos a colaborar para darle estabilidad política al país y a oír las voces de protestas de la ciudadanía, muchas de las cuales están pidiendo una nueva Constitución. 
• Exhortamos a la ciudadanía y a las organizaciones de sociedad civil del Perú a seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica y a rechazar cualquier acto de violencia que vulnere el espacio cívico.
• Solicitamos a las autoridades peruanas y a su eventual nuevo gobierno garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y la reparación de las víctimas de los últimos hechos de violencia.
• Solicitamos a la comunidad internacional a colaborar, en el marco de las normas internacionales y no injerencia, para encontrar un camino de soluciones pacíficas para el Perú.