Por: Gina Romero, cofundadora y Directora Ejecutiva de Redlad.

La democracia en América Latina está en declive.

Siguen aumentando las autocracias en la región. Según el Índice de democracia global de IDEA Internacional 2021 “más de la mitad de las democracias en América Latina y el Caribe sufren erosión democrática”.

El equilibrio de poderes se ve amenazado en muchos países, incluyendo el contrapoder de la prensa y la sociedad civil, porque el espacio cívico sigue restringiéndose. Indica el reporte del Monitor Cívico del 2021 que, de 35 países en el continente americano, sólo en 10 el espacio cívico es abierto, 18 son estrechos u obstruidos, y cinco cerrados; esto indica que la mayor parte de la ciudadanía regional (87%) viven sin condiciones básicas de respeto a la sociedad civil. Además, la región sigue encabezando los ataques y asesinatos a activistas y periodistas.

Los países que en el pasado eran ejemplos de estabilidad democrática están mostrando graves erosiones; el descontento ciudadano por las inequidades crece de forma alarmante y se vuelve detonante de enfrentamientos; la corrupción sigue dañando la gobernabilidad; y la polarización se ha vuelto caldo de cultivo para que actores a los que les conviene que la democracia se debilite siembren desinformación y discursos de odio que afectan a toda la población y desproporcionadamente a las minorías y/o actores más vulnerables, y hacen que la confianza y satisfacción con la democracia sea la más baja de los últimos 25 años (Latinobarómetro, 2020).

En el continente conviven países con autocracias y estados fallidos (incluyendo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y Haití que, personalmente considero el caso más dramático de la región) con países seriamente cooptados por intereses ilícitos -siendo los casos más graves los de Guatemala y Honduras-, otros en acelerado camino de volverse autocracias como El Salvador. Países como Chile y Costa Rica dejaron de ser ejemplos de estabilidad, crecimiento y fortaleza democrática, y Ecuador y Perú han sufrido severas disrupciones de gobernanza.

Se han visto, además, cambios drásticos de liderazgo político en Chile, Colombia y Brasil, tras las más recientes elecciones presidenciales, y entre lo que queda de este año y el próximo, al menos ocho países estarán eligiendo nuevos gobiernos. Hacia diciembre del 2024 estará pintado el nuevo cuadro político del continente y con él veremos los nuevos bloques políticos y su impacto en el diálogo regional, incluyendo la OEA (que cambiará de secretaría general en el 2024), la CIDH (que ha venido teniendo una diversificación ideológica y geográfica y cambiará de secretaría ejecutiva en el 2025) y los esfuerzos por reactivar escenarios regionales como UNASUR, y el creciente posicionamiento de los diálogos EU-LAC. Grandes acuerdos regionales y globales sobre democracia, como la Carta Democrática o la Declaración de Varsovia, se encuentran celebrando importantes aniversarios y abren la puerta para la innovación democrática y la reconfiguración del contrato social interamericano.

Será importante ver los impactos de las crisis y disputas de poder mundial en el continente, así como los desarrollos digitales y su cada vez más evidente acción erosiva en la estabilidad regional. La crisis migratoria profundiza la complejidad de la situación.

Ahora bien, el continente americano ha tenido una historia democrática sólida, y sigue siendo la segunda región más democrática del mundo (IDEA, 2022), lo cual indica que las generaciones pasadas y presentes han vivido en democracia y a pesar del declive que se ha vivido, aún las voces que defienden la gobernabilidad democrática son audibles. El reciente caso guatemalteco en el que mayoritariamente la ciudadanía voto por el fin del pacto de corruptos, es uno de los más disientes del momento. Los movimientos sociales han incrementado su acción, lo cual aumenta la sensibilidad ciudadana a los temas sociales y políticos, y genera el debate necesario en cualquier proceso democrático. Aunque ha presionado la estabilidad de los países, también ha generado procesos de cambio y actualización constitucional, necesarios para la reconfiguración de los contratos sociales. Así mismo, movimientos que buscan el reconocimiento de agendas específicas de derechos, como las de los sexuales y reproductivos de las mujeres o las de la diversidad sexual, han demostrado la fortaleza de la acción articulada entre movimientos, organizaciones y actores diversos para incrementar acciones de equidad y lucha contra la discriminación.

Igualmente, los grupos étnicos han avanzado en una apropiación de la exigencia de sus derechos, logrando articulaciones regionales y globales para la defensa de sus territorios, centrados en marcos jurídicos internacionales como la consulta previa en el caso de los pueblos indígenas y el plan de acción del decenio afrodescendiente. Esto, sumado a la acción articulada de grupos religiosos progresistas que se ponen en frente de la defensa de los derechos humanos, a unas nuevas generaciones de jóvenes que con la motivación adecuada pueden ayudar a poner los desarrollos digitales al servicio de la democracia, y una sociedad civil vibrante y resiliente a pesar de la reducción del ambiente habilitante, y que da cuenta de un continente rico en gente que sigue dispuesta a luchar por la democracia.

Hay esperanza