El siguiente artículo está basado en el  informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de marzo 13 de 2020 hasta el 4 de mayo de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación, manifestación pacífica y libertad de expresión en Honduras desde las denuncias hechas por la sociedad civil en este país.

Las personas defensoras de derechos humanos siguien siendo víctimas de represiones y amenazas contra su vida por ejercer su labor y, desafortunadamente, las medidas tomadas por el gobierno hondureño para contrarrestar la pandemia del COVID-19 se han prestado para intensificar estos ataques. Lo anterior se evidencia con los hechos ocurridos el 17 de marzo, cuando la policía detuvo arbitrariamente a la defensora de derechos humanos Aleyda Huete, quien se encontraba en su casa, y la llevó a las oficinas de la Dirección de Investigación de la Policía en el departamento de Choluteca. Tiempo después, el juez ordenó su liberación bajo una fianza de 30.000 lempiras y con medidas sustitutivas por “posesión ilegal de un arma casera” y “almacenamiento de artefactos explosivos en detrimento de la seguridad interna del Estado de Honduras”.

Huete es una conocida defensora de derechos humanos que ha denunciado en repetidas ocasiones la arbitrariedad y las violaciones cometidas por el gobierno actual, lo que ha provocado varios ataques, persecuciones y redadas en su domicilio. El mencionado ataque tuvo lugar en un contexto de suspensión de garantías constitucionales con la excusa del COVID-19. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil que denuncian este acto recuerdan que, según la ONU, los Estados no pueden utilizar los planes de emergencia contra el coronavirus para violentar los derechos humanos, reprimir la disidencia o silenciar el trabajo de los defensores y defensoras.

Por otra parte, El 24 de marzo la policía detuvo arbitrariamente a Evelyn Johana, miembro de la Red Nacional de Defensores de los Derechos Humanos en Honduras, cuando estaba de regreso con su esposo y su hija de comprar comida. Un oficial de policía la interceptó, registró su bolso, y comenzó a reprocharle por estar en la calle durante la emergencia de la pandemia. Luego llegó otro policía y procedió a detener de manera arbitraria a Evelyn en medio de empujones y forcejeos. Al darse cuenta de que la hija de la defensora había grabado lo que le había sucedido con su teléfono celular la policía formateó el celular para así poder borrar la documentación de la agresión por parte de los agentes. Evelyn Castillo estuvo detenida hasta el día siguiente. La defensora de los derechos humanos alegó que esto sucedió en represalia por parte de la oficial que la arrestó debido a que  unos días antes habían tenido un conflicto porque Evelyn defendió a una vendedora en el parque que la policía estaba tratando de desalojar a pesar de que estaba autorizada para hacer sus ventas.

Por último, desafortunadamente se reportó el asesinato de una defensora. El 2 de abril agentes de seguridad de La Grecia, compañía azucarera, asesinaron a Iris Argentina Álvarez. El incidente ocurrió durante un desalojo violento e ilegal en Marcovia, Choluteca. Los testigos afirmaron que elementos policiales permanecieron en el área cuando los agresores abrieron fuego contra varias familias con niños. La policía no hizo nada para detener la violencia que acabó con la vida de la defensora y que dejó a dos personas heridas, incluida una menor de edad. Las organizaciones de la sociedad civil exigen una investigación seria y responsable sobre el asesinato de Iris Argentina Álvarez y el castigo de los responsables.

En cuanto a la situación del derecho a la protesta pacífica en este país,  la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,  hizo una alerta en su último informe debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares durante las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en 2019 y que fueron promovidas por el sector de la educación y la salud en varias ciudades de Honduras. Estas acciones violentas resultaron en muertes, arrestos y lesiones. Las organizaciones de la sociedad civil también rechazaron y denunciaron los discursos de algunos funcionarios del gobierno que estigmatizaron la protesta social definiéndola como vandalismo.

En ese mismo informe, la Relatoría Especial para la Libertad y Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la persistencia de altos niveles de violencia contra periodistas y la impunidad en la mayoría de los casos sigue siendo un problema grave para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión. De acuerdo a las cifras entregadas, durante 2019 se denunciaron al menos seis asesinatos de comunicadores que podrían estar relacionados con su quehacer periodístico. Además, cabe resalta que muchos comunicadores abandonaron el país después de las amenazas.

El uso continuo del derecho penal para castigar a los periodistas es un tema de especial preocupación. El 3 de mayo múltiples organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la entrada en vigor del nuevo Código Penal que restringe la labor de los medios, el derecho a la información y la libertad de expresión. El presidente de la Asociación Hondureña de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, indicó que los periodistas hondureños enfrentan una serie de desafíos, amenazas y uno de ellos es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que establece penas para los delitos contra el honor que han sido utilizados por años para criminalizar a periodistas. Rodríguez también cuestionó las redes nacionales de radio y televisión que en medio de la emergencia por la pandemia han optado por monopolizar la información acerca de la COVID-19.