El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de 5 de marzo de 2020 hasta el 18 de marzo de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación, manifestación pacífica y de expresión en Nicaragua desde las denuncias hechas por la sociedad civil en este país.

Mujeres defensoras de derechos humanos están siendo las principales víctimas de represión por parte de las fuerzas policiales. Como evidencia de esto se encuentra el caso de Irma Centeno, defensora y líderesa de la comunidad LGBTIQ+, quien el 11 de marzo la policía nicaragüense detuvo arbitrariamente mientras esta se encontraba en la calle.  Centeno fue dirigida a una estación de policía donde agentes de sexo masculino procedieron a golpearla en las costillas y las piernas mientras la interrogaban y usaban frases amenazantes e intimidantes como “Estamos vigilándola”. Irma fue liberada el jueves 12 de marzo. Cabe señalar que Centeno pasó 75 días detenida después de haber sido detenida ilegalmente el 16 de julio de 2018 y culpada por el falso delito de  “conspiración para cometer terrorismo”. Esta agresión demuestra la intensificación de los asedios, la vigilancia y la represión contra activistas, organizaciones y defensores de los derechos humanos en Nicaragua.

A lo anterior,  se le suma el caso de la defensora Johana Ocón, miembro de la Asociación de la Ley Xochilt. Ocón fue víctima de constantes amenazas provenientes de integrantes de la policía. La lideresa también denunció que durante el 7 y el 10 de marzo policías antidisturbios fuertemente armados llevaron a cabo vigilancia y asediaron su casa, afectando su derecho a la libertad de movimiento y de trabajo. Ocón estaba a cargo de coordinar diversas actividades comunitarias con mujeres que acompañaban a su asociación y tenía el objetivo de poderlas desarrollar durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este ataque hace parte de la estrategia del gobierno de Ortega para reprimir en todo el país el derecho de las mujeres nicaragüenses a marchar, demostrar y ejercer su libre expresión, otra muestra de esta estrategia sucedió durante las protestas del 8 de marzo, en las que participaron las mujeres nicaragüenses, algunas de estas protestas fueron reprimidas por la policía cuando un grupo de mujeres intentaron realizar una protesta frente a la organización feminista La Corriente. En otros puntos de la ciudad, la policía antidisturbios hizo una fuerte presencia en manifestaciones pacíficas con el fin de intimidar a las manifestantes y evitar que se desplazaran a lo largo de la ciudad de Managua.

Por otra parte, ser periodista en Nicaragua es una profesión de alto riesgo. De acuerdo al informe realizado por Freedom House “Freedom in the Wolrd 2020”, Nicaragua fue calificada como una nación “no libre” debido a que en el país centroamericano las personas que trabajan en los medios de comunicación viven a diario una brutal represión, además son víctimas de detenciones arbitrarias y de constantes violaciones a la libertad de prensa.

Lo anterior ha generado un alto riesgo para los y las periodistas que intentan cubrir la crisis sociopolítica en este país. Un caso de violencia contra un periodista se presentó el 3 de marzo, cuando seguidores de Daniel Ortega golpearon y robaron al periodista nicaragüense Hans Lawrence Ramírez mientras cubría el funeral del poeta Ernesto Cardenal. Como consecuencia de los múltiples golpes recibidos el periodista nicaragüense resultó con una insuficiencia renal aguda en uno de sus riñones y tuvo que ser hospitalizado. Lawrence Ramírez explicó que fue golpeado y pateado en todas las partes de su cuerpo, pero trató de proteger su cabeza debido a que sufre de epilepsia y cualquier golpe en su cabeza podría agravar de su condición, aun así  los golpes en la espalda fueron tan fuertes que generaron un cuadro clínico en los riñones del comunicador.

El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha ayudado a que la información pueda ser difundida y así evadir las censuras impuestas por el régimen orteguista. A pesar de esto durante la segunda semana de marzo,  las plataformas digitales donde transmitían los canales de 100 Noticias Nicaragua y 100% Noticias, fueron censuradas, ya que personas cercanas a Daniel Ortega denunciaron por razones de derechos de autor a estos canales en YouTube hasta que fueron cerrados. Cabe resaltar que estos canales ya habían sido cerrados y su director, Miguel Mora, y la subdirectora, Lucía Pineda, fueron encarcelados en el 2018.  Ante estas medidas represivas del gobierno, los directores de estos medios optaron por abrir canales en Youtube y transmitir información en plataformas digitales para evadir la censura. El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su preocupación y sorpresa por la creatividad del gobierno de Ortega para silenciar el periodismo independiente.