Mientras se querían manifestar para exigir la liberación de los presos políticos, los nicaragüenes fueron reprimidos por policías y antimotines. LA PRENSA/Uriel Molina

Nicaragua está desde hace casi un año en una crisis profunda a la que la comunidad internacional y la misma sociedad civil de la región no le ha prestado la atención que se merecen. Hemos sido pocas la voces que han estado monitoreando y alertando sobre la violencia política de la cual es víctima día a día su ciudadanía. La agenda informativa ha estado copada por Venezuela, país en el que las personas también están librando una lucha frontal contra el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos de parte de gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Sin embargo, como defensores y defensoras de las libertades no podemos supeditar la visibilización de unas luchas por otras.

El pasado sábado 16 de marzo régimen autoritario de Ortega no sólo reprimió la protesta social, una vez más como siempre, sino que esta vez la fuerza pública nicaragüense fue más allá y arrestó más de un centenar de personas, entre ellas menores de edad, que estaban apostadas en las calles del país.

La situación actual de Nicaragua no da más, los derechos humanos son sistemáticamente violados y el gobierno está recorriendo idénticos caminos de represión que los de Maduro en Venezuela, sino es que peores.

Desde REDLAD instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar la Carta Democrática Interamericana y a contemplar las sanciones debidas de parte los países miembros de dicho organismo. También solicitamos a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) a tomar las decisiones necesarias para intervenir en la situación de violencia política que vive el país y, sobre todo, a garantizar el derecho a la migración y refugio de los nicaragüenses que están huyendo.

Como plataforma de organizaciones defensoras de los derechos humanos expresamos nuestro más profundo rechazo al accionar del gobierno Ortega y nos solidarizamos con la sociedad civil, organizaciones y activistas que están siendo perseguidos por ser críticos del régimen.