Foto: AFP RODRIGO ARANGUA

Por: activista nicaragüense* 

En el segundo país mas pobre de la región después de Haití hay una normalidad tensa, con la oposición criminalizada y pocos prospectos de que las cosas mejoren.

Nicaragua cumplió once meses en crisis este 18 de marzo. Una crisis provocada por la violencia asesina a la cual recurrió el régimen sandinista. Daniel Ortega, el guerrillero que ahora es Presidente y que de joven fue preso político, hoy tiene a más de 700 personas en las cárceles, arrestadas durante hechos de protesta. A muchas de ellas las acusan de lo mismo que lo acusaron a él alguna vez: terrorismo. Éstas se salvaron de las balas que mataron a más de 300 en durante 2018, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el mes de octubre de 2018, no ha habido demostraciones de fuerza opositora en las calles. Lo que sí ha habido es una militarización de puntos donde podrían concentrarse personas a protestar. El gobierno aprovechó el mes de diciembre pasado y sus fiestas tradicionales para que las personas se distrajeran.

Al iniciar el año, sin escenarios de una condición económica positiva, el gobierno anunció una reforma fiscal y en el sistema de seguridad social debido a la falta de recursos líquidos para seguir pagando el fiel aparato estatal de 160 mil personas. Este ha sido el cobro final a los bolsillos de los nicaragüenses, con mas de 300 mil empleos formales perdidos desde el inicio de la crisis. Ahora incluso los productos de consumo básico, que estaban exentos, pagarían impuestos, afectando a todos pero sobre todo más a los pobres.

Aunque el gobierno insista en que todo “está normal” y al mismo tiempo llama a una mesa de diálogo con sectores representativos de la sociedad, hay mucha gente yéndose a Estados Unidos, Costa Rica u otros países vecinos para poder proveer comida en el plato de sus familiares. También hay estudiantes que se fueron “porque los tenían en una lista” o porque un sandinista los amenazó.

No obstante, el único resultado de dicha mesa ha sido el cambio del régimen penitenciario de 150 personas. Pasaron de estar prisioneros en la cárcel a estar prisioneros en sus casas. Si bien no hay negociaciones fáciles, el gobierno de Ortega también ha demostrado que puede, cuando quiera, quitarle legitimidad. Es por esto que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Episcopal rechazan formar parte del proceso si se mantienen presos políticos. Quien ha decidido mediar, a pesar de todas las críticas, es el nuncio apostólico de Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.

El pasado sábado 16 de marzo la ciudad fue militarizada por completo, ante la convocatoria de la Unidad opositora a una marcha en el centro de Managua, la cual no logró darse por los casi 170 arrestos que ocurrieron durante la jornada. Dichos arrestos fueron vistos como un acto más de resistencia ciudadana y tuvieron que ser liberados unas horas más tarde debido a la presión mediática, ciudadana y de sectores de la sociedad civil tanto al interior del país como por fuera.

La realidad es que las demandas ciudadanas, hoy por hoy,  han evolucionado y se mantienen: libertad para los presos políticos, justicia real y efectiva, garantías de no repetición y una reforma electoral integral con elecciones adelantadas.

*Decidimos no revelar el nombre de la persona que escribió este texto por su seguridad.