Organizaciones internacionales defensoras de DDHH, el Coordinador Residente de Naciones Unidas, el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la Conferencia Episcopal Argentina han manifestado preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial durante manifestaciones en la provincia argentina de Formosa, relacionadas con las medidas tomadas por el Gobernador en el contexto de pandemia. En esta provincia ya ha habido denuncias por impedir el regreso a sus residentes desde el inicio de la emergencia sanitaria y por las condiciones de aislamiento en los centros oficiales de atención sanitaria.

Según información oficial se han mantenido alojadas en los centros de aislamiento, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS), un total de 3094 personas, pero solo hay 622 casos de COVID-19 activos en toda la provincia.

Conforme lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las autoridades pueden imponer cuarentenas obligatorias en situaciones de emergencia de salud pública; sin embargo, las cuarentenas bajo custodia del Estado representan en la práctica la privación de la libertad de una persona, por lo tanto, su utilización se permite únicamente para lograr un objetivo legítimo, deben llevarse a cabo de conformidad con la ley y ajustarse al principio de proporcionalidad, no aplicarse de manera arbitraria ni discriminatoria, tener duración limitada, ser respetuosas con la dignidad humana y estar sujetas a revisión.

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que es indispensable que toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias cuente con un enfoque de derechos humanos y deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad.

Según se ha podido saber por testimonios de damnificados y periodistas, las fuerzas de seguridad trasladan compulsivamente a las personas a los CAS, donde son custodiados las 24 horas por personal policial mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día. Los centros que están localizados en escuelas o estadios no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el agravante que personas con COVID-19 positivo estarían recluidas con personas que no tienen COVID-19, exponiéndolas al contagio; tampoco se les brindaría información de su situación y se practicarían hisopados sin consentimiento.

La duración de las cuarentenas excede los 14 días y no se brinda información sobre el tiempo de permanencia en los centros, a donde las personas son obligadas a permanecer sin su consentimiento. Asimismo, se obliga a permanecer en los centros a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares.

Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que debieron atravesar las personas impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional y se encontraron varadas al costado de rutas y caminos durante meses. En el mes de octubre de 2020, el número de personas impedidas de regresar a sus hogares en la provincia ascendía a 8.000.

El viernes pasado, un gran número de manifestantes tomaron las calles de la capital provincial para protestar por las nuevas medidas anunciadas que devuelven a la provincia a la fase de cierre que tuvo el país a principio de la pandemia. La movilización fue reprimida por la policía mediante el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, mientras que periodistas y fotógrafos fueron detenidos, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo de reportería de los hechos. Los derechos a la manifestación pacífica, la libertad de prensa y de expresión se han visto afectados.

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), como plataforma regional de alrededor de 300 organizaciones, activistas y líderes que defiende los derechos humanos y promueve los principios democráticos fundamentales:

• Manifiesta su preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial durante manifestaciones en Formosa el 5 de marzo del corriente, luego de la decisión de volver a fase 1 en la capital provincial por el aumento de casos de COVID19.
• Reclama a las autoridades provinciales que todas sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 estén ajustadas al respeto por los derechos humanos.
• Exhorta a las autoridades formoseñas que den prioridad a las campañas de prevención de la COVID-19, medidas de cuarentena voluntaria, y eviten someter a las personas a cuarentenas controladas por el Estado a menos que esta medida sea estrictamente necesaria y proporcionada, y únicamente cuando no se pueda alcanzar el fin de proteger la salud pública por otros medios.
• Hace un llamado al Estado argentino a respetar el derecho a la protesta, recordando que el uso de la fuerza es el último recurso, justificado bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.