Foto: CNN en Español

Por solicitud del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado con 75 votos a favor la cancelación de la personería jurídica de varias universidades y organizaciones sociales, muchas de ellas ligadas a la comunidades religiosas y la misma Iglesia Católica y otras que han sido el bastión de la crítica y oposición a las arbitrariedades de la dictadura.

Esta decisión del legislativo, controlado por el gobierno, se enmarca dentro de las acciones sistemáticas y planeadas del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo que busca acallar a las voces críticas de la sociedad civil y a la oposición política. Situación de represión que como Redlad venimos denunciando desde hace varios años, sobre todo desde la crisis de 2018. Por eso en 2021 publicamos cinco ALERTAS más:

1. La democracia y la libertad de prensa atacada (21 de mayo)
2. Régimen de Ortega ordena detención de opositores (2 de junio)
3. La dictadura de Ortega continúa atacando a la sociedad civil (23 de agosto)
4. Gobierno de Ortega detiene a representantes gremiales (22 de octubre)
5. Represión en la jornada electoral (7 de noviembre)

Las universidades y organizaciones afectadas por la decisión arbitraria del legislativo son: Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, Universidad Politécnica de Nicaragua  UPOLI, Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de colegios parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí, Familia Padre Fabretto, Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, Fundación Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí, Asociación de fomento creación de Graduados, Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH) y cuyo rector es Fanor Avendaño Soza, Asociación Popular Nicaragüense (UPONIC) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).

Estas organizaciones y universidades se suman a las más de 81 que desde el 2018 el gobierno ha perseguido y cancelado sus personerías jurídicas. 

Por lo anterior, desde Redlad:

• Alertamos a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), sobre esta situación que viola los tratados y compromisos internacionales de Nicaragua en pro de los derechos humanos, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
• Nos solidarizamos con todas las organizaciones, universidades y personas que están siendo perseguidas por el régimen de Daniel Ortega.
• Exigimos al gobierno nicaragüense garantías para que la sociedad civil ejerza plenamente sus derechos y libertades fundamentales en pro de un espacio cívico democrático.