El sistema democrático en América Latina y el Caribe transita tiempos que algunos juzgan como extraños y hasta contradictorios. Algo sucede. En dos décadas intensas de este siglo la insatisfacción recorre caminos inusitados de transformación y de movilización social que rara vez vimos tan marcados durante la bipolaridad de la Guerra Fría.
Hoy, nuestra región es un cúmulo de apuestas políticas, unas aventureras, otras, inacabadas que todavía cuajan decantadas luego de años de silencio y hasta de represión. También es escenario de ensayos que recuerdan oscuros años de autoritarismos en el pasado siglo que creímos vencidos. No importa el color político, hoy nuestro continente es un campo de tensiones que comprometen derechos humanos y libertades individuales a los que estamos obligados a respetar, atender y entender. Su espíritu común reivindica el deseo de ser tomados en cuenta en pluralidad de intereses.
La convulsión repasa país tras país. Regímenes como los de Nicaragua y Venezuela, que alguna vez fueron bien ponderados y gozaron de alto respaldo popular, hoy el autoritarismo enmascarado como lucha de clases antimperialista los degrada a una mímesis de lo que alguna vez prometieron combatir: represión política y corrupción sistemática. Asimismo, Haití vive sumida en una crisis profunda y estructural que llevará años repararla, si es que alguna vez empieza la recuperación de sus instituciones y su democracia. Mientras tanto, El Salvador cuenta con un gobierno que ha osado cruzar los límites del Estado de Derecho con las credenciales que las mismas reglas de la democracia han otorgado. Perú ya es paradigmático. En seis años ha tenido cinco presidentes, sólo dos de ellos elegidos democráticamente, y todos los días su institucionalidad está en jaque, así como la credibilidad de su clase dirigente.
Estas graves situaciones ocurren mientras en la ciudadanía crece el descontento general por el sistema político. Según la última medición bienal del Latinobarómetro en 2020, sólo el 55,2% de las personas en nuestra región apoya la democracia. Si bien es una mayoría simple, ésta viene decreciendo. Iniciado el siglo XXI el apoyo llegaba casi al 70%. Mientras, el 29.8% reacciona con indiferencia a si es gobernada por un régimen autoritario o democrático. Casi una tercera parte de la ciudadanía no se encuentra interpelada lo suficiente por el tipo de sistema político en el que vive.
¿Qué ha pasado durante estos 20 años para que haya crecido tanto la indiferencia? Sin lugar a dudas este clima de descontento e indiferencia favorece más a proyectos políticos mesiánicos de tintes autoritarios que calan en una ciudadanía dependiente que busca salvación más allá de ella misma. Dan un campanazo de alerta para los movimientos democráticos de la sociedad civil como de la clase dirigente.
Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) compartimos intuiciones y conclusiones y, sobre todo, el afán de invitarles a que no bajemos la guardia cuando se trata de defender los derechos humanos y el espacio cívico.
Para empezar, debiéramos cuestionarnos por qué se está dejando de responder a la democracia, y qué insatisfacciones no están siendo atendidas.
Los gobiernos dejan atrás la etapa de contracción de los años 90s. Avanzan rebosantes en este siglo. Emerge con claridad la insuficiencia de la experiencia del líder latinoamericano para gobernar. Mientras que las ciencias caminan a paso redoblado, el gobernar repite mismas ineficacias de un aparato obsoleto, gobierno tras gobierno.
Una cultura política emotiva y muy de nuestros países lleva al ciudadano a votar influido por un afecto que mantiene secuestrada a la razón.
Las condiciones mínimas y fundamentales que entrega una cultura política sólida en dirigentes y ciudadanos que soporte una democracia robusta, no están del todo dadas a lo largo de la región. Desafortunadamente, en una buena parte de los países de América Latina y el Caribe los Estados y sus instituciones están cooptadas por capillas de poder a espaldas. Estas priorizan las demandas del político antes que la de una ciudadanía. Esa es la primera causa de desconfianza y la falta de apoyo en el sistema que muestra el Latinobarómetro de 2020.
Urge que los tres órganos del poder público tomen en serio este problema de desvinculación e incredibilidad. Necesitan hacer valer las garantías fundamentales para una democracia que están consignadas en sus respectivas Constituciones y en otras normativas internacionales adoptadas por los Estados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana; sólo por mencionar algunas guías existentes que nos recuerdan el camino correcto por el que debemos transitar si queremos garantizar las libertades de todos, así como la pluralidad social. Pero también, importa entender que la sostenibilidad va más allá de la normativa; pasa por la creación de aquella cultura democrática donde necesitamos comprometer a todas las instituciones educativas y medios.
También existe un déficit de ciudadanía manifestado en un desánimo en la participación ciudadana en la construcción y fortalecimiento de los procesos democráticos. Los electores se restringen en depositar un voto cada período para elegir gobierno. La ciudadanía permanente exige involucrarnos en los procesos de veeduría, control social, de informarse y juzgar, y en el activismo sobre temas del gobernar junto a organizaciones de la sociedad civil y política. O de manera más acotada, en lo que pasa en sus barrios y localidades; también en cargos públicos o de elección popular. La política es una herramienta para incentivar cambios y no sólo se ejerce en las instituciones oficiales.
Si logramos que esta idea movilice y permee en todos, estaremos haciendo cada vez más difícil la influencia de una cultura de la corrupción de quienes aprovechan el desinterés y poca participación de la mayoría buena en asuntos públicos para cooptar el Estado.
Existe un sistema económico capaz de mejorar índices como el PIB y posibilita la inversión. Mas, no se traduce en bienestar social para una inmensa mayoría de la población. Esto se hizo más patente durante la pandemia del COVID-19. Es fundamental cerrar brechas sociales, y acabar con monopolios y oligopolios.
Observamos una crisis de representación en el sistema de partidos políticos, brazo de la democracia. Los políticos solazados en el financiamiento público no están prestando la suficiente atención y se les ve confundidos en la era digital. Es imperativo adelantar reformas estructurales que si bien ayuden a fortalecerlos también den la oportunidad a otro tipo de representaciones. Las demandas de la ciudadanía y sus soluciones exceden las capacidades tradicionales de tramitar el malestar actual de la gente.
Ante el cinismo del “robó, pero hizo”, el cáncer sistémico de la corrupción se ha apoderado del Estado, mediatizando la garantía de derechos haciéndola cada vez más compleja y a veces imposible. Necesitamos involucrar a la sociedad civil, sus organizaciones y al sector privado en la lucha contra este fenómeno que carcome nuestras instituciones y a la democracia misma. Tenemos todos la obligación moral de hacer una lucha frontal para encontrar la terapia y vacuna efectiva contra la pandemia de la corrupción.
Las soluciones a este problema estructural, y a otros, exceden los esfuerzos que se hacen sólo desde la institucionalidad. Lo hemos dicho, es también un problema de falta de cultura ciudadana democrática que permea a la sociedad en todos sus sectores. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que ser mancomunados: desde las casas, las escuelas, las universidades, hasta las oficinas y las empresas; todos y todas en un diálogo incluyente, constructivo y permanente.
El cambio climático y la crisis ambiental es un tema central de muchas organizaciones sociales y ciudadanas, pero no está siendo lo suficientemente incorporado en las agendas gubernamentales.
América Latina y el Caribe es, hoy por hoy, territorio hostil para cualquier defensor de los derechos humanos. Hoy, en el Día Internacional de la Democracia, justo en el mismo año donde han acontecido procesos de cambio político y electoral, les decimos desde RedLad que las cosas no van a cambiar apostando por soluciones facilistas y recetas populistas y demagógicas que prometen cambios instantáneos. La instauración de una cultura que sustente la democracia exige esfuerzos a largo plazo más profundos, sostenidos y constantes. También exige ejercicios más allá del voto y de las mismas protestas y movilizaciones. Estas últimas, que deben evitar el perjuicio a terceros, son más que necesarias y las celebramos cada vez que ocurren porque son muestra de una ciudadanía vibrante y activa, pero los tiempos de hoy y la misma democracia nos exigen ir más allá de la indignación y las vías de hecho.
Tenemos que entender y actuar con inteligencia colectiva, empatía y, sobre todo, con la estrategia como herramienta del líder asertivo. Obtener resultados demanda esfuerzos plurales y multisectoriales. Esto es: comprender que es fundamental tender puentes con otros sectores que, aunque no estén dentro de las luchas de sociedad civil pueden ser catalizadores o aliados.
Por último, un llamado al respeto por la pluralidad de pensamiento y a la diversidad humana como condiciones básicas para que los signos vitales de la democracia mejoren. Escuchemos los reclamos por desigualdades de algunos países a pesar que sus regímenes permanezcan en cuidados intensivos. Aferrémonos a nuestras convicciones, claro que sí, pero respetemos la opinión distinta, sin descalificaciones. Vivamos en democracia, pero una plena; construyendo puentes, logrando consensos, en función de una visión compartida del principio de libertad y una prosperidad extendida, hacia la paz social.
ENRIQUE A. DE OBARRIO
Coordinador General
Red Latinoamericana y del Caribe
para la Democracia (RedLad)
