El pasado 20 de agosto la ciudadanía guatemalteca, en pleno uso de sus facultades como constituyente primario y mediante las vías democráticas de la elección popular, votó masivamente por un cambio que permitiera poner fin a la cooptación del Estado guatemalteco por el ‘pacto de corruptos’. Sin embargo, éste ha tratado por todos los medios de mantener el status quo de corrupción y manipulación de las instituciones. No sólo trató de impedir la realización de elecciones libres, sino que ahora quiere violentar la decisión popular que eligió a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semillas, como presidente del país.
El Ministerio Público, en cabeza de la Fiscal General, María Consuelo Porras, allanó por quinta vez las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para decomisar las actas de las votaciones generales celebradas en los pasados meses de junio y agosto. Esto a pesar de que el TSE ya había oficializado los resultados de la segunda vuelta presidencial siguiendo los procedimientos legales.
Este nuevo acto de amenaza a la estabilidad democrática del país ha sido calificado como un “intento por socavar el proceso democrático” por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, y como “una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios (… que) no tiene precedentes en las observaciones electorales de las últimas décadas y constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”, por parte de la Misión de Observación Electoral de la OEA.
Por lo tanto, la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, Redlad:
• Hace un llamado a la Organización de Estados Americanos para que aplique la Carta Democrática en Guatemala.
• Exhorta a la comunidad internacional, a rodear al pueblo guatemalteco para defender su soberanía primaria, y garantizar no sólo que la dupla Arévalo-Herrera pueda empezar su gobierno el 14 de enero próximo, y además esté libre de injerencias indebidas, amenazas o persecuciones ilegales.
• Exige a las entidades gubernamentales que garanticen el derecho a la resistencia y protesta de la ciudadanía guatemalteca que saldrá a las calles en los próximos días para denunciar el atropello a su decisión electoral.
• Se une a los llamados ciudadanos, de la sociedad civil, y diversos actores sociales y políticos guatemaltecos, para exigir la renuncia inmediata de la Fiscal General, María Consuelo Porras y otros protagonistas del proceso desestabilizador de tinte autoritario como Rafael Curruchiche y Fredy Orrellana.
