La voluntad política de la ciudadanía guatemalteca se vio expresada en las urnas el pasado 25 de junio, cuando se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Según los resultados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo de León irían a segunda vuelta.

Diversas misiones de observación electoral nacionales e internacionales indicaron luego de los comicios que la jornada había transcurrido en orden y los resultados eran válidos. Sin embargo, la siguiente semana, última de Junio, diversas fuerzas políticas perdedoras en la contienda, interpusieron acciones legales para desconocer los resultados, alegando inconformidades en la sumatoria de las actas.

El 1 de julio la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral a no avalar los resultados de las elecciones, en lo que varios actores han denominado un esfuerzo por “crear las condiciones para un golpe electoral, que es equivalente a un golpe de Estado”.

Antes de la primera vuelta, Redlad había emitido otra alerta por la inhabilitación de varias personas candidatas que les impidió presentarse a los comicios de junio.

Por lo anterior, desde Redlad:

• Reiteramos nuestro rechazo a cualquier injerencia indebida que busque obstaculizar el desarrollo libre y democrático de las elecciones presidenciales, además de cualquier intento por alterar el equilibrio de poderes.
• Exigimos que las disputas sobre posibles inconformidades en el proceso electoral sean resueltas siguiendo los procedimientos y tiempos legalmente establecidos.
• Llamamos al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional a que realicen su trabajo de forma independiente, garantizando que la decisión ciudadana sea respetada.
• La comunidad Internacional, incluyendo la Comunidad de las Democracias, debe exigir al gobierno el respeto a la voluntad popular, a la separación de poderes, y el cumplimiento de la normativa electoral.