Foto: EFE / Mauricio Dueñas
Los últimos años han sido muy graves para las mujeres en nuestra región. A medida que avanzan los movimientos y la protesta social a lo largo y ancho del mundo por la reivindicación de sus derechos crecen las denuncias y los casos de abuso, acoso y violencia de género.
Asimismo, en el actual contexto de pandemia por el COVID-19 y la cuarentena obligatoria que muchos países han adoptado la situación se ha tornado más difícil para muchas de ellas. Según ONU Mujeres “la violencia contra las mujeres y las niñas es la más extendida violación de los derechos humanos en el mundo y afecta al menos a una de cada 3 mujeres. Este tipo de violencia se profundiza en situaciones de emergencia”.
A su vez el Banco Mundial advierte que “en una región donde una de cada tres mujeres ya está expuesta a la violencia de género, la capacidad de los servicios de respuesta —sobrepasada por la emergencia— limita la protección y el apoyo disponibles, algo que podría contribuir a una percepción más alta de impunidad entre los hombres:
- En Colombia, las llamadas a la línea de atención a víctimas de violencia doméstica aumentaron en un 91% desde que se impuso la cuarentena.
- En México, se incrementaron en un 36%.
- En Argentina, donde siete de cada 10 homicidios de mujeres y niñas tienen lugar en el hogar, las llamadas de emergencia por violencia doméstica aumentaron en un 25%.
- Y en Bolivia, la ciudad de Santa Cruz informó el mayor número de casos de violencia doméstica y covid-19. Junto a Paraguay, Bolivia también muestra la mayor tasa de homicidios de mujeres y niñas en Sudamérica.”
- En Ecuador, desde el 12 de marzo hasta el 5 de junio, el ECU–911 ha recibido 22.836 llamadas por violencia intrafamiliar, un promedio de 278 llamadas diarias. Se registra un femicidio cada 71 horas, y 17 femicidios cometidos a marzo 2020.
Situaciones de emergencia como la de la pandemia han sido aprovechada por muchos gobiernos para decretar estados de excepción, en los cuales la violencia no sólo viene de miembros de las familias sino también de las instituciones estatales, como el Ejército y la Polícia. Sobre esto último, en Colombia durante los últimos días han surgido denuncias de miembros de la fuerza pública que han violado a mujeres y a niñas. Los casos más recientes son, por un lado, el de una niña indígena de la etnia Embera y de 14 años violada por siete soldados en un poblado de la región de Risaralda y otro caso, reconocido por el mismo Ejército, en las últimas horas de otra niña indígena de 15 en el Guaviare.
Esto debe prender las alarmas de toda la sociedad civil porque la violencia de género no es un asunto privado, sino público sobre todo si viene de miembros de instituciones estatales.
Por lo anterior, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):
- Solicita a los gobiernos y autoridades competentes de todos los Estados de las Américas aplicar protocolos de seguridad durante las movilizaciones sociales y protestas, que se presente durante la actual pandemia, con enfoque de derechos humanos y de género.
- Exhorta a que todas las medidas aplicadas por la contingencia del COVID-19, sobre todo en materia de salud, tengan en cuenta los anteriores enfoques.
- Demanda que los órganos judiciales de los Estados de las Américas, con total independencia, adelanten las investigaciones que involucren a miembros de la fuerza pública en casos de violencia de género, violaciones y abusos.