Foto: Gustavo Torrijos

Recientemente el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, tuvieron un nuevo enfrentamiento que en últimas golpea la autonomía e independencia de las instituciones públicas en el país.

Desde la Red Latinoamericana y de Caribe por la Democracia (Redlad) nos sumamos al rechazo de cualquier hecho que pueda socavar la independencia de la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha aclarado que el Fiscal no tiene superior jerárquico y tiene investidura de magistrado; la Corte hizo entonces un llamado de atención al Presidente de la República por sus declaraciones públicas en las que asume que él es el superior directo del Fiscal.

Por otro lado, es preocupante que el Fiscal General, Francisco Barbosa, no esté cumpliendo con sus obligaciones respecto de la solicitudes del presidente, que si bien no es su superior, sí tiene la potestad de instar al Fiscal sobre ciertas investigaciones de interés para la política criminal del país y de pedir información sobre ciertos casos. La celeridad, transparencia, honestidad e independencia del trabajo de la Fiscalía redunda en una mejora en la aplicación de justicia en el país.

Por lo anterior, desde Redlad:

• Solicitamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a respetar la autonomía e independencia de los demás poderes públicos, en especial el del Poder Judicial, lo cual es un principio democrático y constitucional del país y muy acorde con otros compromisos interamericanos e internacionales.
• Instamos al Fiscal General, Francisco Barbosa, a cumplir con sus deberes y obligaciones legales en materia de cooperación y relacionamiento con la Presidencia.
• Exhortamos a ambos funcionarios a no usar sus cargos para polarizar y politizar en extremo casos de interés nacional, como lo es la seguridad, la convivencia y la consecución de la paz. Por lo tanto, llamamos a la prudencia y responsabilidad pública.

La ciudadanía colombiana merece que tanto el ejecutivo como la Fiscalía General cumplan sus funciones de tal forma que las instituciones públicas no sean botines electorales y en detrimento de los derechos humanos de las personas.