Foto: EFE – Ernesto Guzmán

La última semana ha sido trágica para Colombia. Diversos hechos violentos enlutan a varias regiones del país que, a cuatro años de haber firmado un Acuerdo de Paz con las FARC y dos años después de iniciado el gobierno de Iván Duque, no encuentra sosiego ni soluciones estructurales a la violencia política pese a que durante algunos años del gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos hubo años de disminución.

Los hechos recientes nos hablan de dos niños asesinados cuando iban de camino a su colegio, en zona rural del municipio de Leiva, entre los departamentos de Cauca y Nariño. Cristián Caicedo y Maicol Ibarra tenían 12 y 17 años respectivamente y fueron víctimas, todo parece indicar, de grupos paramilitares que acechan la zona. 

Por otro lado, la noche del martes 11 de agosto de agosto se presenta otro hecho de profunda gravedad contra menores de edad en Cali, la tercera ciudad del país. Según medios locales los menores asesinados fueron Jair Andrés Cortés (14 años), Jean Paul Cruz (16 años), Luis Hernando Preciado (14 años), Arturo Montenegro (13 años) y Leider Hurtado (14 años); todos pertenecientes a la comunidad afro. Los familiares de los niños asesinados exigen que se investigue a varios policías del sector ya que se evidencia una negligencia deliberada y desprotección del lugar horas antes del asesinato. 

Días después de ese hecho, también en zona rural del municipio de Corinto, también en el Cauca, se denuncia el asesinato del periodista Abelardo Liz, reportero de la emisora indígena Nación Nasa en el municipio de Corinto. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia afirma que “el 13 de agosto, el comunicador indígena recibió impactos de bala en el pecho y en el abdomen mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. El ataque se presentó en medio del operativo que adelantaba el Ejército Nacional para desalojar a las comunidades indígenas de las haciendas Granadita y Gracia Arriba. Dos personas más de la comunidad resultaron heridas”. 

Finalmente, el último hecho de violencia repudiable se dio en la noche del sábado 15 de agosto al sur del país, en Samaniego, Nariño, cuando ocho jóvenes fueron asesinados. Las víctimas departían en una casa, cuando aparecieron hombres armados y las atacaron. Óscar Andrés Obando Betancourt, estudiante de 27 años; Laura Michel Melo Riscos, estudiante de medicina de 19 años; Jhon Sebastián Quintero Cortés, estudiante de 24 años; Byron Patiño; Daniel Vargas Juradó, de 22 años; Rubén Darío Ibarra Andrade, y Campo Elías Benavides Erazo. Presuntamente habría otra víctima que no ha podido ser reconocida. 

Todo lo anterior es la muestra fehaciente de una inacción absoluta del Estado colombiano por proteger a su población, sobre todo en las zonas rurales más apartadas de las principales cabeceras urbanas. 

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):

• Solicitamos al gobierno colombiano de Iván Duque y a las autoridades que activen todos los protocolos y medidas de seguridad en las poblaciones más vulnerables del país. Hoy hay cientos de municipios que se encuentran a merced de grupos armados, ya sean disidencias de las guerrillas que no se acogieron al proceso de paz, grupos paramilitares, mafias organizadas e incluso agentes del Estado aliados con los anteriores. 
• Exhortamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vigilancia constante sobre las acciones del gobierno en materia de derechos y de protección de los mismos, así como a expresar solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia. 

Redlad está comprometida con la consecución de paz en Colombia y apoya cualquier acción desde la sociedad civil para construirla. La violencia política debe ser erradicada del país y del resto del continente y para ello se necesita el compromiso real de los Estados y sus gobiernos.