12 de noviembre de 2018

Nicaragua sigue en crisis política y la represión estatal contra la sociedad civil y sus ciudadanos se profundiza cada vez más.

Entre finales de noviembre y durante los primeros días de diciembre, la Asamblea Nacional ha decidido, de manera autoritaria, cancelar la personería jurídica de varias organizaciones sociales que han hecho importantes trabajos en el país y que han sido muy críticas del actual gobierno.

Entre dichas organizaciones, perseguidas por el régimen de Ortega y su partido, se encuentran el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Hagamos Democracia.

Lo anterior demuestra que no existen, por el momento, ánimos de diálogo democrático por parte del gobierno y sus aliados para superar la crisis actual y que, por el contrario, persisten las represalias políticas e institucionales por parte de la élite gobernante contra todo aquel que se atreva a criticarles.

Teniendo en cuenta dicha situación, desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD):

• Exigimos que tanto la Asamblea Nacional como las otras autoridades estatales de Nicaragua cesen su persecución a las organizaciones y activistas críticos del gobierno, y que restauren las personerías jurídicas que han sido canceladas.
• Insta al gobierno de Daniel Ortega a emprender un verdadero diálogo amplio y democrático con todos los sectores de la sociedad civil en pro del bienestar del país y sus habitantes.
• Solicita a la comunidad internacional, la instituciones multilaterales y a la sociedad civil de todos los países de América Latina a respaldar la labor que las organizaciones nicaragüenses han hecho por el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos.