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La crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el mundo y América Latina no sólo es de dimensiones sanitarias y humanitarias también lo es en términos políticos y sociales, puesto que las medidas que toman los gobiernos en sus países tienen efectos que impactan la vida de las ciudadanías en todas las esferas.
Uno de los primeros países en la región en tomar decisiones como la cuarentena y aislamiento preventivo fue El Salvador. El 14 de marzo la Asamblea aprobó el Estado de Emergencia y el Estado de Excepción que restringía por 15 días los derechos de reunión, libre tránsito y de cambio de domicilio, tres días después de que el Gobierno decretó la suspensión de clases y el cierre del aeropuerto.
Desde ese entonces ha habido hasta cuatro prórrogas de dicho Estado de Emergencia que no han estado exentas de intensos debates políticos en el seno del legislativo y en las calles, puesto que tanto la oposición como organizaciones de sociedad civil ha denunciado durante las últimas semanas cómo la fuerza policial salvadoreña han aprovechando las medidas de restricción a la movilidad para hacer detenciones arbitrarias a quienes, por ejemplo, violen la cuarentena.
El último pedido de prórroga que hizo el gobierno fue el viernes 14 de mayo a la cual la mayoría de la Asamblea se negó. Sin embargo, el gobierno e Nayib Bukele ha hecho oídos sordos y publicó un nuevo decreto en la noche del sábado 15.
El legislativo votó no a la prórroga, entre otras razones, porque el ejecutivo no ha sido lo suficientemente transparente con los gastos durante el Estado de Emergencia ni ha hecho pública su hoja de ruta para enfrentar la pandemia en el país. Esto sumado a que, días antes, el 12 de mayo renunciaron los cinco académicos y empresarios representantes de la sociedad civil al comité que auditaba los 2.000 millones de dólares con los que Bukele pretende enfrentar los impactos económicos causados por la pandemia.
La Fiscalía de El Salvador ha intervenido en el asunto y demandó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, como otros ciudadanos lo hicieron, el mencionado decreto presidencial porque los considera “un acto de usurpación de facultades”.
La Sala se ha pronunciado este lunes 16 de mayo suspendiendo el decreto presidencial y solicitando a los dos órganos, ejecutivo y legislativo, que se pongan de acuerdo para establecer un nuevo Estado de Emergencia ante la pandemia, a lo cual el gobierno de Bukele ha reaccionado poniendo en duda la decisión del Supremo.
Por lo anterior, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):
- Insta tanto al gobierno a respetar las decisiones de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa para que tramite en éste último, como lo manda la Constitución, un nuevo Estado de Emergencia con todas las garantías.
- Solicita al gobierno y a las instituciones del Estado salvadoreño a transparentar todas la información de interés público relacionadas con las medias y políticas aplicadas durante la pandemia y el Estado de Emergencia.
- Exhorta a la comunidad internacional y, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que insistan a El Salvador y a todos los gobiernos de la región a que las medidas que adopten en medio de la pandemia se circunscriban a la Carta Democrática y demás tratados internacionales.
Desde Redlad apoyamos todas las recomendaciones que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han hecho en materia de cuarentenas y aislamiento social, pero también tenemos la convicción de que es necesario el enfoque de derechos humanos y aplicar los principios del buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas en toda las medidas que se tomen frente al COVID-19.
