Guatemala sigue viviendo un ambiente de incertidumbre tras las elecciones del pasado 25 de junio. Como alertamos anteriormente, el 1 de julio la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a no avalar los resultados de las elecciones y a realizar una verificación de votos debido a que nueve partidos interpusieron denuncias legales y alegaron que hubo fraude. Esta decisión que para muchos actores fue vista como un golpe electoral, equivalente a un golpe de Estado.
Las juntas electorales acataron este fallo, con la presencia de diversas misiones de observación electoral nacionales e internacionales y el minucioso seguimiento por parte de la ciudadanía, el 7 de julio realizaron el reconteo de las actas de escrutinio de los comicios del 25 de junio, e informaron que si bien se presentaron algunas variaciones porcentuales, estas fueron mínimas y no influyeron en los resultados preliminares y confirmaron que tras esta verificación de votos, Bernardo Arévalo, líder progresista del Movimiento Semilla y Sandra Torres del partido de derecha Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), son los candidatos presidenciales que la ciudadanía guatemalteca ha elegido para disputar la segunda vuelta electoral el 20 de agosto.
El ambiente de zozobra, que se sumó a la crónica de una imposición y fraude que se inició con la falta de registro de movimiento sociales y deslegitimación de cualquier adversario. empezó a hacerse más grande debido a que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral no agilizaron la oficialización de los resultados electorales, a pesar de que la etapa de revisión de escrutinios ordenada por la Corte Constitucional ya había culminado. El 10 de julio, la Corte Suprema de Justicia, resolvió que el TSE cumplió con lo ordenado por la Corte Constitucional y por ende los resultados electorales podrían ser oficializados.
Fue hasta el 12 de Julio, que el TSE escuchó el llamado de urgencia hecho por parte de la ciudadanía, pero a pocas horas de que se oficializaran los resultados, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad dio a conocer que el juez 7mo de Instancia Penal, Freddy Orellana, declaró la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla. Como la sociedad y la ley lo manifiestan, esta acción constituye un acto que va en contra de lo estipulado en el Artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual dice que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”. A pesar de esto, el Tribunal Superior Electoral finalmente oficializó la segunda vuelta electoral para el 20 de agosto en donde participarán Sandra Torres por el partido UNE y Bernardo Arévalo por el Movimiento Semilla.
A pesar de la decisión del TSE, todavía son inciertas las acciones que pueda llevar a cabo el Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla y contra el mismo Tribunal Supremo Electoral que en todo caso están yendo en contra de la constitución. Al momento de la redacción de esta alerta, el 13 de julio en las horas de la mañana, personal del Ministerio Público ingresaron de manera intimidante a la sede de Registros Ciudadanos del TSE. El Mirador Electoral presentó una querella en contra de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe del FECI Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana por los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato.
Por lo anterior, desde Redlad:
- Reiteramos nuestro rechazo a cualquier injerencia indebida que busque obstaculizar el desarrollo libre y democrático de las elecciones presidenciales, además de cualquier intento por alterar el equilibrio de poderes.
- La comunidad Internacional, incluyendo la Comunidad de las Democracias, debe exigir al gobierno el respeto a la voluntad popular, a la separación de poderes, el cumplimiento de la normativa electoral y de la constitución.
