Pese a que Haití cuenta con el honroso título de ser el primer país libre de América Latina y el Caribe y en abolir la esclavitud de personas negras, durante el siglo XX esa historia heróica se ha venido desdibujando por la corrupción y violencia endémicas de su clase política y dirigente, en complicidad con la Fuerza Pública haitiana y gobierno extranjeros y el silencio de organismos multilaterales.

Durante los últimos 35 años ha tenido 20 gobiernos distintos. Una muestra de la inestabilidad institucional que reina en Haití y que parece no tener fin. Un nuevo capítulo de esta historia de crisis y caos se empezó a escribir con la presidencia del actual Jovenel Moïse que pese a que, como manda la Constitución, debió terminar su mandato el 7 de febrero de 2021 ha seguido en el poder sin ninguna intención de entregarlo. Por lo tanto, se puede decir que hoy por hoy el país tiene un presidente de facto, casi un dictador pues a principios de 2020 decidió disolver el poder legislativo y no cuenta con ningún control político ni social y tampoco judicial, ya que en febrero de 2021 también decidió disolver el poder judicial. Asimismo, la oposición se encuentra arrinconada y lo mismo la ciudadanía en general que todos los días es víctima de la creciente inseguridad y delitos como el secuestro, a costa de de pandillas y grupos de violencia política apoyados y promovidos por el gobierno de Moïse.  

Moïse alega que su mandato termina el 7 de febrero de 2022 ya que no pudo posesionarse en 2016, sino en 2017. Sin embargo, la Constitución haitiana lo contradice.

El país se encuentra en un absoluto limbo constitucional pues tampoco pudo celebrar elecciones en 2020 para elegir al sucesor de Moïse y con el legislativo disuelto es imposible nombrar a un presidente interino. 

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):

• Hacemos un llamado de urgencia a toda la comunidad internacional, especialmente a EEUU, la ONU y la OEA, para poner los ojos sobre Haití y contemplar todas las medidas necesarias, en el marco del respeto por los derechos humanos de la ciudadanía haitiana, que puedan ayudar a establecer un orden político institucional que cumpla con los principios fundamentales de la democracia. 
• Instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su Secretario General, Luis Almagro, a invocar la Carta Democrática Interamericana para ayudar a solucionar la crisis haitiana. 
• Llamamos a la solidaridad de las ciudadanías de América Latina y el Caribe con los haitianos y haitianas.