Foto: CNN en Español

El pasado viernes 21 de enero se eligió una nueva junta directiva del Congreso Nacional de Honduras con las nuevas formaciones políticas que llegaron a conformarlo tras pasadas las últimas elecciones. No obstante, los nombres de sus integrantes no cuentan con el respaldo de la presidenta electa Xiomara Castro, aún cuando corresponden a miembros de su propio partido, ya que la conformación ganadora no respeta el pacto que ella y su partido Libre acordaron con el Partido Salvador de Honduras, del cual hace parte su vicepresidente, Salvador Nasralla. 

El pacto consistía en que Nasralla no se presentaría a los últimos comicios si se le garantizaba la vicepresidencia del país y la conducción del Legislativo. Lo acontecido el viernes pasado rompe el pacto y genera una crisis al interior del Congreso y del próximo gobierno que toma posesión este jueves 27 de enero. Asimismo, ha provocado manifestaciones y protestas de la ciudadanía en las calles de Tegucigalpa y frente a las instalaciones del Congreso y una constante tensión que puede derivar en violencia política y conflictos para la gobernabilidad del país. 

El gobierno electo de Castro sólo reconoce la junta directiva que se ha constituido en cabeza de Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras y ha cuestionado la legitimidad de la otra junta directiva, liderada por Jorge Cálix y que se eligió por fuera del recinto el Congreso, a la que no ha invitado a su posesión. 

Este panorama ha derivado en toda una discusión nacional no sólo de carácter legal y constitucional sino también política sobre la legitimidad de una u otra junta directiva. 

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad): 

• Instamos al nuevo gobierno de Honduras, en cabeza de Xiomara Castro, y a las personas miembro del Congreso Nacional de Honduras, así como a los líderes de los principales partidos políticos a garantizar las condiciones necesarias para que este jueves 27 de enero se haga el traspaso de mando presidencial conforme a las normas constitucionales y legales, bregando así por la protección de la democracia y sus principios. 
• Solicitamos a las autoridades hondureñas respetar y garantizar el derecho a la manifestación y protesta pacífica que tiene la ciudadanía. 
• Exhortamos al gobierno electo de Honduras, a los partidos políticos y a demás autoridades a respetar el orden constitucional y a sumar voluntades para que prevalezca la paz en la sociedad.