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En un acto repudiable de estigmatización, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha ido en contra de las organizaciones de sociedad civil, como de pueblos y organizaciones indígenas que han hecho oposición crítica, informada, legítima y democrática al megaproyecto denominado Tren Maya. 

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) hemos venido advirtiendo de los inconvenientes de este megaproyecto, sumándonos a las voces de protesta de las comunidades, pueblos indígenas, muchas de las cuales hacen parte de nuestra plataforma. Por eso, en mayo de este año publicamos la “ALERTA México: megaproyecto amenaza los derechos humanos de los pueblos indígenas”. Allí advertimos, entre otras cosas, que “el requisito de la consulta previa ha sido soslayado por completo. Son más de 600 familias, dice por los pueblos indígenas, que podrían verse afectadas y eventualmente desplazadas”. 

A lo anterior, se han sumado las graves acusaciones, que encaminan a la persecución política, y a la criminalización que el gobierno de López Obrador lanzó el viernes 28  y que este lunes 31 de agosto de 2020, en plena conferencia, en donde tilda a las organizaciones sociales e indígenas de ser financiadas por organismos internacionales para oponerse expresamente al megaproyecto del Tren Maya.

Dichas acusaciones ponen en peligro el trabajo y la vida de muchas personas que llevan años en la defensa de su territorio, la cual es legítima y democrática por el respeto de los derechos humanos y colectivos. Como bien lo afirman un grupo de organizaciones en un comunicado publicado el día 31 de agosto: “Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida. Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional, para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida”. 

Por lo anterior, Redlad:

• Solicita al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respetar el legítimo derecho que las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas del país tienen para hacer control social y crítica al megaproyecto del Tren Maya. 
• Exhorta a la comunidad internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a demandar protección a las poblaciones indígenas y derecho al territorio. 
• Insta a las autoridades mexicanas y sector privado involucrado en el megaproyecto del Tren Maya a ceñirse a la Constitución de México, sus normas y leyes, las cuales exigen un debido proceso de consulta previa al consentimiento. 

Redlad propugna por el diálogo respetuoso, por lo que asimismo rechazamos las acusaciones del presidente mexicano y reconocemos en la cooperación internacional para el desarrollo una herramienta para defensa y promoción legítima de los principios democráticos y los derechos humanos de todas las personas, sobre todo de aquellas en situaciones vulnerables. Las organizaciones de sociedad civil tienen pleno derecho a recibir financiación nacional e internacional para desarrollar sus acciones.