Trazando del Tren Maya

Desde 2018 empezó la ejecución de uno de los proyectos banderas del actual gobierno mexicano, en cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado Tren Maya, el cual comprende pasar por cinco estados del país y prevé que termine su construcción en diciembre de 2022. Sin embargo, desde que se anunció las críticas por parte de los pueblos indígenas y otras comunidades habitantes de las zonas no se han hecho esperar por las graves implicaciones para sus entornos de vida. 

Los reparos van en tres vías, principalmente; el poco o nulo acceso a la información sobre el proyecto. En primera instancia, las comunidades y organizaciones de sociedad civil denuncian que ni el Estado ni quienes están ejecutando el megaproyecto suministran los suficientes datos para medir el impacto sobre las zonas por las que pasaría el Tren. 

Por otro lado, el requisito de la consulta previa ha sido soslayado por completo. Son más de 600 familias, dice por los pueblos indígenas, que podrían verse afectadas y eventualmente desplazadas. “A la fecha el Gobierno federal no ha realizado auténticos procesos de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, en las comunidades indígenas afectadas. Sólo ha llevado a cabo “Foros” y Reuniones con Representantes de comunidades así como ejidos, que, a la luz de los estándares internacionales que sobre el particular el Estado mexicano ha ratificado, no pueden ser considerados como procesos de consulta previa. Sin embargo, el actual gobierno federal considera que la consulta previa ya se llevó a cabo en una primera fase, y continúa haciendo reuniones con autoridades locales comunitarias y ejidales”, afirman las organizaciones de Due Process of Law Foundation (DPLF); Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C; Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” A.C.; DIMO (Diálogo y Movimiento) y el Colectivo los 3 Barrios en una carta que envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarles medidas de protección a las comunidades indígenas, no indígenas y al medio ambiente. 

Finalmente, otra de las preocupaciones son las escasas medidas de bioseguridad que se están tomando para proteger a trabajadores y pobladores en medio de la actual pandemia del COVID-19, lo cual se traduce en un altísimo riesgo y posible crisis sanitaria en la península de Yucatán. Las mismas actores arriba mencionadas afirman que la pandemia inmoviliza judicial, organizativa y mediáticamente a las comunidades y organizaciones indígenas y los deja en total indefensión.  

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD):

• Exhortamos al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y a los ejecutores del megaproyecto “Tren Maya” a abrir al público toda la información concerniente a esta iniciativa para que la ciudadanía pueda hacer correcto uso de su derecho al acceso y control social. 
• Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a tomar todas las medidas necesarias para demandar la protección de los derechos humanos y ambientales de las comunidades afectadas, y a recibir estas denuncias en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19). 

En REDLAD estamos comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas y tenemos la plena convicción de que el progreso económico no puede supeditar la integridad social, cultural y humana de las comunidades.