La dictadura de Daniel Ortega no da tregua a ningún sector de la sociedad nicaragüense en su objetivo de silenciar o eliminar cualquier posibilidad de crítica y oposición a su régimen violento.
En horas de la mañana de este jueves 21 octubre fueron capturados Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), bajos cargos de lavado de activos, estrategia ya recurrente del gobierno de Ortega capturar arbitrariamente a sus críticos.
Recordemos que en meses pasados ya lo ha hecho con líderes, lideresas y activistas políticos que se han mostrado en oposición a todo su gobierno y en antesala a las elecciones que se darán este próximo 7 de noviembre.
Les invitamos a leer las siguientes ALERTA que hemos publicado sobre la difícil situación que vive Nicaragua en materia de derechos humanos y persecución política:
- La democracia y la libertad de prensa atacada (21 de mayo)
- Régimen de Ortega ordena detención de opositores (2 de junio)
- La dictadura de Ortega continúa atacando a la sociedad civil (23 de agosto)
Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):
- Hace un llamado de urgencia ante la comunidad internacional para que actúen de manera contundente en condena y sanción al régimen dictatorial de Daniel Ortega y, por supuesto, a desconocer cualquier resultado de las elecciones del próximo 7 de noviembre.
- Solicita al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias y a su alcance para denunciar y condenar los atropellos en Nicaragua.
- Exhorta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a sancionar de manera ejemplar la dictadura de Ortega.
- Solicitamos a la ONU y su oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos denunciar y prever las medidas cautelares del caso.
Como sociedad civil defensora de los principios democráticos y las libertades ciudadanas, alzamos nuestra voz y exigimos no más dictaduras en Nicaragua. Su ciudadanía merece vivir en una democracia que garantice sus derechos y respete su vida.