El día 16 de agosto el régimen Ortega-Murillo, mediante dictamen judicial, acusó oficialmente a la directiva de la Universidad Centro Americana de terrorismo, ilegalmente confiscando sus bienes y cuentas bancarias, suspendiendo las actividades académicas de 5 mil alumnos y más 500 académicos.

Los ataques contra la Universidad Jesuita empezaron desde 2018 con múltiples acusaciones de apoyar grupos terroristas, el retiro del financiamiento que le garantizaba la constitución, y el destierro de personas en la alta dirigencia de la Universidad, así como de alumnos y líderes estudiantiles. Pero desde el primer semestre del año la Procuraduría General, también controlada por Ortega-Murillo, ordenó la inmovilización de todos sus bienes inmuebles mientras que se le negaban las acreditaciones requeridas por el Ministerio de Gobernación y los Consejos Nacional de Universidades y Nacional de Evaluación y Acreditación.

No sólo fueron confiscadas las cuentas de la Universidad, también la de catedráticos y coordinadores administrativos y financieros. Esto implica que cientos de empleados quedarán sin el reconocimiento legal de sus derechos laborales, además de que afecta gravemente la economía familiar de empleados de la Universidad. La UCA ha tenido un rol indispensable para el desarrollo del capital social nicaragüense así como en el fortalecimiento de la sociedad civil nacional. Este tipo de acciones generan impactos educativos graves, incluyendo la salida o desplazamiento de estudiantes hacia otros países que puede afectar el desarrollo científico de Nicaragua.

Es ya habitual que el régimen dictatorial utilice medidas legales para negar los permisos de funcionamiento de entidades que considera opositoras, y forzarlas a la ilegalidad. Desde el año 2021, 27 instituciones universitarias han sido canceladas, y 3.457 organizaciones sin fines de lucro han sufrido el mismo destino. Las acusaciones utilizadas van desde lavado de activos, utilización de información falsa, fallas en reportes de cuentas y estados financieros, no registrarse con agentes extranjeros, problemas en las infraestructuras, deficiencia en la calidad del servicio prestado, entre otras.

El cierre de la UCA sigue abonando el camino para la eliminación de la cátedra y pluralidad universitaria, la libertad de pensamiento y conciencia en Nicaragua, y el cierre de espacios no controlados por la dictadura nicaragüense.

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):

– Expresamos nuestra solidaridad con las directivas y el personal de la Universidad, así como a los estudiantes afectados por esta medida autoritaria.
– Exigimos que se detenga el cierre de universidades, devolver los bienes a la UCA y otras universidades y garantizar la autonomía universitaria constitucional.
– Exigimos a la comunidad internacional las mayores sanciones al régimen que continua ahogando a la ciudadanía nicaragüense y sus posibilidades de ejercer sus libertades y derechos fundamentales.