El Poder Ejecutivo de la República de Panamá, a través del Ministerio de la Presidencia por vía de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ANTAI, ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1031 que pretende derogar la Ley de Transparencia de Panamá, Ley 6 de 2002, que es producto de una amplia e histórica consulta nacional que implicó a todas las fuerzas vivas del país y que goza de una legitimidad histórica y vigente.

Esta Ley de Transparencia, pionera en la región Latinoamericana, que bien ha servido a la población panameña a lo largo de 21 años en la etapa clave de consolidación democrática post dictadura militar, indudablemente debe ser revisada, no reemplazada como se pretende, y adecuada a la era de la información digital, desde luego previo a una amplia consulta ciudadana.

En el sentido anterior cualquier reforma, además, para actualizar los estándares de transparencia y acceso a la información pública, deben conllevar necesariamente una reforma a la ley que creó la estructura del ente rector, la ANTAI, que garantice su independencia administrativa y financiera.

Lo que la ciudadanía panameña enfrenta hoy es el escenario opuesto: actores políticos del partido en el poder en el Ejecutivo y con mayoría en el Legislativo, pretenden en efecto reemplazar la Ley de Transparencia mediante su derogación, sin consulta ciudadana amplia y democrática, sin reformas a la ley de ANTAI para garantizar su imparcialidad, sin reformas a la ley de protección de datos personales para que no sea usada para ocultar información de naturaleza pública, y lo hacen en pleno proceso electoral, a ocho meses de los comicios generales  de mayo de 2024.

Para RedLad este proceder del Ejecutivo, la ANTAI y los diputados que aúpan un proyecto de ley que omitió una amplia consulta ciudadana y cuyos contenidos desmejoran el estándar de transparencia y acceso a la información pública, representa una afrenta a la Democracia; es un retroceso de veinte años sobre una gran conquista ciudadana que en su momento puso a Panamá a la vanguardia en materia de acceso a la información como parte integral de la libertad de expresión.

Múltiples ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, representando a su vez diversos sectores, i.e., social, académico, privado, empresarial, gremial, laboral, ambiental, periodístico, entre otros, están alzando la voz de alarma ante este proyecto de ley inconsulto, que, si bien contiene algunos avances positivos, incluye reales retrocesos para hacer valer el derecho ciudadano de acceso a la información pública. De manera engañosa el proyecto de ley incluye principios y definiciones de la Ley Modelo 2.0 de la OEA de acceso a la información pública, y seguidamente crea un laberinto legal que hará muy difícil a la ciudadanía hacer valer esos principios y se aleja abismalmente del estándar internacional de mejores prácticas en materia de acceso a la información pública y transparencia.

Entre otros retrocesos, el proyecto de ley 1031:

-Exime de responsabilidad individual por la entrega de la información a funcionarios y jefes de despacho, además de la eliminación de casi todas las sanciones por incumplimiento, a través de una nueva estructura burocrática de transparencia en cada entidad pública, que implicará más nombramientos en la planilla estatal, centralización y burocratización, desmejorando un proceso de petición que hoy es directo, simple y descentralizado.

-Esta disminución de la responsabilidad de los funcionarios que trae el Proyecto 1031 impacta también en la efectividad de dos artículos de la Ley de Protección de datos personales que priorizan el interés público y la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos cuando la información deba ser entregada por funcionarios por razón de sus obligaciones públicas. Ayudará a blindar aún más informaciones de naturaleza pública que hoy se oculta bajo una interpretación errada de la ley, como el escandaloso caso de los “auxilios económicos” otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFHARU, para beneficiar a allegados de figuras políticas y de servidores públicos.

-Elimina el poder de los tribunales que conocen las acciones de Hábeas Data, pues desaparece todo el régimen sancionatorio cuando hay desacato a las órdenes de Hábeas Data que emita el Órgano Judicial. El golpe a la función judicial no se limita a esto, ya que el proyecto erige a la ANTAI como institución rectora y garante, con nuevos poderes para dirimir administrativamente los incumplimientos, las informaciones que pueden declararse de acceso restringido o confidencial y otras instancias que requieren imparcialidad e independencia, y que obligará al peticionario a agotar esta vía administrativa, antes del Hábeas Data, en lo que constituiría una auténtica usurpación de competencia judicial, por una entidad política completamente dependiente del Órgano Ejecutivo.

-Amplía a todas las instituciones del Estado la reserva de información en trámites de todo tipo de procesos y autoridades responsables, y se elimina su apertura una vez estén ejecutoriados.

-Abre la puerta para el uso de la Ley de Transparencia como instrumento de acoso, hostigamiento y persecución a las organizaciones, asociaciones, gremios y otros que critiquen o cuestionan las decisiones gubernamentales, especialmente aquellas ligadas a la rendición de cuentas y transparencia, incluyéndolos como sujetos obligados con una regla general que no establece limitaciones por su condición de personas jurídicas privadas.

-El laberinto jurídico que crea este proyecto de ley, sumado a la discrecionalidad del nuevo órgano garante, generan un escenario de impunidad asegurada para los funcionarios que elijan la vía de la opacidad, con el consecuente impacto en una merma en la rendición de cuentas y un aumento en los mecanismos ocultos de la corrupción.

Entre los múltiples problemas del proyecto ley, no es menos importante que la participación ciudadana no está desarrollada ni actualizada a los estándares y mejores prácticas actuales.

Si estas medidas se aprueban, representarían un retroceso significativo en términos de derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información pública, espacio cívico de acción, participación ciudadana, separación de poderes, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, entre otros.

En consecuencia, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad):

Condenamos las acciones del Poder Ejecutivo de Panamá y sus actores políticos que omitieron la debida y amplia consulta ciudadana en una Ley de Transparencia, estándar rector precisamente de la participación ciudadana en el país.

Hacemos un llamado al Ejecutivo para que RETIRE el proyecto de ley de la Asamblea Nacional y promueva una mesa amplia de consulta ciudadana, nacional, provincial, y que incluya a las comunidades de base.

Hacemos un llamado a la responsabilidad de los diputados de Panamá de no desmejorar el estándar de transparencia y acceso a la información pública, que honren su rol como representantes de la ciudadanía cuyas múltiples voces reclaman más transparencia y menos corrupción, y SUSPENDAN el debate de este proyecto inconsulto.

Hacemos un llamado a la OEA y a la ONU, particularmente a la UNESCO, también a Transparencia Internacional y a otras organizaciones internacionales enfocadas en estos temas, para que se pronuncien sobre este proyecto de ley que no se acerca a los estándares que estas organizaciones promueven a través de la ley modelo 2.0 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10, entre otros estándares, al ser una ley que desmejora las vías y recursos de hacer cumplir el derecho sustantivo que enuncia.

Expresamos nuestra solidaridad con el sector no gubernamental panameño que lucha porque su estándar de transparencia no sea disminuido con las consecuencias que puede traer para la gobernanza democrática del país, y hacemos un llamado para que se mantenga alerta y vigilante a estos cambios legislativos que disminuirían su capacidad ciudadana de ejercer la Democracia participativa.

2 de septiembre de 2023