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El 8 de febrero se develó uno de los escándalos más indignantes de los últimos tiempos en Panamá. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional publicó un informe que denuncia que, por lo menos, en catorce albergues para niños y niñas se vienen cometiendo delitos contra menores de edad, entre los que se encuentran violencia sexual y psicológica desde hace casi una década. Dichos centros son dirigidos por privados y fundaciones, pero funcionan con recursos públicos y el Estado tiene a cargo su vigilancia y supervisión. 

Tras revelarse el informe, tanto el presidente del país como las autoridades judiciales, tales como la Fiscalía y el Ministerio Público (MP), y amplios sectores de sociedad civil procedieron a condenar el hecho. Los entes públicos competentes afirmaron que tomarían medidas prontas y oportunas para hacer justicia y restituir los derechos a las víctimas. Sin embargo, casi tres semanas después de destapado el escándalo el titular del MP, procurador general Eduardo Ulloa, ha decidido dimitir de su cargo con carácter irrevocable. 

Su renuncia ha puesto de manifiesto tanto la incapacidad institucional del Estado para procurar la garantía de derechos como presuntas prácticas de corrupción dentro del sistema de justicia panameño. Ulloa renuncia después de que fuera nombrado en enero de 2020 tras la renuncia de su predecesora por otro escándalo denominado “Varelaleaks” sobre escuchas telefónicas ilegales. 

Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), como plataforma regional de alrededor de 300 organizaciones, activistas y líderes que defiende los derechos humanos y promueve los principios democráticos fundamentales:

• Solicitamos al gobierno de Panamá, en cabeza del presidente Laurentino Cortizo, nombrar como titular del Ministerio Público a una persona que garantice independencia, lucha por los derechos humanos y, sobre todo, probada gestión en materia de justicia. 
• Instamos a la ciudadanía, gobierno y poder legislativo del país a exigir una rendición de cuentas pública y transparente del año de gestión del Procurador Eduardo Ulloa. 
• Exhortamos al gobierno panameño a solicitar una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que estudie y analice todo lo relacionado con los malos manejos de los albergues en el país, en donde presuntamente se están violando los derechos de niños, niñas y jóvenes.
• Solicitamos que a las víctimas de los vejámenes en los albergues se les garanticen verdad, justicia y reparación, así como oportuna atención psicosocial.