La situación política en Perú ha sido muy convulsa en la última década, debido al acecho de agentes asociados con corrupción. La grave crisis política del 2023 ha sido reconocida por Naciones Unidas y la OEA, por la generación de violencia y violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones sociales del primer trimestre, que dejaron un saldo de más de 60 muertos y que demandan investigación, enjuiciamiento y castigo.
La crisis estructural tiene raíces en la corrupción generalizada e impunidad imperante, falta de transparencia en los acuerdos de colaboración eficaz en los casos de gran corrupción, una enorme polarización política, declive del rol social de informar de la prensa, desinstitucionalización de los partidos políticos, que ha contribuido a la desconexión entre la ciudadanía y los actores políticos, y la predominancia de reglas antidemocráticas en la adopción de decisiones de las diferentes ramas del Estado, que generan problemas para la gobernabilidad democrática del país.
En ese contexto, irrumpen acusaciones sobre la posible existencia de una organización criminal dirigida por la máxima autoridad del Ministerio Público y en la que presuntamente participarían legisladores del Congreso, y cuestiona la legalidad de la elección del Defensor del Pueblo, y amenaza con el debilitamiento de la Junta Nacional de Justicia. Decisiones adoptadas por la fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, han derivado en remoción y recomposición de unidades anticorrupción, trata de personas, narcotráfico y derechos humanos. Estas unidades han estado a cargo de fiscales de carrera y con función incuestionable, que han sido cambiados por personal presuntamente del entorno de la Fiscal y funcionales a intereses propios, familiares y de aquellos que le brindan protección desde el Congreso. Los casos de la Fiscal Coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto Rivera, y Rafael Vela Barba, cabeza de Lava Jato y lavado de activos de políticos varios, son graves.
Como Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia – REDLAD, al respecto, recuerda y expresa lo siguiente:
1.- La independencia judicial es crucial para mantener una democracia sólida y funcional, en la medida que permite que las instituciones judiciales ejerzan sus funciones de manera imparcial y sin influencias externas. Se requiere la suspensión de las funciones de la Fiscal General de forma urgente.
2.- La garantía de inmovilidad de jueces y fiscales es un principio fundamental en el sistema judicial. No pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, salvo por las causas y con las garantías previstas en la ley. La inmovilidad garantiza la independencia personal de jueces y fiscales, evitando que sus decisiones queden sujetas a presiones externas.
3.- La institucionalidad democrática y la separación de poderes, son tareas centrales de los actores políticos. Sus decisiones inmediatas y a futuro deben estar orientadas a solucionar los graves problemas que están afectando al país. No pueden optar por el aferramiento a los cargos, la captura de las instituciones democráticas, amparar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y tampoco evitar haya una investigación y sanción a los responsables de las muertes de inicios del 2023.
4.- Estos llamados buscan promover la estabilidad política y social en Perú, para que el país pueda enfocarse en alcanzar objetivos nacionales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es importante volcar la tensa y conflictiva relación existente a espacios fraternos y sinceros de promoción de la paz y el diálogo en el país.
