Foto: EL COMERCIO

Perú atraviesa un nuevo capítulo en la crisis política e institucional que vive desde hace más de seis años, período en el ha tenido hasta cinco presidentes, de los cuales sólo dos por elección popular.

El actual presidente, Pedro Castillo, está siendo investigado y denunciado por la Fiscalía de la Nación de su país por supuestamente “liderar una organización criminal”. Sin embargo, no se han dado a conocer las pruebas que sostienen tal denuncia. No obstante, ya ha presentado una denuncia constitucional contra el mandatario en el Congreso.

Adicionalmente, no sólo el presidente está siendo cuestionado sino también una parte de su familia. Por ejemplo, la casa de su hermana ha sido allanada en días pasados y su cuñada se encuentra detenida.

Todo el panorama anterior es criticado por personas expertas en material legal que afirman que las denuncias de la Fiscalía no tienen asidero alguno porque el proceso emprendido sería inconstitucional, por lo que el presidente y miembros de su gobierno sostienen que este organismo está liderando una persecución política contra su mandato. Asimismo, diversos sectores de la sociedad civil peruana, incluso muchos que ni siquiera son adeptos al gobierno, se muestran preocupados por este hecho que no tendría legitimidad constitucional alguna.

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) hacemos un llamado urgente para que los sectores políticos, sociales y económicos del Perú encuentren caminos menos dañinos para resolver y gestionar sus conflictos, en los que no se deteriore más la institucionalidad del país.

Como sociedad civil entendemos perfectamente que los controles políticos y la vigilancia ciudadana son más que necesarios. No obstante, vemos con preocupación el vacío de poder y liderazgo en el que se encuentra Perú, y esta situación no sólo afecta al gobierno de turno sino también al ejercicio de los derechos de la ciudadanía e incluso su propio bienestar y espacio cívico.

Finalmente, también mostramos nuestra preocupación por los seguimientos y monitoreos que aparatos de inteligencia del Estado peruano están adelantando, según denuncian varios medios, a organizaciones de sociedad civil, autoridades civiles y partidos políticos de izquierda. Esto es una clara vulneración al espacio cívico del país y amedrenta el ejercicio de los derechos sociales y políticos.