Se presentará ante el poder Ejecutivo, el Proyecto de ley en Paraguay que pone en riesgo la autonomía e independencia de las Organizaciones de Sociedad Civil
9 de octubre de 2024 Actualmente se encuentra en trámite el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” en Paraguay. El proyecto de ley, que cuenta con previa revisión en Cámara de Diputados y del poder Ejecutivo, hoy se presentó ante el Senado, en donde fue aceptada por completo la versión de Diputados del Proyecto Ley Garrote. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), reitera su profunda preocupación y advierte que la aprobación del proyecto de ley en su forma actual tendría consecuencias devastadoras para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Paraguay. Es importante recordar que, con relación a este tema, Redlad ha expresado su preocupación por los ataques a la defensora de la sociedad civil, Marta Ferrara, y la deslegitimación de las ONG en Paraguay, evidenciando un clima hostil hacia la sociedad civil. Redlad ha instado al diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para fortalecer la transparencia sin comprometer la libertad de asociación ni la democracia participativa en Paraguay. En este sentido, la Red reitera que este proyecto de ley afectaría negativamente su autonomía, independencia y capacidad operativa, en tanto las OSFL tendrían que enfrentar requisitos y sanciones excesivas, así como limitaciones para actuar de manera autónoma y efectiva; comprometiendo su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y la democracia, así como su contribución al bienestar social. Problemáticas identificadas por Redlad: Definición arbitraria de OSFL: Se identifica como principal problema la definición de “Organizaciones Sin Fines de Lucro” porque el proyecto de ley excluye de manera arbitraria a organizaciones deportivas, partidos políticos e iglesias, entre otras organizaciones que actualmente están involucradas en escándalos de corrupción y actos delictivos, como el narcotráfico. Alcance excesivo: El proyecto de ley incluye organizaciones que manejan fondos privados nacionales e internacionales o provenientes de Estados extranjeros, lo que puede generar un control excesivo y desproporcionado. Sanciones desproporcionadas: Se prevé el cierre de organizaciones y la inhabilitación de sus directivos para ejercer cargos similares por un periodo de hasta 5 años, lo que puede tener un impacto devastador en la sociedad civil. A partir de lo anterior, Redlad se une al llamado al poder Ejecutivo en Paraguay y específicamente al señor Presidente Santiago Peña, a rechazar el proyecto de ley en su forma actual y a abrir un espacio de diálogo y consulta con las OSFL para construir un marco regulatorio que promueva el control efectivo, la transparencia y la rendición de cuentas sin menoscabar la autonomía, independencia y el impacto social de las organizaciones sin fines de lucro. Así mismo, la Red solicita el apoyo de la comunidad internacional para defender el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de la sociedad civil en Paraguay. Las OSFL son fundamentales para la construcción de sociedades justas y equitativas, y su trabajo en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y la participación ciudadana es invaluable para el bienestar de las sociedades. Compromiso de Redlad Redlad reitera su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el rol fundamental de la sociedad civil en la construcción de sociedades justas y equitativas. Seguiremos trabajando para proteger y promover el espacio cívico en la región.
Redlad abre convocatoria para Coordinaciones Nacionales del Proyecto Creer en Plural
Términos de Referencia Convocatoria para Coordinaciones Nacionales Proyecto Creer en Plural implementado por Redlad y Otros Cruces Segunda Fase Septiembre 2023 a Julio 2026 Redlad, plataforma de sociedad civil que trabaja a favor de la democracia y los derechos humanos a lo largo de América Latina y el Caribe y Otros Cruces, organización que estudia los diversos cruces entre religión y política en el espacio público, desde una perspectiva de derechos humanos han colaborado desde 2017 con el objetivo de comprender la incidencia ciudadana y de la sociedad civil en escenarios multilaterales, especialmente en la OEA, desde una mirada religiosa alineada con los derechos humanos. Este esfuerzo conjunto ha dado lugar al proyecto Creer en Plural, que busca promover la libertad religiosa y de creencia desde organizaciones de la sociedad civil y organizaciones basadas en la fe, así como abogar por la rendición de cuentas de los gobiernos según normativas regionales e internacionales. El proyecto adopta un enfoque de derechos y busca incluir la pluralidad a través del diálogo y el intercambio de experiencias de diversos grupos poblacionales, incorporando la experiencia de las espiritualidades indígenas, de matriz africana, la vivencia de la libertad religiosa de población LGBTIQA+ y no creyentes. De igual forma, está la meta constante de seguir involucrando una amplia gama de experiencias de religiones, espiritualidades y creencias. En su primera fase (2020-2023), el proyecto se centró en Haití, México, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Chile. Ahora, en su segunda fase (2023-2026), Colombia, Honduras y Trinidad y Tobago son los países priorizados. 2. Objetivos de la contratación Liderar procesos nacionales de promoción de la libertad de religión y creencias (FoRB), articulando con los grupos religiosos, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las Organizaciones con Base en Fe (OBF) de Honduras y Colombia según corresponda. Objetivos Específicos: Objetivo 1: Facilitar el acceso e intercambio de información clara, en especial las investigaciones generadas por el proyecto para OSC y OBF de la LRC en el hemisferio, globo y sus respectivos países en articulación con las organizaciones locales del país según corresponda. Liderar los aspectos logísticos para el desarrollo de diálogos presenciales y virtuales. Objetivo 2: Coordinar acciones y diseño de estrategias de incidencia por medio de diálogos adaptados a los contextos locales que promuevan la defensa de la libertad de religión o creencias, la consulta, identificación de experiencias y prácticas discriminatorias así como acciones protectoras en la sociedad civil y organizaciones con base en fe, los gobiernos locales y los organismos internacionales. Objetivo 3: Apoyar los procesos de formación, transferencia de herramientas e incidencia a cargo del equipo central del proyecto Creer en Plural, en la promoción y protección de la libertad de religión o creencias con especial participación de grupos poblacionales, grupos temáticos y víctimas / sobrevivientes de violencias por estos motivos. 3. Productos: 4. Requisitos para aplicar 5. Documentos a entregar Favor enviar la postulación con los documentos correspondientes al correo electrónico de Diana Silva diana.silva@redlad.org con copia a luz.avendano@redlad.org 6. Cronograma de postulación ACTIVIDAD TIEMPOS Apertura de convocatoria 08 de Octubre Recepción y aclaración de preguntas 08 al 22 de Octubre Cierre de la convocatoria 22 de Octubre Revisión de aplicaciones y llamado a entrevistas Semana del 23 al 28 de Octubre Anuncio resultados 31 de Octubre 7. Monto 5.000 USD monto total por 9 meses 8. Plazo de ejecución 9 meses desde la firma del contrato 9. Condiciones para el pago El recurso disponible se distribuirá en tres pagos (30%, 30%, 40%) tras la presentación de un informe trimestral que de cuenta del avance de las actividades y productos acordados. Los pagos requerirán la revisión y aprobación de los informes por parte del equipo técnico del proyecto.
Nicaragua: un nuevo golpe a la Sociedad Civil, Redlad Condena cierre masivo de ONG
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) se pronuncia en contra de la reciente decisión del gobierno de Daniel Ortega de clausurar 1.500 Organizaciones sin Fines de Lucro en Nicaragua. Esta decisión anunciada el día lunes 19 de agosto de 2024, se ampara en supuestos incumplimientos a la “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, aduciendo que dichas organizaciones no habían reportado sus estados financieros por periodos que oscilan entre 1 y 35 años. El gobierno Ortega ha intensificado su represión, imponiendo nuevas normas que obligan a las ONG a trabajar en “alianza” con el Estado, lo que en la práctica significa someterse a la voluntad gubernamental o enfrentar su disolución. Este cierre masivo de asociaciones, se suma a la anulación de más de 5.200 organizaciones desde las protestas de 2018, lo cual, incluye la revocación de la personería jurídica de cientos de grupos religiosos, principalmente católicos y evangélicos, así como de organizaciones defensoras de la diversidad sexual, educativa, social y de militares retirados, entre otras; y se da dos días después de la expulsión del país de dos sacerdotes católicos que habían sido detenidos a inicios del mes de agosto. Además, el gobierno ha ordenado traspasar sus bienes al Estado, consolidando así su control autoritario sobre la Sociedad Civil nicaragüense. Redlad denuncia esta escalada autoritaria, que no solo vulnera los derechos fundamentales de asociación de las organizaciones nicaragüenses, sino que también se inscribe en una preocupante tendencia regional, replicada en países como El Salvador, Venezuela y Paraguay, donde los gobiernos han adoptado medidas similares para silenciar a la Sociedad Civil y eliminar cualquier forma de oposición. Desde Redlad expresamos nuestra profunda solidaridad con las organizaciones afectadas y hacemos un llamado urgente al gobierno de Nicaragua para que cese las acciones represivas contra las Organizaciones de Sociedad Civil. Asimismo, instamos a las instituciones hemisféricas y globales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), a actuar con firmeza, y sin demora, exigiendo al gobierno de Daniel Ortega el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Redlad también exhorta a los gobiernos de la región, a las organizaciones de Sociedad Civil y a defensores y defensoras de derechos humanos a solidarizarse con la población nicaragüense y a redoblar sus esfuerzos para apoyar a las organizaciones que continúan luchando por la justicia, la libertad de creencias y la democracia en condiciones cada vez más adversas.
Libertad Religiosa en Tiempos de Conflicto: Caminos hacia la Paz en Colombia
¡Acompáñanos en el lanzamiento del la segunda fase Proyecto ‘Creer en Plural’ y sus actividades en Colombia! 🌍✨ Exploraremos la libertad religiosa en tiempos de conflicto y cómo puede ser un camino hacia la paz en Colombia. Únete a un diálogo inspirador sobre la diversidad y la construcción de la convivencia. 🗓 Fecha: 28 de agosto⏰ Hora: 6:00 p.m.📍 Lugar: La Trocha – La Casa de la Paz, Bogotá Juan Esteban Santamaría Rodríguez, docente e investigador de la Facultad de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana será nuestro moderador. Contaremos con la participación de: – Roseli Finscue. Mujer indígena, lideresa del Programa de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).– María José Acevedo García. Directora general de la Confesión y Fundación Islámica Assalam de Colombia Mujeres Musulmanas.– Jhon Martínez. Docente y coordinador de proyectos con organizaciones basadas en la Fe. Lutheran World Federation, CREAS- Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio.– Amelia Cotes. Directora de la Oficina de Asuntos Religiosos, Ministerio del Interior de Colombia. ¡Tu voz es clave en este espacio de reflexión y acción! ✨ #CreerEnPlural #Evento2024 #LibertadDeCreencia #libertaddereligión #dialogo #Pluralidad
Redlad expresa profunda preocupación por las irregularidades en el proceso electoral y llama a la comunidad internacional a exigir transparencia y ser solidarios con el pueblo venezolano, en su lucha pacífica por la recuperación de la paz y restauración democrática en Venezuela
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia – Redlad observa con suma preocupación el desarrollo de las elecciones presidenciales celebradas el día de ayer 28 de julio de 2024 en Venezuela, cuando se llevó a cabo una jornada electoral crucial, en la cual Nicolás Maduro, actual presidente del país, y candidato del oficialismo, se enfrentó al candidato Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, lideresa de la oposición, quien había sido inhabilitada para participar en el proceso. Desde RedLad consideramos que para realizar una jornada electoral transparente se debió permitir sin mayores obstáculos la presencia idónea de observadores electorales y periodistas, comunicadores nacionales como internacionales, así como de instancias internacionales como la ONU, CIDH, OEA, parlamentarios de otros continentes, que permitiese certificar que el ejercicio electoral fue con transparencia y equidad. La actitud y acción del gobierno de no permitir la participación de varios observadores internacionales impidiendo su ingreso, o negando sus visas o sin garantías, genera unescenario de duda. Existen informes de diversas organizaciones de la sociedad civil que apuntan a supuestas represiones contra la ciudadanía, observadores electorales y periodistas, así como las anomalías denunciadas por diferentes organizaciones, lo cual ha generado inquietud sobre la transparencia y legitimidad delproceso. Dan cuenta de esto situaciones como el impedimento de entrada al país de un grupo de expresidentes quienes acompañarían el proceso, la negación de visa y/o prohibición del ingreso de veedores internacionales, expulsión de Venezuela de una comisión conformada por 10 integrantes de la Unión Europea (Parlamento Europeo, Congreso y Senado Español), mientras que observadores afines al régimen fueron ampliamente admitidos; además, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral – CNE y en algunos sitios el conteo de votos se realizó sin permitir la presencia de testigoselectorales de la oposición política, como lo mandata la Ley, que fueron obligados a abandonar el lugar. A lo anterior, hay que sumar que, luego del anuncio de los resultados según el CNE, en su auto proclamación el presidente manifestó que el sistema había sido hackeado y, aun así, el CNE hoy día se precipitó a declarar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, mientras que el Fiscal Saababrió investigación contra María Corina Machado como responsable del supuesto ataque informático, sin contar con prueba alguna del hecho. Algunas de las irregularidades evidenciadas durante el proceso electoral son alarmantes y se detallan a continuación: ● Ayer las encuestas a boca de urna “exit polls”, y encuestas anteriores realizadas por diferentes organizaciones, mostraban una notable ventaja del candidato González; sin embargo, cerca de la media noche, el CNE de Venezuela en rueda de prensa dio por ganador a Nicolás Maduro con un porcentaje del 51%, sobre el 44% otorgado a González. ● Ataques a la libertad de expresión: Hostigamiento y amenazas a periodistas y medios de comunicación independientes, reportados por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) en al menos 14 estados, incluyendo Caracas, Trujillo y Bolívar. ● Detenciones arbitrarias selectivas: Confirmadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que también reportó la imposibilidad de periodistas acreditados para cubrir los comicios. ● Violaciones de derechos humanos: Documentadas por organizaciones como Espacio Público y Provea, incluyendo 15 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión, cuatro detenciones y un bloqueo web. ● Presencia intimidante de cuerpos de seguridad: Denunciada en centros electorales, donde se observó la ausencia de efectivos del Plan República y la presencia de grupos armados identificados con el oficialismo. ● Puntos de control del PSUV: Localizados cerca de centros de votación, particularmente en varias parroquias de Caracas, lo que contraviene las normas electorales. ● Impedimento de participación de observadores electorales en el proceso de verificación de votos: Se reportó la expulsión arbitraria de testigos de la oposición en algunos centros. Estas acciones limitan la participación ciudadana, restringen la libertad de expresión y generan un clima de zozobra y represión. En un contexto de polarización política y crisis humanitaria, es fundamental que los procesos electorales se desarrollen con plenas garantías de participación ciudadana, respeto a los derechos humanos y transparencia. Representantes de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que siguieron el proceso señalan preocupaciones sobre la transparencia del proceso, como el Centro Carter; exigen la transparencia del proceso lo antes posible con la liberación de las actas por parte del CNE, en el sentido de dar mayor transparencia al proceso, que contó con una amplia y decidida participación pacífica por parte de los venezolanos. En el mismo sentido, se dio la manifestación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas – ONU, quien elogió al pueblo venezolano por su determinación de expresar su voluntad pacíficamente a través de las urnas y solicitó transparencia total, alentando la publicación oportuna de los resultados electorales y su desglose por colegios electorales. De igual forma, gobiernos de países como: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Unión Europea y Uruguay abogan por la transparencia y el reconteo de votos. RedLad reconoce y agradece cada uno de sus pronunciamientos, así como el apoyo y solidaridad para con el bravo pueblo venezolano. Así mismo, invitamos a otros países demócratas a pronunciarse en favor de la transparencia y la democracia plena. Redlad expresa de manera contundente que: Es esencial que prevalezca la transparencia, para lo cual se requiere de un proceso de verificación, conteo de votos y actas electorales con veeduría internacional que garantice el respeto por la voluntad popular expresada durante la jornada electoral. Invitamos a la comunidad internacional a expresar su solidaridad y acompañamiento a los venezolanos; instamos en particular a la ONU y la OEA a seguir desarrollando acciones públicas concretas que propendan por la democracia plena en la región. Queremos resaltar que el oficialismo en Venezuela se ha mantenido durante 25 años en el poder, llevando al país y a su pueblo a una crisis sin precedentes que ha causado la migración de casi de 8 millones de ciudadanos que conforman
OCC IMPULSA LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA CON TALLER VIRTUAL PARA MÁS DE 119 PARTICIPANTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Con la participación de más de 119 personas, de al menos 19 países, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) desarrolló un Taller de Lenguaje Inclusivo, dirigido a las organizaciones que lo integran y sus alianzas a fin de fortalecer sus capacidades en este tema. Esta iniciativa es parte del fortalecimiento de la comunicación, la incidencia y el trabajo poblacional para promover la igualdad y la diversidad en América Latina y el Caribe desde el Learning Hub de Redlad. Durante la jornada se proporcionaron herramientas y estrategias concretas para implementar el lenguaje inclusivo en la comunicación diaria, así como guías, ejemplos prácticos, reglas y conceptos básicos que buscan disminuir acciones verbales del lenguaje actual que resultan ser discriminantes en distintas realidades sociales. El taller que se realizó de forma virtual permitió la participación de diversas organizaciones y personas interesadas en aprender y compartir prácticas efectivas de comunicación inclusiva. La agenda del taller incluyó temas como la redacción inclusiva y la importancia de los grupos poblacionales en las acciones del OCC, abordados por personas expertas en el campo del lenguaje inclusivo. Diana Silva destacó que “colectivamente identificamos la necesidad de seguir abordando este tema, pues es fundamental mirar qué tan útil e importante es para nuestro trabajo el manejo del lenguaje inclusivo”.Durante su partición, Karina Kalpschtrej, explicó que “si el lenguaje construye realidades, un nuevo uso del lenguaje es crucial para crear un espacio más inclusivo”. Durante el taller, Emmeril Morales, activista asexual y no binarie, afirmó que “si algo tiene una forma de decirse en femenino y masculino, entonces tiene una forma de neutralizarse”. Jota Vargas, licenciada en Derecho, compartió ejemplos de países como Colombia, donde se ha implementado el lenguaje inclusivo en las instituciones gubernamentales, demostrando que este cambio es necesario para garantizar la igualdad en todas las poblaciones. Mencionar que, durante su participación Natasha Jiménez, coordinadora en Mulabi, activista trans/intersex con más de 35 años de experiencia en derechos LGBTIQ+, destacó cómo ha evolucionado el lenguaje a través de los años y Jessica Pavón, periodista hondureña y coordinadora del componente de incidencia y comunicaciones del Observatorio Ciudadano de Corrupción, dio a conocer ejemplos puntuales del uso correcto de términos que forman parte de la vida cotidiana y que son incluyentes. En el marco de esta iniciativa, el OCC también ha realizado cambios tecnológicos en su sitio web para que todas las personas puedan navegar sin importar si sufren dificultades visuales o auditivas, ya que se han integrado cambios que permiten escuchar los textos, cambiar los tamaños y contrastes del sitio, puede navegar en: https://occ-america.com/sobre-occ/#OCC/#FCA/#redlad/#pp/#org
EL SALVADOR POR SEGUNDA VEZ EN LA LISTA DE VIGILANCIA DEL MONITOR CIVICUS:
El espacio cívico en El Salvador está viendo graves desafíos y retrocesos en medio de un régimen de excepción que fue prorrogado por 28a vez el 9 de julio por el Congreso salvadoreño, el cual está compuesto mayoritariamente por el partido oficialista, Nuevas Ideas. La declaración de este régimen de excepción hace parte de las estrategias de Bukele en materia de seguridad para combatir a las pandillas y fue instaurado por primera vez por el mandatario el 27 de marzo del 2022. El estado de excepción está contemplado en la constitución salvadoreña y tiene una duración de un mes. Dado que esta medida suspende libertades civiles y derechos constitucionales es necesario que la Asamblea Nacional apruebe su prórroga. Actualmente, a pesar de los graves cuestionamientos y las violaciones de derechos humanos, el régimen de excepción se ha normalizado y se sigue aprobando. Desde la primera llegada al poder de Nayib Bukele en el 2019, las personas periodistas, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado a un entorno violento, lleno de campañas de desprestigio y discursos estigmatizantes que en su mayoría han provenido de las autoridades. Debido a esta situación, El Salvador fue incluido en la lista de vigilancia del monitor de CIVICUS por primera vez en marzo de 2022. Sin embargo, las restricciones a libertades cívicas se intensificaron en el 2023, generando que este año fuera uno de los peores años para la libertad de expresión desde que Bukele llegó al poder. De acuerdo con el Informe Sombra sobre Libertad de Prensa en América Latina (2024) presentado por Voces del Sur, en dicho año hubo un aumento del 391.5% de las alertas de ataques en relación con los datos documentados en el 2022. Ahora, tras una reelección de Bukele en febrero de 2024, bastante cuestionada y que evidenció una vez más la popularidad de la que goza el mandatario, quien ganó con más del 85% de los votos, El Salvador vive un panorama de incertidumbre en relación con las libertades cívicas. Organizaciones como la Asociación de Prensa de El Salvador (APES) han reportando que continúa un ambiente hostil y restrictivo perpetrado principalmente por funcionarios públicos contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el cual se intensificó durante el periodo electoral tanto en las elecciones presidenciales en febrero del 2024 como durante las elecciones municipales en marzo del mismo año. A lo anterior se le suma la perpetuación de políticas de seguridad que contravienen los derechos humanos y cuya sostenibilidad y efectividad son inciertas, tal como lo ha sido el régimen de excepción, durante el cual se han denunciado y se siguen investigando prácticas de tortura, tratados degradantes, muertes y negligencia por parte del poder judicial. De acuerdo al más reciente informe entregado por la organización Cristosal “El Silencio no es opción: investigación sobre práticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción” (2024), esta política ha tenido un costo humano muy alto, impactando especialmente a poblaciones vulnerables como las mujeres privadas de la libertad, niñas y niños que han quedado en situación de desprotección debido a estas detenciones arbitrarias en masa, mujeres cuidadoras y buscadoras de justicia, y personas LGBTIQ+. A su vez, las denuncias por muerte, violaciones de derechos humanos a personas privadas de la libertad y derechos laborales de las mismas fuerzas de seguridad no cesan, lo que deja entrever que instituciones como la Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y el sistema judicial no han brindado las garantías necesarias para tratar estos casos respetando el debido proceso y los derechos humanos. Esta situación de grave violación a derechos humanos es la que ha llevado a que El Salvador entre por segunda vez a hacer parte de la lista de vigilancia de monitor CIVICUS, lanzada el 10 de julio del 2024, junto a países como Kirguistán, Malí, Palestina y Tailandia. Esta lista de vigilancia busca llamar la atención de la situación en países donde su espacio cívico ha presentado graves y rápidas desmejoras en los últimos meses. De igual manera, al incluir a este país, el monitor de CIVICUS y desde Redlad se busca hacer un seguimiento de cerca la evolución de las libertades cívicas, apoyar y mantener una comunicación constante con las organizaciones salvadoreñas con el fin de poder conectar lo local con lo global y así resaltar esta situación en instancias regionales e internacionales.
Observatorio ciudadano de corrupción realizará taller de lenguaje inclusivo para fortalecer la comunicación y promover el respeto y la diversidad
El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) desarrollará un Taller de Lenguaje Inclusivo el 17 de julio de 2024, dirigido a las organizaciones que lo integran y sus aliados. Esta iniciativa es parte del Learning Hub de Redlad y busca el fortalecimiento de la comunicación, la incidencia y el trabajo poblacional para promover la igualdad y la diversidad en América Latina y el Caribe. El taller busca sensibilizar y capacitar a las personas participantes en el uso de un lenguaje inclusivo que promueva la igualdad y el respeto por la diversidad. Durante la jornada se proporcionarán herramientas y estrategias concretas para implementar este tipo de lenguaje en la comunicación diaria, en el marco de la fase 2 de las acciones del OCC. El evento se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, facilitando la participación de diversas organizaciones y personas interesadas en aprender y compartir prácticas efectivas de comunicación inclusiva. La agenda del taller incluirá temas como la redacción inclusiva, la importancia de los grupos poblacionales en las acciones del OCC, y se proporcionarán herramientas concretas para implementar un lenguaje que promueva la igualdad y el respeto por la diversidad. Las y les panelistes son personas con gran conocimiento y experiencia en el uso y aplicación del lenguaje inclusivo, entre elles participan Emmeril Morales, activista asexual y no binarie trans, fundador de AceAroCR en Costa Rica; Jota Vargas, licenciada en Derecho, especializada en Derechos Humanos y Género, con experiencia internacional en derechos LGBTIQ+; Diana Silva, Coordinadora de proyectos de REDLAD; Karina Kalpschtrej, Directora ejecutiva adjunta de Poder Ciudadano Argentina; Natasha Jiménez, Coordinadora en Mulabi, activista trans/intersex con más de 35 años de experiencia en derechos LGBTIQ+ y Jessica Pavón, periodista hondureña y Coordinadora del componente de Incidencia y Comunicaciones del Observatorio Ciudadano de Corrupción. El taller se desarrollará en los siguientes horarios:• 8:00 am: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México• 9:00 am: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú• 10:00 am: Bolivia, República Dominicana• 11:00 am: Argentina, Chile, Brasil (Río de Janeiro-São Paulo) Con esta iniciativa, el OCC reitera su compromiso de crear espacios donde todas las voces sean escuchadas y valoradas, contribuyendo así a construir sociedades más justas y transparentes en América Latina y el Caribe. Las personas interesadas en participar en el taller pueden inscribirse completando el formulario en el siguiente enlace: Formulario de inscripción: https://bit.ly/4eQej53
Redlad expresa profunda preocupación por el proyecto de ley de control y transparencia para las ONGs en Paraguay
Bogotá, Colombia – 15 de julio de 2024 La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), integrada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil de la región, manifiesta su profunda preocupación por el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, actualmente en discusión en el Congreso de Paraguay. Consideramos que este proyecto, si se aprueba en su forma actual, podría tener graves consecuencias para el trabajo de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Paraguay, afectando negativamente su autonomía, independencia, capacidad operativa y, en última instancia, su rol fundamental en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia, así como su contribución al bienestar social. Sobre esta propuesta de ley, el legislador Eduardo Nakayama, manifestó que, “aquí con esta pretendida Ley con el texto que se tiene, vamos a atentar en contra de los pactos y convenios firmados y ratificados a nivel internacional por la República del Paraguay exponiendo a nuestro país ante sanciones que pueda recibir”. Los principales puntos de preocupación son: ● Excesivo control estatal: El proyecto impone requisitos de información excesivos y onerosos, obstaculizando la gestión y el acceso a financiamiento de las OSFL. Se impone un registro obligatorio en el Ministerio de Economía y Finanzas sin procedimientos definidos, lo que permite la discrecionalidad y la imposición de restricciones arbitrarias. ● Medidas confiscatorias: El proyecto pretende que el Estado se apropie de recursos privados de las OSFL, centralizando su administración en el Ministerio de Economía y Finanzas, atentando contra la autonomía e independencia de estas organizaciones. ● Sanciones desproporcionadas: Se establecen sanciones excesivas e indefinidas para personas físicas y jurídicas vinculadas a las OSFL, aplicables a cualquiera que cuente con un rol de supervisión o que conduzca la administración interna de una OSFL. Se buscan establecer multas excesivas, suspensiones e incluso disolución, sin un debido proceso ni garantías legales. ● Falta de consulta y participación: El proyecto ha sido impulsado sin un proceso de consulta y participación abierto y transparente con las OSFL, quienes serían las principales afectadas por la ley. En este sentido, Redlad hace un llamado a: ● Los/as legisladores/as de Paraguay: A reconsiderar el proyecto de ley en su forma actual y abrir un espacio de diálogo genuino y transparente con las OSFL para construir un marco regulatorio que promueva el control efectivo, la rendición de cuentas y el buen gobierno sin menoscabar la autonomía, independencia y el impacto social de las organizaciones sin fines de lucro. ● La comunidad internacional: A prestar atención a esta situación y apoyar a las OSFL paraguayas en su defensa del derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de la sociedad civil. En defensa de una sociedad civil fuerte y vibrante: Las ONGs son actores fundamentales en la construcción de democracias fuertes y resilientes. Su trabajo en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y la participación ciudadana es invaluable para el bienestar de las sociedades. Redlad hace un llamado a la comunidad internacional y a todas las personas comprometidas con la democracia y los derechos humanos en Paraguay a sumarse a la defensa de las OSFL y a exigir un marco legal que las fortalezca, no que las asfixie. La sociedad civil es parte de la construcción de espacios cívicos que permiten atender poblaciones vulnerables. Redlad reitera su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el rol fundamental de la sociedad civil en la construcción de sociedades justas y equitativas.
Redlad da la bienvenida a su nueva Directora Ejecutiva, Angela Carrillo
Nos complace anunciar la incorporación de Angela Carrillo a nuestro equipo como la nueva Directora Ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad). Angela es economista con un MBA y una Maestría en Finanzas, y cuenta con una destacada trayectoria en la gestión de organizaciones y proyectos sociales en los sectores público y privado. Su experiencia incluye el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de cooperación internacional, en los que ha demostrado una sólida orientación al logro y habilidades estratégicas. Ha trabajado en organizaciones como Bastion Life, USAID, el Programa Mundial de Alimentos, la Universidad de los Andes, entre otras, liderando equipos y gestionando relaciones con donantes e instituciones clave. Además, Angela posee un alto nivel de dominio del inglés, habilidades estratégicas y una notable capacidad para establecer relaciones efectivas. Su incorporación representa un significativo impulso para nuestra misión de promover la democracia en la región. Estamos plenamente convencidos de que, bajo su liderazgo, Redlad continuará creciendo y consolidando su impacto en la promoción de los valores democráticos, construyendo un futuro más justo y equitativo para todes en Latinoamérica y el Caribe. ¡Le damos una calurosa bienvenida a Angela Carrillo y le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto! En conjunto seguiremos trabajando incansablemente para fortalecer la democracia en nuestra región. ¡Bienvenida a la familia Redlad, Angela!
