Una CIDH con personas idóneas
Durante la 49° Asamblea General de la OEA, que se realizará en Medellín, se elegirán cuatro nuevos integrantes para ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son cuatro las plazas que deberán renovarse y ya hay varios candidatos y candidatas propuestos por Colombia, Guatemala y Perú. Bolivia decidió retirar a la personas que había propuesto. Quienes culminan su mandato en la CIDH este próximo 31 de diciembre de 2019 son: Esmeralda Arosemena de Troitiño, Margarette May Macaulay, Francisco José Eguiguren Praeli, y Luis Ernesto Vargas Silva. Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica) como Esmeralda Arosemena de Trotiño (propuesta por Panamá) se han presentado para la reelección. Los nombres de los nuevos candidatos son: Edgar Stuardo Ralón Orellana (propuesto por Guatemala), Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Julissa Mantilla Falcón (propuesta por Perú). La CIDH es una de las instituciones más importantes en la protección de derechos humanos, para muchas personas ha sido una gran aliada cuando de buscar justicia y reparación se trata, junto con la Corte IDH. Por eso es fundamental que las personas que se elijan para ser comisionados y comisionadas tengan un profundo compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y del propio Sistema Interamericano, y asimismo sean totalmente independientes y autónomos del poder político de sus países de procedencia. Lo anterior, así como la experiencia y conocimientos sobre las temas que aborda la CIDH, serán objeto de análisis y evaluación por un panel independiente de expertos. Pese a que el cargo de comisionado o comisionada es de esencial importancia para el ámbito interamericano, su proceso de selección sigue siendo poco transparentes para la sociedad civil. Es así como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para un Debido Proceso (DPLF) y la Open Society Initiative (OSJI) se unieron para conformar el mencionado panel independiente que evaluará cada una de las candidaturas presentadas; conformado por Carlos Ayala, Mariclaire Acosta, Catalina Botero, Juan Méndez y Judith Schönsteiner. La secretaría del panel estará a cargo del Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law (CDH&DH). El día 21 de mayo en Washington, las organizaciones que impulsan el panel, junto con el Interamerican Dialogue, invitaron a las personas candidatizadas para estar presentes en un foro público. En este foro, los y las candidatos/as participaron en una discusión y respondieron preguntas del público sobre los retos que enfrentan los derechos humanos en las Américas y cómo la CIDH puede responder más efectivamente a éstos. Al foro no asistieron ni la actual comisionada Margarette May Macaulay, que se disculpó por temas de agenda, ni el candidato propuesto por Colombia, Everth Bustamante. Para REDLAD este tipo de ejercicios públicos de discusión son fundamentales, es por ello que exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil del continente, y en especial de los países de procedencia de las personas candidatas, para que comenten y envíen sus observaciones sobre sus hojas de vida. Finalmente, para el viernes 7 de junio será presentado el informe final del panel de expertos y expertas en un evento en Washington en la American University.
Balance positivo del IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas
*Este artículo es un texto original producido por los organizadores del evento el cual replicamos y sólo agregamos alguna información sobre nuestra participación. Finalizó con gran éxito el IV Encuentro de Liderazgo Políticos LGBTI de las Américas en la ciudad de Bogotá, Con la participación de más de 400 personas LGBT se realizó la cita con la democracia y la igualdad. Caribe Afirmativo, uno de sus organizadores, es miembro de REDLAD. Asimismo, nuestro directora ejecutiva, Gina Romero, moderó el panel “Ciudades amigables para personas LGBTI”. Entre el 16 y 18 de mayo de 2019 se reunieron líderes, lideresas, cargos electos y de gobierno para dialogar e intercambiar experiencias de liderazgo político y participación ciudadana como herramienta para avanzar hacia la igualdad. Fueron 3 días con diferentes actividades, conferencias y paneles para conversar sobre: incidencia política, construcción de paz, medios de comunicación, migración y refugio, derechos económicos, sociales y culturales, empresas y derechos humanos, derechos de personas afro e indígenas LGBTI, liderazgo de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y crisis democráticas en la Región. El Encuentro contó con la participación de 242 mujeres lesbianas, bisexuales y trans y 150 hombres gays, bisexuales y trans. Este año, se constituyó como la reunión más grande de personas trans, gracias a la presencia de 75 personas trans de las Américas. Asimismo, de las personas LGBTI participantes, 46 se reconocieron como personas afrodescendientes y 10 como personas indígenas. Durante los tres días de encuentro, 43 cargos electos y 23 cargos de representación política compartieron sus ejercicios de participación política. De todas las personas asistentes, 356 se identificaron como miembros de partidos políticos -de izquierda, centro y derecha-. Además, cabe mencionar que 56 personas habían participado en las versiones anteriores del Encuentro y para el resto fue su primera vez. Finalmente, este Encuentro tuvo una gran representación regional, contando con líderes, lideresas, organizaciones y cargos electos y de gobierno de 42 países de las Américas: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela, México, Estados Unidos y Canadá. Como países invitados, participaron países europeos -como Noruega y Dinamarca- y del continente africano -como Guinea Ecuatorial-. Finalmente, algunos aspectos importantes para destacar son: La participación de congresistas de 13 países (Canadá, EEUU, México, El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia, Antigua y Barbuda, y Belice) en una audiencia pública en el Congreso de Colombia, presidida por Mauricio Toro, primer congresista abiertamente gay de Colombia. El intercambio de experticias por parte de 6 alcaldes y 18 concejales provenientes de Canadá, EEUU, México, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia; con la Alcaldía distrital de Bogotá. La participación activa de activistas de Venezuela y Nicaragua, que en paneles especializados discutieron los retos que como movimiento LGBT tienen en esos países. La realización de tres talleres sobre: (i) construcción de alianzas parlamentarias, (ii) diseño de campañas y (iii) sobre hacer frente a las políticas anti-derechos, a través de herramientas de construcción colectivas con las personas participantes.
Misión de Observación Electoral Panamá 2019
Transparencia Electoral y REDLAD desarrollaron una Misión de Observación Electoral en el marco de las elecciones generales celebradas este domingo. Las actividades se realizaron desde el jueves 2 de mayo hasta el final de la jornada electoral el día 5 de mayo. El día de ayer el grupo recorrió desde tempranas horas de la mañana distintos centros de votación. A lo largo del día pudieron ser testigos de un proceso correcto, en el que no se presentaron inconvenientes importantes. De hecho, los miembros de la misión resaltaron el clima de tranquilidad que se vivió durante toda la jornada. Finalmente, cerca de las 11:00 de la noche, el magistrado presidente del TE, Heriberto Arauz, anunció la victoria de Laurentino Cortizo, de la Alianza «Uniendo Fuerzas». Recordemos que la delegación de Transparencia Electoral y REDLAD empezó las actividades el pasado jueves, con una reunión con la Comisión de Justicia y Paz. Posteriormente celebraron un encuentro con la Dra. Arlene Calvo, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana. A continuación, Juan Carlos Pérez, asistente del Magistrado Eduardo Valdés, hizo una breve exposición sobre la última reforma electoral. Para finalizar, realizaron una reunión con el Coordinador General de la Red de Jóvenes por la Democracia, Jatzel Román, y anunciaron que Transparencia Electoral y esta organización firmarán un convenio marco de colaboración. REDLAD y Transparencia Electoral quieren reconocer el buen desempeño del Tribunal Electoral durante todo el proceso, y el carácter cívico y democrático de los ciudadanos que acudieron a las urnas para escoger a sus autoridades. Nota original en Transparencia Electoral.
ALERTA: lideresa afrocolombiana en peligro
Foto: Cauca extremo 5 de mayo de 2019 La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) manifiesta su profunda preocupación por la seguridad de la lideresa afrocolombiana Francia Márquez, Premio Medioambiental Goldman 2018. El día cuatro (4) de mayo del presente año sufrió un atentado contra su vida cuando se encontraba en una reunión con líderes y lideresas comunitarios del municipio de Santander de Quilichao en el suroccidente del país. “Como pueblo negro del Norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos con el Gobierno en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”, denunció la lideresa Francia Márquez a través de su cuenta de Twitter. Según algunas cifras oficiales en los últimos tres años ya van casi 300 líderes y lideresas asesinados en Colombia y otros cientos amenazados por su activismo en las regiones. Por lo anterior, desde REDLAD: Solicitamos al gobierno colombiano del presidente Iván Duque Márquez brindar toda la protección necesaria para los líderes y lideresas amenazados. Exigimos a las autoridades competentes de Colombia adelantar, de la manera más expedita posible, las investigaciones por los crímenes de líderes y lideresas sociales en el país, de tal manera que se castigue a los responsables. Solicitamos a las autoridades colombianas que protejan la vida de Francia Márquez y que lo más pronto posible establezcan la verdad de los hechos ocurridos el 4 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, a través de una investigación juiciosa y rigurosa. Instamos a la comunidad internacional y a la sociedad civil del continente a rodear a todos los líderes y lideresas de Colombia que están siendo amenazados.
Panamá: Misión de Observación Electoral en imágenes y en acción
Siguen avanzando las actividades de la Misión de Observación Electoral que hace presencia por estos días en las elecciones de Panamá y conformada por Transparencia Electoral y la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD). Durante los primero días los integrantes de dicha Misión sostuvieron reuniones con diferentes actores y funcionarios fundamentales dentro del proceso electoral panameño y asimismo asistieron a actividades centrales, organizadas por autoridades y expertos. Te invitamos a ver nuestro momento en Twitter con los tuits destacados de la Misión: REDLAD y Transparencia Electoral en #EleccionesPanamá.
TRANSPARENCIA ELECTORAL Y REDLAD DESARROLLAN UNA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES GENERALES
Transparencia Electoral y la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD) desarrollan una Misión de Observación Electoral en el marco de las elecciones generales de este próximo 5 de mayo. El grupo empezó las actividades este jueves, con una reunión con la Comisión de Justicia y Paz. Posteriormente celebraron un encuentro con la Dra. Arlene Calvo, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana. Ya en horas de la tarde, Juan Carlos Pérez, asistente del Magistrado Eduardo Valdés, hizo una breve exposición sobre la última reforma electoral. Para finalizar, realizaron una reunión con el Coordinador General de la Red de Jóvenes por la Democracia, Jatzel Román, y anunciaron que Transparencia Electoral y esta organización firmarán un convenio marco de colaboración. El día de hoy se esperan reuniones con los candidatos independientes Ricardo Lombana, Marco Ameglio y Ana Matilde Gómez. Se espera que el domingo los observadores visiten centros de votación durante todo el día, acompañen el cierre de mesas y luego participarán en una reunión de evaluación con CAPEL. Nota original en Transparencia Electoral.
Defendamos la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva 60 años defendiendo a la sociedad civil del continente ante cualquier abuso de poder o violencia ejercida ya sea por privados o por el Estado. Organizaciones, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos siempre hemos visto en la Comisión un gran aliado, es por esto que también es nuestro deber defenderla de cualquier acción que pretenda debilitarla o socavar su autonomía, independencia, credibilidad o sostenibilidad. Invitamos a todas las organizaciones o personas a que lean y firmen el siguiente comunicado: ACCIÓN: Embates al Sistema Interamericano de Derechos Humanos vulneran la protección regional de los DD.HH
Cosas buenas están ocurriendo en mi Perú
Foto: ANDINA/Norman Córdova Por: Eddie Cóndor Chuquirina* En las últimas semanas han ocurrido muchas cosas positivas en mi país, que el mundo no termina de comprender, por la sencilla razón de que no están preparados para valorar que cuando hay democracia un sistema de justicia opera con independencia institucional y autonomía funcional y, en ese marco, ninguna persona puede estar excluida de su alcance. Resulta raro y extraño, sobre todo fuera de Perú, apreciar que tenemos jueces y fiscales con voz propia y que no tienen reparos en defender sus decisiones públicamente. Más inaudito aun es, y sin precedentes en nuestra historia de país, que estos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción” tengan un respaldo social mayoritario de todas las sangres, del sector constructivo y democrático de la prensa y la academia informada y autocrítica. Una legitimidad social, que encuentra raíces y justificación en el marcado e histórico control político de la justicia durante estos 197 años de República, que nos está permitiendo avanzar en un proceso -macro- de lucha contra la corrupción; el que, si se afianza normativa e institucionalmente y crece en el tiempo, podría ser sin vuelta atrás. Este insólito proceso, denigrado cada día por políticos y sus operadores y aliados en la prensa empresa iglesia y otros ámbitos estratégicos, conforme avanza esclarece y desmitifica a algunos intocables. En esa medida, tiene en estrado judicial y, en el marco de un debido proceso, tras las rejas a la mayoría de la “clase política” peruana -de los últimos tiempos- acusados de corrupción. Estos positivos resultados, más allá de los necesarios debates sobre la presunción de inocencia el uso “excesivo” de la detención preventiva y la falta de sentencia firme, traen consigo, por las evidencias de sus vínculos con Odebrecht que obran en poder de los fiscales y jueces, el potente mensaje de la necesidad de profundizar y ampliar la lucha contra la corrupción en el país; que por ahora sólo ha alcanzado a ex presidentes, uno que otro ex ministro, ex alcaldes (de Lima) y candidatas presidenciales. Todo está sumando al inicio de la moralización de la política nacional, que dará paso a su renovación -ojalá total- por personas con visión y genuino compromiso de país. Pienso en los beneficios que podrían tener los sectores en situación de vulnerabilidad del Perú profundo, si esta lucha es llevada por el resto del sistema de justicia, con la firmeza de fiscales como Rafael Vela y José Pérez o jueces como Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez -todos integrantes del “sub sistema de justicia anticorrupción”- a las otras (además de Lima) regiones provincias y distritos. Se lograría, estoy seguro, que los miles y miles de millones de soles que dejen de percibir los corruptos, se inviertan en servicios básicos como educación, salud, medio ambiente, justicia, etc. Una tarea posible, sólo si afianzamos y limpiamos nuestras instituciones contraloras, ampliamos la conciencia social anticorrupción, elegimos bien y les exigimos una oportuna y objetiva rendición de cuentas a los políticos en gobierno. Gracias al “sub sistema de justicia anticorrupción”, además, la mayoría de peruanos está repensando la importancia de una vida en democracia. Millones hoy, han iniciado un proceso de revalorización del papel de jueces y fiscales en el control al poder político. Aun no lo perciben así, pero se deduce de sus multitudinarias marchas pacíficas, algunas de las cuáles hice parte en diciembre último, y persistentes opiniones en redes sociales y algunas encuestas a favor del país, respecto a lo que les ocurre a los últimos cuatro ex presidentes; todos acusados de corrupción. Están entonces desfasadas y conspiran contra lo que le conviene a mi Perú, aquellas miradas nostálgicas de poder, de quiénes creen y afirman que vivimos una dictadura judicial. Que hay víctimas de un linchamiento mediático y que no rigen las reglas que hacen a un debido proceso. Es difícil aprender a vivir en democracia. Los intereses supremos de un país, sin importar de cuál se trate, deben ser vivir sin corrupción, con menos gobierno y más instituciones, con ciudadanos que controlan a sus gobernantes; pero sobre todo con jueces y fiscales que están en condiciones de anteponer sus intereses a los de su país. Esto empieza a pasar en mi Perú y lo celebro desde el Sur. * Jurista, abogado y activista peruano radicado en Bolivia.
La CIDH es autónoma
El día martes 23 de abril el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado en el que habla de una nota enviada el pasado 11 de abril a Paulo Abrâo, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y firmada además por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. Aunque el contenido de dicha nota aún no es público, la Cancillería chilena da algunas pistas en el mencionado comunicado. Nos preocupa que los Estados miembros del Sistema Interamericano estén cuestionando la autonomía e independencia de la Comisión con base en principios de soberanía nacional. Las constituciones políticas de la mayoría de los países del Hemisferio consideran a las normas e instituciones multilaterales como partes íntegras de sus andamiajes constitucionales. En un apartado del comunicado el gobierno chileno afirma que “la declaración considera que los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano”. Sin embargo, olvidan los Estados firmantes de dicha nota que en muchas ocasiones la ciudadanía de las Américas se ve obligada a recurrir al Sistema Interamericana porque sus casos, efectivamente, no se resuelven ni encuentran medidas de reparación. Es gracias al accionar independiente, autónomo y pertinente, tanto de la Corte IDH como de la Comisión, que muchas personas han podido encontrar algo de justicia. Solicitamos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay a que hagan público el contenido de la mencionada nota y a que colaboren de manera más diligente con el Sistema Interamericano. Asimismo, instamos a estos países y a los demás a que provean los recursos necesarios para que la Corte y CIDH funcionen en debida forma.
Organizaciones civiles de Nicaragua defienden su derecho a existir
Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de las Civilizaciones (Ginebra, Suiza). Foto: AFP Por: Activistas nicaragüenses Pese a las campañas de desprestigio, deslegitimación y cancelación de 9 personerías jurídicas en 2018, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por más de 100 organizaciones con presencia en todo el país, presentó en la 33va Presesión del Mecanismo Examen Periódico Universal (EPU), Cinco Recomendaciones sobre el Derecho a la Libertad de Asociación y el Ambiente Habilitante para las organizaciones de sociedad civil en el país. Nuestras organizaciones, entre cuyos roles ha estado y sigue estando la fiscalización de la gestión pública y la defensa de derechos de la ciudadanía, hemos sido atacadas y criminalizadas por el Estado de Nicaragua. Tal como se informó en 2017 en el CIVICUS Monitor, Nicaragua pasó de la calificación de obstruido el espacio cívico, hasta hoy que es Represivo para las organizaciones, y Cerrado para las 9 ONG que se nos canceló la personería jurídica en 2018. En 2014, el Gobierno de Nicaragua aceptó asegurar que las organizaciones de la sociedad civil fueran libres de expresar sus puntos de vista y opiniones, incluidas las garantías de sus derechos a la libertad de reunión, tal como lo recomendó Alemania. Asimismo, se ha censurado a las organizaciones de la sociedad civil para que no expresen sus opiniones libremente sobre las políticas del Gobierno, no implementando la recomendación dada por Países Bajos, y en cambio se ha cerrado programas de radios y medios de comunicación propios de las Organizaciones de Sociedad Civil. Solo algunos periodistas y medios de comunicación social, locales y nacionales, que aún sobreviven a la asfixia económica y a la violencia estatal, han sido las únicas vías para expresar libremente nuestros señalamientos sobre las políticas del Gobierno. El hostigamiento y la vigilancia permanente de los grupos para-estatales y de la Policía Nacional alrededor de nuestras oficinas y viviendas, esta campaña ha incluido el secuestro del personal para interrogatorios ilegales, violenta interrupción a nuestras actividades sin orden judicial, la violación del derecho al trabajo, y hasta el exilio forzoso de directivos/as y personal de estas organizaciones (como es mi caso). De modo que tampoco se implementó la tercera recomendación brindada por Italia. Recomendamos al Estado de Nicaragua incorporar como garantías mínimas las siguientes acciones Resolver favorablemente los Recursos de Amparo y por Inconstitucionalidad introducidos por las 9 ONG que fueron arbitrariamente despojadas de su Personalidad Jurídica restituyendo de esta manera sus bienes y el derecho de libertar de asociación. Reglamentar la Ley No. 147 sobre personas jurídicas sin fines de lucro con participación activa y efectiva de las OSC y sus plataformas de articulación. Eliminar las restricciones injustificadas sobre la libertad de asociación de la Ley No. 977 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de conformidad con los artículos 21 y 22 del PIDCP. Modificar la Ley No. 919 de Seguridad Soberana para garantizar el libre ejercicio del derecho a la reunión y movilización de conformidad con los artículos 21 y 22 del PIDCP. Suspender las presiones y restricción a los cooperantes internacionales, para que las ONG restituyan su derecho al acceso de los recursos financieros y poder desarrollar su trabajo en el país. Pese que el EPU no representa un mecanismo de denuncia ni condena internacional, evidencia la falta de compromiso de los Estados para mejorar en materia de Derechos Humanos. “Debemos de seguir presionando en todos los espacios internacionales para garantizar los Derechos Humanos en el país. El Examen Periódico Universal a diferencia de otros instrumentos es una evaluación sistemática, cada 4.5 años, de los Derechos Humanos que permite ir documentando los avances, los estancamientos o los retrocesos que tienen los Estados, y precisamente por esto es que es primordial”. Junto a las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua están participando de esta 33va Presesión del EPU, organizaciones de Republica Democrática del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Catar, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Albania, Portugal, Noruega, Bhutan, República Popular Democrática de Corea y Brunei Darussalam.