Por la memoria en Brasil: sí fue un golpe, sí fue una dictadura
Fotos: AP / ARQUIVO NACIONAL/CORREIO DA MANHÃ Por: Marcos Urupá Moraes de Lima* Las recientes declaraciones del presidente Jair Bolsonaro sobre los años de plomo que Brasil vivió nos muestran cómo su victoria representa un pensamiento sobre esos tiempos sombríos por los que el país pasó. El pasado 25 de marzo, Bolsonaro orientó al Ministerio de Defensa para que las unidades militares celebraran conmemoraciones a los 55 años del golpe que instauró una dictadura militar en Brasil un 31 de marzo de 1964. Según el presidente brasileño, “tenemos que conocer la verdad (…) ¿Y dónde usted vio una dictadura entregar el gobierno de forma pacífica? Entonces no hubo dictadura”. El capitán reformado en el Ejército dijo que hubo algunos “problemas” en el régimen que duró hasta 1985. Brasil tuvo una dictadura militar que duró unos largos 21 años; caracterizada por torturas, asesinatos, ataques a las libertades y violación sistemática de los derechos humanos. Las declaraciones de Bolsonaro significan reanudación de posiciones institucionales que recuerdan este régimen con nostalgia. Bolsonaro con dicha postura deja de reconocer a los cientos de muertos por el régimen. Según el sitio web Socialista Morena, la dictadura militar brasileña tiene a cuestas 434 víctimas fatales oficialmente reconocidas. Dicho sitio web hizo un levantamiento por edad entre los muertos y desaparecidos y descubrió que el 56% de ellos eran jóvenes que tenían menos de 30 años de edad. El 29%, o casi un tercio de los muertos y desaparecidos de la dictadura, tenían menos de 25 años. Jóvenes que los defensores del coronel Brillante Ustra, idolatrado por Bolsonaro, acusan de que pretendían implantar la “dictadura del proletariado” en el país y por eso fueron barbaramente torturados y ejecutados. El pasado 26 de marzo, el Ministerio Público Federal (MPF) reaccionó y contestó la recomendación infeliz del presidente. En una nota emitida por la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano, el MPF dice: “es incompatible con el Estado Democrático de Derecho festejar un golpe de Estado y un régimen que adoptó políticas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y cometió crímenes internacionales”. El MPF reitera además que el apoyo de la Presidencia de la República o de altas autoridades al golpe configura el crimen de responsabilidad, tipificado por el artículo 85 de la Constitución y por la Ley No. 1.079 de 1950. Desde la sociedad civil repudiamos esas “conmemoraciones” a un régimen de genocidio. La dictadura debe ser recordada como lo que fue y lo que significó. Resistiremos en nombre de todos aquellos y aquellas que cayeron luchando por la democracia en nuestro país. Sí fue un golpe, sí fue una dictadura. *Marcos es periodista y miembro de ANDI – Comunicação e Direitos, organización que hace parte del Foro Ciudadano de las Américas.
Solidaridad de la Coordinación Abya Yala con la Minga Indígena de Colombia
Foto: Colprensa La Coordinadora Indígena Abya Yala, que representa a varias organizaciones, nacionalidades y pueblos originarios del hemisferio, ha publicado un comunicado de solidaridad con las comunidades indígenas que en estos momentos están movilizándose y protestando por sus derechos en la región del Cauca, Colombia y exigiendo que el gobierno del presidente Iván Duque cumpla con los acuerdos que el Estado ya ha adquirido previamente con dichos pueblos. El comunicado completo de la Coordinadora se puede consultar y descargar haciendo clic acá.
Camino a la Asamblea General de la OEA 2019
Foto: Archivo OEA La próxima Asamblea General de la OEA se realizará en la ciudad colombiana de Medellín entre el 26 y el 28 de junio. Allí estaremos con varios miembros de la Red con el firme propósito de seguir incidiendo sobre los temas que más nos preocupan como sociedad civil y para avanzar en el seguimiento a los compromisos que, en versiones anteriores y sobre todo en la pasada Cumbre de Lima, hicieron los gobiernos que hacen parte del mencionado organismo. Asimismo, como ya lo hemos venido haciendo en Asambleas anteriores, habilitaremos espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre miembros de REDLAD y otras organizaciones, activistas y actores sociales de América Latina. A través de alianzas estratégicas seremos una vez la plataforma de discusiones sobre temas como: el estado del ambiente habilitante en los distintos países del hemisferio y la lucha anticorrupción y cómo esta afecta la materialización de los derechos humanos. También haremos parte de una coalición para participar activamente en el “Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad civil, los trabajadores, el sector Privado y Otros Actores sociales”, en la que junto con otras organizaciones analizaremos la coyuntura de nuestro continente y propondremos acciones concretas alrededor del tema central de esta 49° Asamblea General denominado “Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico”, propuesto por el gobierno anfitrión de Iván Duque el pasado 13 de marzo en el Consejo Permanente de la OEA. Invitamos a todos nuestros miembros y aliados a inscribirse a esta próxima Asamblea General. Si quieren conocer el proceso de inscripción hagan clic acá. ¡Nuestras voces estarán presentes en Medellín!
¿Qué está pasando en Nicaragua?
Foto: AFP RODRIGO ARANGUA Por: activista nicaragüense* En el segundo país mas pobre de la región después de Haití hay una normalidad tensa, con la oposición criminalizada y pocos prospectos de que las cosas mejoren. Nicaragua cumplió once meses en crisis este 18 de marzo. Una crisis provocada por la violencia asesina a la cual recurrió el régimen sandinista. Daniel Ortega, el guerrillero que ahora es Presidente y que de joven fue preso político, hoy tiene a más de 700 personas en las cárceles, arrestadas durante hechos de protesta. A muchas de ellas las acusan de lo mismo que lo acusaron a él alguna vez: terrorismo. Éstas se salvaron de las balas que mataron a más de 300 en durante 2018, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde el mes de octubre de 2018, no ha habido demostraciones de fuerza opositora en las calles. Lo que sí ha habido es una militarización de puntos donde podrían concentrarse personas a protestar. El gobierno aprovechó el mes de diciembre pasado y sus fiestas tradicionales para que las personas se distrajeran. Al iniciar el año, sin escenarios de una condición económica positiva, el gobierno anunció una reforma fiscal y en el sistema de seguridad social debido a la falta de recursos líquidos para seguir pagando el fiel aparato estatal de 160 mil personas. Este ha sido el cobro final a los bolsillos de los nicaragüenses, con mas de 300 mil empleos formales perdidos desde el inicio de la crisis. Ahora incluso los productos de consumo básico, que estaban exentos, pagarían impuestos, afectando a todos pero sobre todo más a los pobres. Aunque el gobierno insista en que todo “está normal” y al mismo tiempo llama a una mesa de diálogo con sectores representativos de la sociedad, hay mucha gente yéndose a Estados Unidos, Costa Rica u otros países vecinos para poder proveer comida en el plato de sus familiares. También hay estudiantes que se fueron “porque los tenían en una lista” o porque un sandinista los amenazó. No obstante, el único resultado de dicha mesa ha sido el cambio del régimen penitenciario de 150 personas. Pasaron de estar prisioneros en la cárcel a estar prisioneros en sus casas. Si bien no hay negociaciones fáciles, el gobierno de Ortega también ha demostrado que puede, cuando quiera, quitarle legitimidad. Es por esto que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Episcopal rechazan formar parte del proceso si se mantienen presos políticos. Quien ha decidido mediar, a pesar de todas las críticas, es el nuncio apostólico de Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag. El pasado sábado 16 de marzo la ciudad fue militarizada por completo, ante la convocatoria de la Unidad opositora a una marcha en el centro de Managua, la cual no logró darse por los casi 170 arrestos que ocurrieron durante la jornada. Dichos arrestos fueron vistos como un acto más de resistencia ciudadana y tuvieron que ser liberados unas horas más tarde debido a la presión mediática, ciudadana y de sectores de la sociedad civil tanto al interior del país como por fuera. La realidad es que las demandas ciudadanas, hoy por hoy, han evolucionado y se mantienen: libertad para los presos políticos, justicia real y efectiva, garantías de no repetición y una reforma electoral integral con elecciones adelantadas. *Decidimos no revelar el nombre de la persona que escribió este texto por su seguridad.
Nicaragua: un grito por la libertad
Mientras se querían manifestar para exigir la liberación de los presos políticos, los nicaragüenes fueron reprimidos por policías y antimotines. LA PRENSA/Uriel Molina Nicaragua está desde hace casi un año en una crisis profunda a la que la comunidad internacional y la misma sociedad civil de la región no le ha prestado la atención que se merecen. Hemos sido pocas la voces que han estado monitoreando y alertando sobre la violencia política de la cual es víctima día a día su ciudadanía. La agenda informativa ha estado copada por Venezuela, país en el que las personas también están librando una lucha frontal contra el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos de parte de gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Sin embargo, como defensores y defensoras de las libertades no podemos supeditar la visibilización de unas luchas por otras. El pasado sábado 16 de marzo régimen autoritario de Ortega no sólo reprimió la protesta social, una vez más como siempre, sino que esta vez la fuerza pública nicaragüense fue más allá y arrestó más de un centenar de personas, entre ellas menores de edad, que estaban apostadas en las calles del país. La situación actual de Nicaragua no da más, los derechos humanos son sistemáticamente violados y el gobierno está recorriendo idénticos caminos de represión que los de Maduro en Venezuela, sino es que peores. Desde REDLAD instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar la Carta Democrática Interamericana y a contemplar las sanciones debidas de parte los países miembros de dicho organismo. También solicitamos a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) a tomar las decisiones necesarias para intervenir en la situación de violencia política que vive el país y, sobre todo, a garantizar el derecho a la migración y refugio de los nicaragüenses que están huyendo. Como plataforma de organizaciones defensoras de los derechos humanos expresamos nuestro más profundo rechazo al accionar del gobierno Ortega y nos solidarizamos con la sociedad civil, organizaciones y activistas que están siendo perseguidos por ser críticos del régimen.
8M: una invitación a revisarnos y plantearnos nuevos desafíos en la región ante las violencias de género
Foto: Archivo Congreso de Morelos Por: Laura Becerra – DECA, Equipo Pueblo* El Día Internacional de las Mujeres, siempre nos convoca a la reflexión colectiva, al balance de lo que hemos conseguido para erradicar las brechas de género, la exclusión y discriminación en todos los ámbitos de la vida, particularmente el referido a la participación política, que es inhibida de manera sistemática, muchas veces a través de la violencia. Por la vigencia y gravedad del problema, hoy queremos recordar los hechos, las medidas e instrumentos que se han producido desde los espacios multilaterales, asumidos por los Estados, particularmente en nuestra región de América Latina, donde la incansable lucha de las feministas y de los movimientos de mujeres, han sido fundamentales. La larga trayectoria de las mujeres en el mundo y la región para hacerle frente a las distintas modalidades de la violencia de género, han dado lugar a diversas iniciativas e instrumentos internacionales que los Estados de la región han adoptado, dirigidos hacia la equidad, el ejercicio de derechos de las mujeres, incluyendo el de la participación política, sin ser objeto de descalificaciones y/o agresiones. Según la CEDAW la expresión “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.[1] La violencia contra las mujeres en el ámbito político posiblemente ha existido desde el mismo momento en que entraron al espacio público, pero es hasta hace muy poco tiempo que se ha reconocido su existencia y se han visibilizado otras formas de violencia de género que apenas se están “desnaturalizando”, como violencia que experimentan las mujeres en diverso ámbitos (relaciones de pareja, espacios educativos o públicos…). La violencia política se entiende: “como todas aquellas expresiones físicas, verbales o simbólicas ejercidas por personas, grupos o instituciones que tengan por objeto el detrimento o perjuicio de cualquier persona, grupo o institución que por razones de cualquier relación de poder político, impliquen un obstáculo para el ejercicio de los plenos derechos políticos establecidos legal y legítimamente.” (Talancón, Jaime) La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, sexual, moral, patrimonial, económica y/o hasta feminicida. Hoy el balance indica que aún no se logra revertir la discriminación de las mujeres; las desigualdades que mantienen las brechas de género; la violencia de género sigue siendo una afrenta inadmisible y la equidad en la participación política –entre hombres y mujeres– está muy lejos del 50-50 (leyes de cuotas) que muchos países de América Latina han colocado como horizonte o desafío. En el 2015 –en el tiempo en el que se debatía la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible-, ONU Mujeres lanzó la iniciativa: DEMOS EL PASO por la igualdad de género, por un planeta 50-50 en 2030. ¡Ahora es el momento! Lograr un mundo en el que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos de aquí a 2030. DEMOS EL PASO pedía a los gobiernos realizar compromisos nacionales para poner fin a la brecha en la igualdad de género, desde leyes y políticas hasta planes de acción nacional e inversiones adecuadas; asumiendo compromisos para abordar las dificultades que impiden progresar a las mujeres y las niñas y alcanzar su pleno potencial. En la Segunda Reunión de Expertas, convocada por la Comisión para la Integración de la Mujer (CIM) de la OEA, sobre violencia política contra las mujeres (2016), se expresó que ante la magnitud que está alcanzando este tipo de delitos, las participantes evaluaron que sea validada una ley modelo para eliminar la violencia política contra las mujeres. Particularmente destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, (asumida en septiembre de 2015 en la ONU) que no solo incorporó el Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS 5 para Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, sino que compromete a la Agenda –con sus 17 ODS- a la trasnversalidad de género para alcanzar la igualdad. Entre las seis metas de ese Objetivo, destaca la 5.5 que prevé “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.” Además de la 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Adicionalmente, en octubre de 2016, en Uruguay, los países de América Latina y el Caribe aprobaron la Estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la región al 2030, que sin lugar a dudas es el principal resultado de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por CEPAL. La Estrategia de Montevideo comprende 10 ejes para la implementación de la agenda regional de género con un total de 74 medidas. Es una agenda que engloba todos los compromisos asumidos por los Gobiernos de América Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, y la igualdad de género, desde la primera Conferencia Regional realizada en la Habana en 1977 hasta la actualidad. Dicha Estrategia, reconoce que para alcanzar la igualdad de género es preciso superar nudos estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en América Latina y el Caribe. Entre ellos, la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Siguiendo los compromisos, recordamos que el tema central del Día Internacional de la
EN NUESTRAS PROPIAS VOCES
Natasha en Costa Rica, Arianne en Chile, Yimene en Honduras y Molvina en Perú nos cuentan sus historias.
MUJERES: LAS VOCES DE AMÉRICA
Foto: CC BY-SA 4.0 / Mídia NINJA / #NiUnaMenos • 25/10/2016 • Rio de Janeiro RJ Editorial REDLAD Un país no se puede preciar de ser democrático si sus mujeres no son libres, autónomas y respetadas. Desafortunadamente en nuestro continente todavía hay rincones y sociedades donde las mujeres siguen siendo maltratadas y relegadas, sobre todo en los espacios públicos, aunque no puede negarse que en las últimas décadas ha habido avances tremendamente importantes gracias a los movimientos de mujeres y feministas que hoy se esparcen por toda América. Sin embargo, los índices de violencia de género siguen en alza, según varias fuentes y estudios oficiales de organismos internacionales. Como el de la CEPAL que en sus últimos informes afirma que “para 19 países de América Latina y el Caribe muestra un total de 2.559 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en 2017. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas por feminicidio en este año. Los datos de 2016 y 2017, muestran que El Salvador (10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tabago (3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2) son los países con mayor prevalencia de feminicidios en la región. En América del Sur, la mayor prevalencia se observa en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100.000 mujeres”. Lo anterior es una muestra clara de que todavía nos falta mucho por avanzar y que todavía hay muchas luchas que siguen vigentes, hoy más que nunca. Es por eso que desde REDLAD no bajamos la guardia y hemos priorizado a las mujeres, y sus distintos contextos, como un grupo poblacional fundamental de nuestro trabajo. Siempre buscamos que nuestros proyectos tengan sí o sí un enfoque de género y con el propósito firme de reivindicar y defender sus derechos en cualquiera de los países que hacemos presencia. Asimismo, sentimos gran orgullo de poder decir que más un 40% de nuestro Consejo Coordinador está compuesto por mujeres que trabajan todos los días desde sus países por hacer de nuestra región un lugar mejor. Gracias Marta Gaba en Argentina, Sarah Castrillo en Costa Rica, Patricia Gálvez en Ecuador, Aixa Armas en Venezuela, y por supuesto a Gina Romero en Colombia, nuestra directora ejecutiva. También a todas las otras mujeres que son miembros de nuestra Red; sus luchas nos hacen mejores, nos dan sentido como plataforma. A pesar de la vicisitudes tenemos muchas cosas que resaltar por lo que a través de nuestro especial “Mujeres: las voces de América” queremos visibilizar a distintas realidades. Dicho especial que les invitamos a leer, ver y escuchar contiene la voces de personas que nos relatan sus formas de verse en la sociedad civil y sobre todo nos muestran las muchas formas que existen de ser MUJERES. Esperamos que sirva de reflexión en este nuevo #8M.
Cosas de mujeres
Las mujeres ENIAC: Patsy Simmers, Mrs. Gail Taylor, Milly Beck y Norma Stec. Foto: IMAGEN VÍA HTTP://EXPLOREPAHISTORY.COM Por: Marta Gaba* Después de mucho pensar y repensar, decidí escribir un artículo para el Día de la mujer desde el lugar que manejo: las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como herramienta de innovación y transformación. Mi perspectiva de la cuestión se vincula íntimamente con la apropiación que las mujeres pueden hacer de la tecnología, toda vez que ésta es una herramienta, un medio, un instrumento del cual pueden servirse para mejorar su calidad de vida e interactuar, vincularse y relacionarse con sus semejantes en un entorno sustentable. Comencemos, entonces, poniéndonos en contexto. Las cuestiones de género no son un “asunto de mujeres” y los temas referidos a diversidad son demasiado amplios para caber en mentes pequeñas. Por eso debemos abrir nuestra perspectiva y comenzar a conocer, aprender y entender nuestro entorno. Decir “género” no deber remitir a pensar en mujeres: una violación no es cosa solo de mujeres; un femicidio no es cosa de mujeres; el acoso callejero no es asunto de mujeres; el embarazo y la decisión de abortar o no tampoco es solo un tema del que deban ocuparse las mujeres. La paridad política ahora, la lucha por el voto femenino antes, el acceso a los cargos judiciales por mérito y no por camaradería masculina, no son solo cosas de mujeres. Somos más de la mitad del planeta y no podemos quedar cercadas por concepciones misóginas que nos impiden avanzar partidariamente o en ámbitos académicos y profesionales. Y también están las conceptualizaciones que denigran. Hace tiempo circulaba por Internet y, mucho antes, en fotocopias en las oficinas, un panfleto que exponía como una palabra, al cambiar de género, connotaba una idea totalmente distinta de lo que se pretendía denotar. Dicho más sencillamente, mostraba cómo una palabra en género masculino significaba una cosa y al pasarla al género femenino se convertía en insulto. Por ejemplo, “zorro”, que es el héroe justiciero, en su versión femenina, “zorra” es, sencillamente, puta. A continuación, los otros ejemplos: Perro: Mejor amigo del hombre Perra: puta Callejero: De la calle, urbano. Callejera: puta Aventurero: Osado, valiente, arriesgado. Aventurera: puta Hombrezuelo: Hombrecillo, mínimo, pequeño Mujerzuela: puta Ambicioso: Visionario, Enérgico, con metas Ambiciosa: puta Hombre público: Personaje prominente. Funcionario público. Mujer pública: puta Cualquier: Fulano, Mengano, Zultano Cualquiera: puta Hombre de la vida: Hombre de gran experiencia. Mujer de la vida: puta Regalado: Participio del verbo regalar Regalada: puta Rápido: Inteligente, despierto. Rápida: puta Como vemos, culturalmente durante siglos se redujo a la mujer, aunque más no sea, desde el discurso. Por eso, no nos cansemos de repetir: no existe “la mujer” como una entidad única y homogénea respecto de quien se pueden diseñar propuestas neutras, generales, globales, asépticas, apolíticas, disciplinadoras y domésticas. Existen “las mujeres”: indígenas, marginales, profesionales, prostitutas, religiosas, migrantes, mundanas, amas de casa, comerciantes, madres, homosexuales, bisexuales, sexuales, docentes, maltratadas, emprendedoras, comprometidas con la comunidad y delincuentes. Todas ellas son mujeres y a cada una se la discrimina de manera diversa, de modo que la utilización y apropiación de tecnologías se dará también de manera diversa. La multidiscriminación que padecen las mujeres (por razones de género, situación geográfica, situación económica, aspectos culturales, etc.) unida a la fractura digital, está generando una nueva forma de analfabetismo y lamentablemente, las estadísticas que se publican sobre la fractura (o brecha) digital pocas veces brindan información sobre la fractura digital de género. A esto se agregan los estudios que señalan el traslado de los roles tradicionales masculinos y femeninos al ámbito de las nuevas tecnologías. Las mujeres indígenas Como muchas otras mujeres, las indígenas padecen dos limitantes compartidas con otros grupos: El nulo o limitado acceso a la conectividad en los sectores rurales, El alto costo de la tecnología A estas dos limitantes debemos agregar una propia de su colectivo: la escasa capacitación en el uso de las tecnologías acorde a su cultura y en lengua originaria. El mundo de los dispositivos electrónicos e Internet es un mundo en inglés; algunas palabras han sido castellanizadas y otras las continuamos utilizando ya sin darnos cuenta, pero muchas veces no nos ponemos a pensar como debe ser este mundo cibernético visto desde otra lógica cultural donde influye no solo el idioma: existe una barrera relacionada con la concepción del tiempo que traen aparejadas las TIC con la lógica de velocidad-dinero-tiempo de occidente. A pesar de lo señalado, en muchos países las TIC son utilizadas estratégicamente por algunos grupos de mujeres indígenas para potenciar el trabajo en las comunidades, la educación de sus hijos bajo su cultura e idioma, cuestiones de salud sexual y reproductiva, derechos humanos, y derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres migrantes Para comenzar, diremos que las personas migrantes son todas aquellas que inician el proceso de movilidad, cualquiera sea su estatus socioeconómico, la situación personal en la que se encuentren o las motivaciones que tengan para migrar. Se puede ser migrante dentro o fuera del país, y este traslado conlleva una serie de factores que influyen en el mundo de la persona que se reubica en otro lugar geográfico: los afectos quedan lejos, nuevos vínculos sociales se presentan día a día, la comunicación con sus familia y amigos se encarece, encontrar trabajo suele no ser fácil, y muchas veces necesitan capacitarse en nuevas habilidades, destrezas y conocimientos. Para estos grupos, aprender a utilizar una computadora, navegar por Internet y utilizar los programas que permiten la comunicación de manera gratuita son fundamentales para mantener los lazos con su familia y amigos. Asimismo, pueden realizar capacitaciones virtuales e informarse acerca de su nuevo lugar de asentamiento a través de la información que encuentran en la web. Mujeres que padecen distintos tipos de violencia Muchos son los aspectos en los que pueden ayudar las tecnologías de Internet a las mujeres maltratadas: desde grupos de ayuda on line, chats con especialistas e información, hasta concientización del entorno, como veremos a continuación: En Argentina, a revista Hombre,
¿Cuánto afecta el fenómeno de la corrupción por patrones de género?
Foto tomada de: www.elconfidencial.com Por: Patricia Gálvez* y María Eugenia Rojas** De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), las mujeres de todo el mundo perciben consistentemente mayores niveles de corrupción en las instituciones públicas que los hombres. En particular, esto sucede con los servicios públicos con los cuales tienen mayor contacto las mujeres en general: las instituciones educativas, de salud y, también con el gobierno local. La corrupción retrasa los esfuerzos de los países y de la ciudadanía para lograr mayores cotas de desarrollo humano y reducir las desigualdades, entre ellas las de género. En un estudio global realizado en 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encontró que la corrupción tiene un impacto negativo en el empoderamiento y la participación de las mujeres. En su rol tradicional de cuidadoras del hogar, las mujeres experimentan la corrupción en su vida diaria cuando inscriben a sus hijos en las escuelas, cuando participan en programas de subsidios, cuando denuncian abusos, cuando participan en procesos electorales y a su vez en su rol de gestoras públicas. El análisis de la conexión entre género y corrupción es todavía bastante incipiente en la región. PNUD, el 2014, señala la “corrupción como el abuso de un poder acordado o encomendado para beneficio privado”, asimismo define los hechos ilícitos o delitos que tipifican conductas corruptas, se basan en la categorización adoptada en las convenciones y tratados internacionales específicos. El abordaje encontrado sobre el tema se refiere a algunos mitos en los estudios existentes para cuestionar con evidencias algunas aseveraciones que se han instalado en el imaginario colectivo, “las mujeres por naturaleza son menos corruptibles que los hombres y, por lo tanto, cuando hay más mujeres en los puestos de toma de decisión baja la corrupción”. Ese tipo de enfoques “esencialistas” se ven reflejados en algunas respuestas políticas de anticorrupción en algunos países de la región con estrategias de incremento de mujeres en las instituciones como la policía (brigadas de mujeres). Aunque beneficioso en el corto plazo, en términos de democracia paritaria, a la larga puede tener efectos contraproducentes si se pone las expectativas de frenar la corrupción con las mujeres (y en “su naturaleza incorruptible”) sin poner el foco en los factores que actúan como promotores y desencadenantes de la corrupción (PNUD, 2014). La relación entre corrupción y género plantea que la primera junto a la transparencia estarían influenciadas o determinadas por el género. Entre uno de los problemas frecuentes en la escasa literatura sobre género y corrupción es la identificación de cualquier tipo de ilícito—particularmente aquellos delitos que afectan a las mujeres— como si fueran casos de corrupción7. El enfoque más reconocido en los estudios sobre género y corrupción está relacionado a las condiciones y características psicológicas o incluso morales que diferenciarían a hombres y mujeres, sugiriendo que “las mujeres son más honestas y menos tolerantes a la corrupción” y que la mayor presencia de mujeres en el gobierno y en la actividad económica coincidiría con menores grados de corrupción. Esta interpretación esencialista se basó en el cruce de información sobre la percepción de corrupción en los países de la región y las estadísticas sobre participación de las mujeres especialmente en el parlamento y en el gabinete. Aunque puede ser válida la correlación: mayor presencia de mujeres en la política-menor corrupción, el análisis de los datos existentes en la actualidad para América Latina no avalaría una relación causal. La respuesta frente a una encuesta sobre percepción de corrupción puede diferir sustancialmente de la actitud concreta de una persona frente a la experiencia de corrupción, mostrando que el sexo de una persona no determina su grado de integridad y tolerancia a la corrupción. Sin embargo, como sostienen algunos informes “la actitud frente a la oportunidad de la corrupción de las personas es lo que determina y no si son hombres o mujeres”, entonces las medidas anticorrupción deben ir más allá de solo el incremento de funcionarias públicas y tomadoras de decisiones mujeres. La corrupción propicia ambientes de incertidumbre y poca confianza en las instituciones, en el sector público y, en general, en toda una sociedad. Al hablar sobre la influencia del género en el hecho de ser corrupto o no, como indicado anteriormente, no existe una ley universal que diga que los hombres o las mujeres son más corruptos respecto del otro, lo que si se afirma es que existen diversos factores que influyen en el nivel de corrupción, como la desigualdad, la indiferencia, la cultura, el papel que desempeña el individuo en la sociedad, el género y su exposición a ambientes corruptos. Según Cameron, Chaudhuri, Erkal, Alatas & Gangadharan (2009), sus estudios muestran que las diferencias de género y las acciones que cada quien realiza van de la mano con el país, por tanto, también con la cultura con la que se involucra y se desarrollan hombres y mujeres. En países donde la norma social es el “buen gobierno”, la representación política de las mujeres favorece que éstas apoyen medidas legislativas que vayan de acuerdo con esa norma social de esta manera, la participación política de las mujeres apoya a luchar contra la corrupción, a la vez que, también podría asegurar la garantía del cumplimiento de derechos mediante la definición, revisión y/o promulgación de políticas públicas para enfrentar las desigualdades y la pobreza de las mujeres. *Patricia es una defensora de los derechos de las mujeres en su país, directora del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL), organización miembro de REDLAD y de su Consejo Coordinador. **María Eugenia es una defensora boliviana de los derechos políticos de las mujeres, tiene un grado en economía con especialización a nivel de maestría en finanzas de la Universidad Católica Boliviana. Ha realizado diversos cursos y diplomados, tanto nacionales como internacionales, en las áreas de gestión del servicio público, promoción del desarrollo de la comunidad, participación, administración y planificación de proyectos municipales y género.
