Marzo se aproxima y, en aras de no repetir lo ocurrido en el último quinquenio, conviene a las instituciones del Sistema de Justicia (Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia y otras) difundir cuáles son los componentes de sus respectivas agendas, de cara a la sociedad y no divorciada de ella, en la perspectiva de contribuir a su fortalecimiento.

En coherencia a lo que hemos sostenido en los últimos años en el blog “Construyamos Justicia”, estas iniciativas y esfuerzos, desde lo público o privado, deberían inscribirse en el reto mayor de agendar oportunamente de modo técnico participativo y con pluralidad real, las acciones que el Sistema de Justicia necesita emprender para superar su crisis estructural. Nos referimos a la necesidad de promover y participar en una reforma judicial desde el enfoque de política pública evitando reformas cosméticas, mediáticas y coyunturales.

En este marco resulta importante lograr una propuesta de “reforma integral” que emerja del propio Órgano Judicial en acuerdo con las demás instituciones del Sistema de Justicia. Trabajar por cuenta propia debe ser el último recurso. Si en ese proceso se escucha y se promueve la participación social democrática, la institución judicial gana. La clave está en conocer a los posibles aliados y establecer acuerdos programáticos y con legitimidad. Las anteriores autoridades electas y designadas no propusieron al país agenda alguna y así, sin percatarse, contribuyeron a la crisis estructural de la Justicia, al permitir que sean las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural (una actividad política y no técnica), la hoja de ruta judicial. Esa historia se debe corregir.

Constituye error, en esa perspectiva, hacer gobierno y gestión judicial de puertas cerradas a lo social o sólo ser respaldadas por aquellas con afinidad política con el gobierno de turno, sin masa crítica y sin coordinación y colaboración interinstitucional a nivel judicial. También es un contrasentido el exacerbado sentido de pertenencia de instituciones que son de todos, que suelen desarrollar algunas autoridades. En esa línea, ayuda que las nuevas autoridades judiciales, en orden a los compromisos que asumieron frente a sus electores, generen condiciones para que, en lo posible, todas las voces sean escuchadas, en una lógica de democratización de la Justicia.

En Bolivia existe una importante cooperación internacional y nacional interesada en sumar al desarrollo institucional de todo lo que tiene que ver con los servicios de justicia, pero lo que falta es propuesta y claridad sobre lo que el Judicial necesita. Las instituciones judiciales tienen, en ese sentido, el deber de trabajar en sistema, porque sólo de ese modo podrán elaborar una propuesta para ponderar con los intereses de los órganos políticos que trascienda lo coyuntural. Esta cooperación, que es aun más necesaria en estos tiempos de ajuste económico y resistencia del Gobierno nacional a una mayor asignación presupuestal, no debe ser desdeñada y una seña que puede dar el Judicial para afirmar el diálogo entre las cooperantes y el Estado boliviano sería el inicio de la elaboración de la propuesta que planteamos y demandamos. En ese sentido, pude constatar –hace unos días– que hasta habría posibilidades incluso de tener apoyo de la cooperación internacional para la elaboración de esa propuesta integral de reforma al Sistema de Justicia.

En orden a lo anterior, se puede concluir que existen condiciones para que se retome la agenda judicial a partir de elementos, aportes y compromisos concretos. La dimensión e impacto de las medidas que adopten, en pro del futuro judicial boliviano, está en manos de las nuevas autoridades judiciales ahora. Conspira contra la salud democrática de Bolivia si los años que siguen son de improvisación y falta de liderazgo en las instituciones judiciales y no se trasciende del discurso a la propuesta y acción concreta. Estos elementos son también, en esencia, ejercicio de autonomía e independencia judicial.

Existe un caudal de ayudas potenciales y una mirada cooperante para fortalecer la Justicia a partir de las iniciativas bolivianas, pero solo veremos un dique si no hay agenda. Que nuestra promesa de un país de justicia sea tal y no el recodo de un sueño que nunca fue, que nunca será.