En respuesta a los actos de intimidación y violencia cometidos de forma ininterrumpida durante los últimos dos meses por las autoridades cubanas contra miembros de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), su líder José Daniel Ferrer, y sus familiares, más de treinta organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos emitieron la siguiente declaración:

Solicitamos a las autoridades cubanas que cesen de inmediato el abuso policial, las detenciones arbitrarias, las multas exorbitantes y los allanamientos a viviendas de los miembros de la UNPACU. La Seguridad del Estado debe poner fin a la vigilancia y al cerco impuesto para controlar el acceso a la casa de José Daniel Ferrer, que funciona como sede de la UNPACU. Las acciones más recientes se alinean con un patrón de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los miembros de la organización y otros disidentes políticos. El Gobierno debe detener la persecución y las acciones represivas contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, y debe liberar de inmediato a entre 125 y 136 presos políticos, documentados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders, respectivamente.

Es inaceptable que la comunidad internacional tolere el acoso y la represión contra disidentes. Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial. Cuba ha sido parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante cuatro de los cinco mandatos (para un total de 12 años) y en octubre de 2020 aspira a volver a ocupar un escaño. Para hacerlo, debe comprometerse con la Resolución 60/251 de la Asamblea General, que obliga a los Estados a cumplir con los más estrictos estándares en la protección y promoción de los derechos humanos.

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