El espacio cívico en El Salvador está viendo graves desafíos y retrocesos en medio de un régimen de excepción que fue prorrogado por 28a vez el 9 de julio por el Congreso salvadoreño, el cual está compuesto mayoritariamente por el partido oficialista, Nuevas Ideas. La declaración de este régimen de excepción hace parte de las estrategias de Bukele en materia de seguridad para combatir a las pandillas y fue instaurado por primera vez por el mandatario el 27 de marzo del 2022. El estado de excepción está contemplado en la constitución salvadoreña y tiene una duración de un mes. Dado que esta medida suspende libertades civiles y derechos constitucionales es necesario que la Asamblea Nacional apruebe su prórroga. Actualmente, a pesar de los graves cuestionamientos y las violaciones de derechos humanos, el régimen de excepción se ha normalizado y se sigue aprobando.
Desde la primera llegada al poder de Nayib Bukele en el 2019, las personas periodistas, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado a un entorno violento, lleno de campañas de desprestigio y discursos estigmatizantes que en su mayoría han provenido de las autoridades. Debido a esta situación, El Salvador fue incluido en la lista de vigilancia del monitor de CIVICUS por primera vez en marzo de 2022. Sin embargo, las restricciones a libertades cívicas se intensificaron en el 2023, generando que este año fuera uno de los peores años para la libertad de expresión desde que Bukele llegó al poder. De acuerdo con el Informe Sombra sobre Libertad de Prensa en América Latina (2024) presentado por Voces del Sur, en dicho año hubo un aumento del 391.5% de las alertas de ataques en relación con los datos documentados en el 2022.
Ahora, tras una reelección de Bukele en febrero de 2024, bastante cuestionada y que evidenció una vez más la popularidad de la que goza el mandatario, quien ganó con más del 85% de los votos, El Salvador vive un panorama de incertidumbre en relación con las libertades cívicas. Organizaciones como la Asociación de Prensa de El Salvador (APES) han reportando que continúa un ambiente hostil y restrictivo perpetrado principalmente por funcionarios públicos contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el cual se intensificó durante el periodo electoral tanto en las elecciones presidenciales en febrero del 2024 como durante las elecciones municipales en marzo del mismo año.
A lo anterior se le suma la perpetuación de políticas de seguridad que contravienen los derechos humanos y cuya sostenibilidad y efectividad son inciertas, tal como lo ha sido el régimen de excepción, durante el cual se han denunciado y se siguen investigando prácticas de tortura, tratados degradantes, muertes y negligencia por parte del poder judicial. De acuerdo al más reciente informe entregado por la organización Cristosal “El Silencio no es opción: investigación sobre práticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción” (2024), esta política ha tenido un costo humano muy alto, impactando especialmente a poblaciones vulnerables como las mujeres privadas de la libertad, niñas y niños que han quedado en situación de desprotección debido a estas detenciones arbitrarias en masa, mujeres cuidadoras y buscadoras de justicia, y personas LGBTIQ+. A su vez, las denuncias por muerte, violaciones de derechos humanos a personas privadas de la libertad y derechos laborales de las mismas fuerzas de seguridad no cesan, lo que deja entrever que instituciones como la Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y el sistema judicial no han brindado las garantías necesarias para tratar estos casos respetando el debido proceso y los derechos humanos.
Esta situación de grave violación a derechos humanos es la que ha llevado a que El Salvador entre por segunda vez a hacer parte de la lista de vigilancia de monitor CIVICUS, lanzada el 10 de julio del 2024, junto a países como Kirguistán, Malí, Palestina y Tailandia. Esta lista de vigilancia busca llamar la atención de la situación en países donde su espacio cívico ha presentado graves y rápidas desmejoras en los últimos meses. De igual manera, al incluir a este país, el monitor de CIVICUS y desde Redlad se busca hacer un seguimiento de cerca la evolución de las libertades cívicas, apoyar y mantener una comunicación constante con las organizaciones salvadoreñas con el fin de poder conectar lo local con lo global y así resaltar esta situación en instancias regionales e internacionales.
