Un año de incertidumbre y crisis que puso a prueba el accionar de la sociedad civil y el ejercicio de sus derechos en la región.

Durante 2020, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) realizó sesenta y dos (62) reportes sobre el espacio cívico en Bolivia, Belice, Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y Venezuela. Dichos reportes, junto al informe People Power Under Attack 2020, dejan entrever que, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una pandemia mundial, los gobiernos extremaron las medidas para evitar la propagación del virus, pero también lo tomaron como pretexto para restringir o seguir vulnerando las libertades cívicas de su población.

En casos como los de Cuba, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y Venezuela los gobiernos se inclinan hacia el autoritarismo poniendo en vilo las democracias y los derechos. Ha sido tal el incremento de casos de represión a nivel mundial que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a los gobiernos a tomar medidas proporcionales y evitar que esta situación se convirtiera en un “cheque en blanco para hacer caso omiso de las obligaciones en materia de derechos humanos”.

Asimismo, la violencia sigue apagando las voces de líderes indígenas y personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En Honduras, las comunidades garífunas denuncian constantemente asesinatos, ataques y desapariciones de sus miembros. En Costa Rica, Guatemala y Nicaragua activistas han sido asesinados poco tiempo después haber sido amenazadas o de sufrir ataques contra su vida y luego de interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Por otro lado, el incremento del abuso policial es preocupantes. Durante este contexto de pandemia los gobiernos les otorgaron mayor poder a los agentes de seguridad del Estado (Policía y Fuerzas Militares) lo cual ha traído consigo un aumento en los casos de violencia y violación de derechos humanos. Nueve de los diez países a los que Redlad les hace seguimiento en Monitor CIVICUS presentaron al menos un caso de abuso policial y el escenario más común donde se presentó esta violencia fue durante las protestas.

Lo anterior es un panorama aún más desalentador si sumamos el asesinato e intimidación a personas defensoras de derechos humanos y las detenciones de manera arbitraria que se han dado durante las protestas en este año y que han generado que países como Costa Rica, el cual era bandera por el respeto a las libertades cívicas ostentando una calificación de espacio cívico abierto, haya bajado su calificación y ahora cuente con un espacio cívico estrecho.

En Cuba el hostigamiento estatal también ha aumentado afectando la labor de artistas y periodistas independientes en la isla. El Movimiento San Isidro, un grupo de artistas y activistas cubanos, ha sido la principal víctima de los ataques sistemáticos de las autoridades. Debido al incremento de la violencia en su contra, un grupo de jóvenes de dicho movimiento inició una huelga de hambre para pedir el cese de las violaciones de derechos humanos que se viven en este país. En respuesta, las autoridades los desalojaron y detuvieron por varias horas a algunos de sus integrantes.

A pesar de todas estas dificultades, la sociedad civil ha sido resiliente y ha intentado contrarrestar los diferentes retos que han surgido durante este año. En Bolivia, Costa Rica y Honduras existen ejemplos donde la presión por parte de la sociedad civil llevó a que los gobiernos echaran para atrás legislaciones que resultaban muy ambiguas y que hubieran acarreado mayores consecuencias negativas para la población y sus derechos. No obstante, persisten casos preocupantes como el de Nicaragua donde se aprobaron leyes que son verdaderas herramientas de coerción y represión.