El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de febero 26 de 2020 hasta el 29 de abril de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación y libertad de expresión en Guatemala desde las denuncias hechas por la sociedad civil en este país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una resolución solicitó al Estado de Guatemala fortalecer la seguridad para tres funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) en Guatemala, institución encaragada de investigar casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la operación conocida como ‘Plan Gavilán’. El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo que se hicieron denuncias ante la CIDH sobre amenazas y otros actos intimidatorios como publicaciones amenazantes, desacreditación y acoso selectivo en las redes sociales.
Acerca de la situación de la libertad de expresión se puede decir que el gobierno guatemalteco responde a la pandemia generada por el COVID-19 con medidas y políticas que repercuten injustamente en los derechos al acceso a la información, libertad de prensa y libre expresión. El 12 de abril, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas le solicitó al gobierno mantener una comunicación abierta, directa y continua con la prensa durante la emergencia de COVID-19 para garantizar a la población su derecho a ser informada. Rodas dijo que los medios de comunicación deben tener acceso a datos oportunos, confiables y de calidad para comprender la cifra de muertes oficiales y mantener la credibilidad social.
Esta petición ocurrió días después de que el presidente Alejandro Giammattei atacó a la prensa y acusó a los periodistas de pedir información confidencial sobre los pacientes, declaración que tiempo después los periodistas negaron. Cabe señalar que desde la llegada del virus a Guatemala, el presidente ha sido la única voz oficial sobre el tema; sólo en dos ocasiones permitió que el Ministro de Salud o su secretario de Comunicaciones informaran sobre algunos casos diarios.
A la anterior invitación realizada por el Procurador de Derechos Humanos también se le unió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidiéndole al gobierno respetar el trabajo de la prensa. Cabe señalar que cien periodistas de medios de comunicación guatemaltecos y organizaciones independientes ya habían presentado una denuncia pública sobre la situación a la que se enfrentaban debido a restricciones para buscar y difundir información, también denunciaron que funcionarios del gobierno y el propio presidente Giammattei han hostigado, descalificado, intimidado y censurado su trabajo en medio de la cobertura COVID-19.
Por otra parte, el 11 de marzo, la organización de la sociedad civil IM-Defensoras informó que el medio de comunicación Prensa Comunitaria y sus mujeres periodistas fueron objeto de una campaña de difamación y descrédito a través de las redes sociales por haber cubrierto la protesta realizada el 8 de marzo en la ciudad de Guatemala. Durante la cobertura de Prensa Comunitaria se mostraron varias imágenes de paredes y monumentos públicos que fueron pintados durante la marcha que fueron utilizadas por varias personas en redes sociales para culpar a las comunicadoras de estas acciones. También se filtró información personal de las periodistas. Fue así como el medio y sus periodistas estuvieron expuestos a todo tipo de descalificaciones, insultos, difamaciones y discursos de odio.
El anterior no fue el único ataque contra Prensa Comunitaria. El 18 de abril la casa del periodista Carlos Ernesto Choc fue allanada de manera ilegal. Durante este hecho le robaron su equipo de trabajo, incluyendo una cámara, teléfonos celulares y accesorios de grabación. Ernesto Choc es periodista, corresponsal de este medio independiente y ha estado trabajando en informes sobre escasez de agua en comunidades cercanas al municipio de Esto. Se presentaron las respectivas denuncias ante la Fiscalía, la Policía Nacional y la Procuraduría de Derechos Humanos pero no le han dado respuesta ni le han devuelto sus herramientas de trabajo. Cabe destacar que desde 2017 el periodista ha enfrentado un proceso de criminalización por su trabajo periodístico por el cual tambien ha recibido amenazas.
