El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de 15 de enero de 2020 hasta el 11 de marzo de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación, manifestación pacífica y de expresión en Honduras desde las denuncias hechas por la sociedad civil en este país.
La situación del ambiente habilitante en Honduras no ve una mejoría, diversos hechos han generado el detrimento de la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica de los ciudadanos en el país centroamericano.
El 4 de marzo se llevó a cabo el Foro de Honduras para el Examen Periódico Universal (EPU) 2020 “Hallazgos y recomendaciones de la sociedad civil”, en donde 53 organizaciones concluyeron que Honduras es uno de los países más peligrosos en América Latina para los defensores y las defensoras de los derechos humanos y con alto niveles de impunidad. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falla del Estado en implementar el Sistema Nacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de la Justicia. Además, de los altos niveles de participación de agentes del Estado en los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, lo cual produce gran desconfianza en el mecanismo.
Estas constantes intimidaciones y ambiente violento en el que deben vivir las organizaciones de la sociedad civil ha generado que en algunos casos se presenten allanamientos ilegales, como sucedió con la organización La Vía Campesina, cuyas instalaciones fueron irrumpidas por parte personas no identificadas, quienes robaron computadoras e información pública. El presidente de la organización, Rafael Alegría, denunció que las oficinas de la organización agrícola fueron saqueadas, se robaron documentos y computadoras. Alegría señaló esta situación como un caso de robo selectivo debido a que las personas que lo hicieron querían información específica de la organización, documentos relacionados con el ex jefe de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce, quien dijo que había identificado líderes campesinos que se oponían a los programas agrícolas dirigidos por los militares.
Otro suceso que está afectando el ambiente habilitante de Honduras es la aplicación del nuevo Código Penal que empieza a regir el 20 de mayo, instrumento que genera una gran preocupación en varios sectores de la sociedad ya que se considera que va en detrimento de los derechos individuales y colectivos. El texto legal define algunos crímenes como “Delitos contra el orden público”, según el abogado del Comité por la Libertad de Expresión (C-LIBRE) Mario Rojas, la Sección 570 que contiene el delito de asalto que su pobre definición podría convertirlo en una herramienta para criminalizar las demandas que hacen sectores de la sociedad cuando salen a las calles a manifestarse de manera pacífica contra un funcionario. Se puede dar el caso de que una comunidad no esté contenta con cualquier situación y sale a la calle a reclamarle al alcalde mejores decisiones, lo cual podría tomarse como un ataque hacia al mandatario y por ende quienes se manifiesten pueden llegar a ser sancionadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidieron al Estado hondureño que revise las normas y cumpla con los estándares y compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por Honduras .
En cuanto a la libertad de expresión, el panorama no deja de ser alarmante. El informe “Del Silencio informativo al Éxodo” registró que durante 2019 se emitieron al menos 120 alertas por ataques contra la libertad de expresión y el asesinato de ocho personas que trabajan en los medios de comunicación. Amada Ponce, directora de C-LIBRE, declaró que cuando los periodistas se ven obligados a abandonar el país les están quitando sus fuentes de ingresos y privando a los ciudadanos de recibir la información que estos periodistas pueden compartir. Uno de esos casos fue el del periodista Joel Mejía, quien tuvo que abandonar su programa de televisión y al país después de recibir amenazas de muerte. A pesar de que estas amenazas fueron denunciadas a la Fiscalía, no se realizó ninguna investigación para aclarar los hechos. A su vez, según la información proporcionada por el coordinador de la Red de Alerta C-LIBRE, Cesario Padilla, los principales agresores de la libertad de expresión son agentes de las fuerzas públicas y funcionarios públicos como diputados y secretarios de Estado. Por otro lado, Celeste Espinoza, miembro del área de ciberseguridad C-LIBRE, informó que durante 2019, se registraron 12 casos de ataques en línea contra mujeres periodistas, incluida la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
A los anteriores casos se la suma el del director del programa “El perro amarillo”, Milton Benítez, quien pidió protección al pueblo hondureño y a la comunidad internacional luego de recibir amenazas en las redes sociales contra las vidas de los periodistas del medio de comunicación por tener información y evidencia de vínculos de narcotraficantes con políticos hondureños, así como información sobre los crímenes de Alfredo Landa Verde y Aristides Gonzáles. Miembros de los medios de comunicación dijeron que varios periodistas han recibido mensajes amenazantes y los periodistas se han puesto en contacto con el mecanismo nacional para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos para pedir ayuda, pero las autoridades les han constestado que deben comunicarse al número de teléfono de emergencia si estaban en peligro, pero a pesar de llamar a ese número varias veces nadie ha respondido. Estos periodistas también han sido víctimas de una campaña de desprestigio que afirma que tienen vínculos con grupos de narcotraficantes.
