#DerechosBajoFuego El siguiente artículo está basado en el  informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de noviembre de 2019 hasta el 13 de enero de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación y de expresión en  Honduras desde las denuncias echas por la sociedad civil en este país.

La constante vulneración a los derechos humanos de las personas defensoras en Honduras no es una problemática nueva. Desde el año 2015 en Honduras existe una ley para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, sin embargo los constantes hostigamientos y asesinatos a líderes sociales en este país dejan en entredicho la eficacia de la misma. Para ilustrar mejor la situación, se toman tres casos donde personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.

El primer caso ocurrió el 28 de diciembre de 2019, cuando individuos desconocidos dispararon repetidamente contra la defensora de derechos humanos Karla Ignacia López Martínez, quien era hermana de la también  defensora Amada López Martínez. Ambas hacían parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Desafortunadamente, el pasado 11 de enero, Karla López Martínez murió debido a la gravedad del ataque. Cabe señalar que no es la primera vez que una persona cercana a Amada López Martínez es atacada. Los ataques contra defensoras y defensores garífunas han sido recurrentes, tanto que, para algunas personas, Masca (comunidad garífuna) se ha convertido en el epicentro de violencia debido a la criminalización de esta labor y al crecimiento del racismo en la región.

La delegada del Gobierno Federal para Derechos Humanos y Política de Ayuda Humanitaria en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Bärbel Kofler, pidió al gobierno hondureño que proteja al pueblo garífuna e investigue los ataques y violaciones que se han venido presentado en contra de este.

Por otra parte, el 29 de diciembre de 2019, el líder indígena Efraín Martínez Martínez fue encontrado muerto luego de ocho días desaparecido. Las autoridades encontraron el cuerpo del líder de la tribu Montaña de la Flor y según el informe policial el cuerpo del hombre fue encontrado medio enterrado y existe una hipótesis donde se señala que las posibles causas de su muerte fueron los múltiples golpes que le fueron propinados. Las autoridades iniciaron investigaciones para aclarar en qué condiciones desapareció y esclarcer los hechos relacionados con su deceso.

Esta violencia contra los líderes ha venido siendo constante, pues el 4 de enero desconocidos torturaron y asesinaron al líder Santos Felipe Escobar García. Escobar era un líder indígena en la comunidad Pech de Santa María del Carbón, en San Esteban, Olancho, al noreste de Honduras. El 29 de diciembre de 2019, los familiares de Escobar García habían denunciado su desaparición y seis días después la policía encontró el cuerpo de Santos Felipe dentro de bolsas y con claras señales de tortura en el municipio de Iriona. Hasta la fecha, no se conocen ni la causa de su muerte,  ni los responsables de esta. Las autoridades ya abrieron una investigación para solucionar este caso.

La criminalización de las personas que defienden los derechos humanos es alarmante. Durante los últimos días de 2019, el defensor y la defensora del agua y el territorio; Cristopher Carrillo y Tatiana Lara, fueron víctimas de una campaña difamación que circuló en las redes sociales donde se afirmó que estas personas se estaban aprovechando su papel como líderes sociales y que le pagaban  a los periodistas para desprestigiar a otras organizaciones o empresas con las que tenían conflictos debido a que sus acciones atentaban contra el medio ambiente. Esta campaña contra los líderes se debe a que estas personas se han opuesto a la construcción del Proyecto Bosques de Santa María, el cual no cuenta  con una licencia ambiental ya que amenaza a la Reserva Natural “La Tigra”.

Otra persona que ha sido víctima de los ataques relacionados a dicho caso es la periodista Dolores Valenzuela, quien el 6 de enero denunció ser víctima de amenazas de muerte. Valenzuela, a través de un informe, advirtió sobre las amenazas al medio ambiente que plantea el proyecto de viviendas Bosques de Santa María, el cual busca construir en el Parque Nacional La Tigra y pone en riesgo la distribución de agua potable para Tegucigalpa y Comayagüela.  Personas desconocidas han publicado videos acusando a la periodista de ser una terrorista y de haber dañado la carrera política del alcalde Nasry ‘Tito’ Asfura, acusado de abuso de autoridad y corrupción por otorgar el permiso para construir dicho proyecto.

Como se ha visto anteriormente, la libertad de prensa también ha sido afectada. La fuerza pública ha abusado de su poder y amenazado a los periodistas que ejercen su labor. El 6 de enero, los periodistas Eddie Andino del Canal 6 y Mai Ling Coto de la Corporación Televicentro fueron víctimas del abuso de la fuerza cuando realizaban la transmisión, Mai Ling Coto intentó tomar declaraciones oficiales  acerca del caso de una persona que había disparado contra un guardia de seguridad en el Hospital  Mario Catarino Rivas, un policía se le acercó la empujó y finalmente la expulsó de la sede de la policía en San Pedro Sula. El periodista Andino transmitió detalles del ataque contra su colega, minutos después llegó a donde se encontraba un grupo de diez policías y le ordenó que saliera del lugar de forma intimidante.