17 de diciembre de 2018

La Red Latinoamericana por la Democracia, el Foro Ciudadano de las Américas y el Comité Directivo del Movimiento Mundial por la Democracia, desea llamar su atención sobre el ataque frontal que el régimen de Ortega, en Nicaragua, ha ejercido en los últimos días contra organizaciones de la sociedad civil, actores sociales y medios independientes.

Hace unos días la Asamblea Nacional decidió cancelar la personería jurídica de algunas importantes organizaciones sociales que no sólo tienen un trabajo de años en materia de derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, sino que han sido críticas del gobierno Ortega. Algunas de ellas son el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Hagamos Democracia, CISAS, IPADE, CINCO, Instituto de Liderazgo de las Segovias y Fundación del Río.

Sin embargo, las represalias no se han limitado a la censura de su trabajo sino a la violencia física. El día viernes 14 de diciembre, esas mismas organizaciones y el medio de comunicación Confidencial han alertado cómo la Fuerza Pública ingresó a sus respectivas instalaciones para adelantar allanamientos arbitrarios y sin razón alguna.

Lo anterior, es una muestra de la grave crisis social y política por la que atraviesa Nicaragua y que viene lesionando las libertades individuales y derechos humanos de su ciudadanía. Según el CIVICUS Monitor, el estado del espacio cívico tiene una calificación de “Represivo” puesto que el “el ejecutivo ha podido seguir este curso de acción gracias a una mayoría del Congreso disciplinada y un poder judicial altamente partidista. La libertad de expresión está altamente vulnerada debido a la construcción de un imperio mediático en manos de la familia del presidente, la disciplina de los medios críticos mediante la asignación arbitraria de publicidad estatal, el secreto extremo y un control estricto sobre el flujo de información pública”.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en informe de julio de 2018, advierte que para ese entonces “la acción represiva del Estado ha dejado al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio,  así como cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.

En general, Nicaragua maneja índices de violencia política y represión policial e institucional que se pueden comparar con los de una dictadura y no con los de un país en democracia.

¡LLAMADO A LA ACCIÓN!

Las organizaciones mencionadas, sus miembros y aliados en el mundo, hacen un llamado a:

1. Las naciones miembros de Naciones Unidas, respetuosos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por lo tanto se han comprometido a “asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales” incluyendo los derechos de pensamiento libre, a una justicia independiente e imparcial, al trabajo; las libertades de opinión y de expresión, libertad de reunión y de asociación pacíficas; y las prohibiciones de detención arbitraria, privación arbitraria de la propiedad, injerencia arbitraria en asuntos personales, ataques a su honra o a su reputación. Todos, derechos, libertades y prohibiciones, están siendo violados en Nicaragua en este momento.
2. Las naciones que a su vez son miembros la Organización de Estados Americanos, firmantes de la Carta Democrática interamericana, que les obliga a promover y defender el derecho a la democracia consagrado para todos los pueblos de América, incluyendo los derechos humanos y las libertades fundamentales como elementos esenciales de la democracia representativa, y el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia.
3. Las naciones que hacen parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de las Democracias, respetuosos de la Declaración de Varsovia y de los Estándares de la Sociedad y por lo tanto se han comprometido:

• Coordinar efectivamente los esfuerzos para proteger y fortalecer la sociedad civil.
• Oponerse a cualquier política y práctica que obstaculicen a la sociedad civil.
• Realizar acciones diplomáticas coordinadas, siempre que sea necesario apoyar el espacio de la sociedad civil en los países, que lo amenacen.
• Defender las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, sin discriminación de ningún tipo

En virtud de dichos compromisos, se les solicita considerar las siguientes acciones:

1. Exigir a Daniel Ortega y otras instituciones del régimen de gobierno:

• Cesar la represión contra las organizaciones sociales y sus miembros;
• Devolver la personería jurídica a las organizaciones a las cuales les fue cancelada;  
• Devolver los elementos que le fueron confiscados a las organizaciones allanadas;Resarcir el daño físico realizado en tales allanamientos.

2. Exigir a la Organización de Estados Americanos y sus países miembros:

• Que su Secretario General adelante acciones contundentes de rechazo a la situación de represión de sociedad civil y vulneración de la democracia en el país, así como de manera tan férrea ha hecho con otros regímenes dictatoriales en la región.
• Atender los principios de la Carta de la OEA, en concordancia con la cláusula democrática, y suspender la participación de Nicaragua en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

3. Compartir este llamado con otras redes y misiones diplomáticas, para buscar acciones diplomáticas conjuntas y solidarias.

Las vidas y dignidad de miles de personas, así como la defensa de la ciudadanía, la sociedad civil y las instituciones democráticas, no sólo de Nicaragua, de toda la región, dependen de esto.