América Latina es la región más desigual del mundo. Esta frase que se ha vuelto cliché, no es sólo real sino que además esconde múltiples desigualdades al interior de los mismos países, y entre grupos poblacionales específicos. Varios informes revelan que al interior de una misma ciudad de América Latina, la esperanza de vida de una persona de un barrio a otro puede variar en más de 10 años, mucho más si se considera si la persona es mujer u hombre, si es migrante, si pertenece a algún grupo étnico o racial, y casi el doble más si es una persona trans.
Según el informe sobre desarrollo humano 2019 del PNUD, el 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región (37%), y el 40% más pobre recibe la menor parte. Sin embargo, la CEPAL indica que la inequidad en el continente no debe mirar solamente los ingresos, sino también las desigualdades en el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la administración de justicia, a las pensiones, a la participación, nutrición y demás servicios básicos.
Aunque antes de pandemia el continente había logrado reducir la pobreza y la cobertura en accesos a servicios y derechos como la educación y la salud, esto no se había transformado en oportunidades reales de movilidad social, y los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza y las oportunidades siguieron siendo abismales. Desafortunadamente la pandemia amplió aún más la brecha: aumentó la pobreza golpeando de forma desproporcionada a diferentes segmentos de la población latinoamericana.
Ahora bien, las inequidades se expresan de forma diferencial según los grupos poblacionales y se asocian de forma grave con fenómenos de discriminación.
Son varios los criterios estructurantes de la desigualdad en el continente. EL de origen socio económico es uno inmediato. El género es otro, las mujeres viven diversas formas de desigualdad de forma permanente y en todos los ámbitos. La diferencia de acceso a oportunidades de salud, trabajo, ingresos y educación no son los mismos para hombres o mujeres, inclusive sin tener en cuenta el origen o estrato socioeconómico. Un factor estructural en la discriminación es la establecida por los estereotipos y prejuicios alrededor de la orientación sexual y la identidad de género, cuyas consecuencias obligan a las personas de las diversidades sexuales a optar el ostracismo como mecanismos de superviviencia.
La pertenencia étnica es otro criterio de desigualdad. El continente cuenta con una persistente historia de exclusión y discriminación de la población afro descendiente e indígena. Según un informe del Banco Mundial del 2018, un cuarto de la población de la región es afro, y tiene 2,5 veces más probabilidades de vivir en la pobreza crónica, más a menudo víctimas del crimen y la violencia. Mientras que el 80% de las personas no afros terminan el nivel primario, tan sólo lo hacen el 64% de las personas afro latinas, quienes además representan sólo el 12% de las personas adultas con títulos de educación superior. Según la CEPAL, la tasa de pobreza de las personas indígenas en 2018 fue de 49%, el doble que la registrada para la población no indígena ni afrodescendiente. Y la tasa de extrema pobreza fue el triple (18%).
La edad también influye en la vivencia de la desigualdad, así como la condición de discapacidad, el estatus migratorio y la orientación sexual e identidad de género.
Mucho se habla de que algunos declives democráticos y giros autoritarios en el continente tienen mucho que ver con una democracia que no entrega resultados; es decir, procesos de democratización que no han logrado reducir las brechas y repartir de forma más equitativa los recursos abundantes. Según un informe del PNUD del 2021, los niveles de rentabilidad en América Latina son los más altos del mundo, y sin embargo las condiciones del sector de trabajadores no reflejan dicha situación. Así mismo, en el continente se vive una concentración histórica del poder, la producción y los activos financieros en apenas un puñado de manos.
Es importante identificar que los estallidos sociales que se han presentado en el continente desde el 2019 han estado causados por decisiones de política pública que afectan de forma grave la capacidad adquisitiva de la ciudadanía y sus las familias, en especial de los grupos más vulnerables y los quintiles más pobres, ya débil por el desempleo, la precariedad de la retribución del trabajo y la inequidad. Esto, sumado a las deficiencias de atender las necesidades más apremiantes de la sociedad, la frustración colectiva que genera la corrupción y la impunidad, hace que países con niveles altos de pobreza e inequidad presenten mayor volatilidad y sean campos más fértiles para el crecimiento de autoritarismos.
Por su parte, la definición de discriminación que ha asumido en el sistema interamericano de derechos humanos habla de: […] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.”
Esto quiere decir que la discriminación está íntimamente relacionada con la desigualdad en derechos y libertades. El clasismo, racismo, misoginia y sus expresiones violentas, incluyendo la violencia de género, reproducen esa discriminación centrada en las desigualdades de nuestras sociedades.
Antes de terminar quisiéramos mencionar un tema que se toca poco y que es de relevancia creciente en el continente, la discriminación por motivos religiosos. En países como México y Brasil han aumentado los casos de intolerancia religiosa de forma alarmante en los últimos años. En países como Nicaragua la persecución de líderes de la iglesia católica se ha ido multiplicando en el paso de los meses.
Pero, una vez más, son las comunidades indígenas y afro las que sufren un proceso de mayor discriminación. En un continente donde predomina el enfoque cristiano, las religiones y espiritualidades cuyos principios no se enmarcan dentro de la lógica cristiana, enfrentan mayores desafíos para el pleno ejercicio de su espiritualidad. Las comunidades afro e indígenas han recibido acusaciones sobre practicar brujería y por eso han sufrido fuertes persecuciones. Bajo acusaciones de brujería en países como Guatemala y Colombia, se ha estigmatizado la espiritualidad indígena y afro, reforzando estereotipos que además redundan en un aumento de la inequidad porque afecta el acceso a la educación, al trabajo y a otros derechos. En Brasil, en el 2019 se cerraron casi 180 templos de umbanda y candomblé, las dos religiones afrobrasileñas que más seguidores tienen en Brasil, debido a las amenazas a sus líderes.
Es importante reconocer el avance de algunas medidas que hace que en censos y estadísticas nacionales incluyan variables étnicas, lo cual es un paso para la medición y planeación incluyente. También celebramos las medidas que se han tomado para el establecimiento de cuotas para minorías étnicas en el mercado laboral y en instituciones educativas, la adopción de legislaciones contra la discriminación.
Sin embargo, se requieren mayores esfuerzos. En temas de reducción de la brecha para las personas afro e indígenas, un informe del Banco Mundial indica que se necesita además de mejorar los diagnósticos y el diseño de mejores políticas con enfoque diferencial, crear medidas para abordar estereotipos y creencias que impulsan la exclusión, además de aumentar la voz y representación de sus organizaciones.
Las políticas redistributivas y el control de la corrupción son medidas indispensables, para que la abundancia de todo tipo de recursos en el continente se traduzca en mejores oportunidades para las personas más necesitadas. La distribución de la tierra es un tema fundamental. Instrumentar políticas de valoración de la diferencia, para superar los trazos que aun se mantienen de la colonización, para superar el etnocentrismo estructural y garantizar definitivamente la equidad de género.
