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Una alerta han lanzado las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Nicaragua, pues el Parlamento aprobó un proyecto de ley, conocido como “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que podría ser usado por el gobierno como una herramienta de control y opresión sobre las OSC.
Treinta y tres organizaciones y redes del país centroamericano firmaron un comunicado en el que manifiestan que esta ley contraría los “estándares internacionales en materia de derechos humanos y supone una restricción inaceptable de la libertad de asociación y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.
Esta ley fue aprobada en el Parlamento (de mayoría oficialista) el pasado 17 de octubre y obliga a que tanto personas como organizaciones que trabajen con gobierno, agencias, fundaciones u organizaciones extranjeras deben registrarse ante el Ministerio de Interior.
De acuerdo con la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, Panamá y República Dominicana (OACNUDH), esta ley “impondrá restricciones indebidas a personas naturales y jurídicas que reciban fondos provenientes del extranjero”.
Para las organizaciones firmantes, esta ley supone una grave amenaza contra la libertad de asociación.
Asimismo, denuncia otro proyecto en curso y cuyo resultado podría ser similar. Se trata de la cadena perpetua para “personas percibidas como opositoras que “comentan crímenes de odio” o “contra la paz”, sin una clara definición de las conductas”, afirman.
Otras libertades se han visto afectadas en Nicaragua y en estos casos se trata de una represión estatal, de acuerdo con varias organizaciones. Por ejemplo, la violencia injustificada devenida de la Policía. El pasado 8 de noviembre a varios líderes opositores no se les permitió abandonar sus casas para asistir a un evento de homenaje a los presos políticos y líderes asesinados. Sin justificación alguna, la fuerza pública les impidió abandonar sus residencias a por lo menos tres líderes.
Otro caso ocurrió el pasado 29 de octubre cuando ciudadanos que asistían a la ‘Marcha de la Burla’ fueron robados y golpeados por miembros de la fuerza pública e incluso paramilitares. La denuncia fue elevada por la Coordinadora Universitaria Por la Democracia y la Justicia (CUDJ) que documentó más de 20 casos. Además de esto, los participantes de la protesta fueron perseguidos y fotografiados por policías y ciudadanos armados.
Pese a la obstrucción a la protesta, esta se llevó a cabo. Caso opuesto al de la marcha en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer que por tercer año consecutivo no se realizó. De acuerdo con organizaciones feministas, la razón para ello es el temor hacia la represión y la violencia estatal.
Desde 2017, la represión a esta movilización ha sido “desmedida”, de acuerdo con las organizaciones feministas. Esto llevó a suspender la movilización en años pasados.
Para las organizaciones, esto supone una política del gobierno de Daniel Ortega que reprime sistemáticamente las demostraciones de la oposición impidiendo de esta forma el desarrollo de sus libertades y un ataque a los Derechos Humanos.
Solo en una semana (del 16 al 22 de noviembre), la organización Monitoreo Azul y Blanco evidenció 51 violaciones a los Derechos Humanos en el país. Esta tendencia empeoró en los días 18 y 19 que se relacionan con el paso del huracán Iota. De acuerdo con las organizaciones, las autoridades atacaron tanto a ciudadanos como a actores políticos cuando intentaban ayudar.
