El siguiente artículo está basado en el  informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de marzo 24 de 2020 hasta el 3 de abril de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación y de expresión en  Nicaragua  desde las denuncias echas por la sociedad civil en este país.

El ambiente habilitante en Nicaragua no da señales de mejoría, por una parte las mujeres defensoras de derechos humanos siguen siendo las principales víctimas de los ataques sistemáticos realizados por el gobierno contra ellas, incluyendo a sus familias en todo el país. Esa ha sido la estrategia del Estado para intimidar, reprimir y acallar las voces críticas.

Flor Ramírez ha sido objeto de acciones de vigilancia e intimidación en su propia casa. El viernes 27 de marzo, un policía armado impidió la salida de la activista de su casa quien se disponía a comprar alimentos, llegando a usar la fuerza para obligarla a entrar de nuevo en la casa. Ante la demanda de explicaciones por parte de la activista la policía ha alegado que ella no puede salir porque es instigadora. Cabe señalar que hace un año Ramírez fue victima de una detención arbitraria violenta.

Los actos de hostigamiento y privación de libertad de movimiento contra Flor Ramírez se suman a los denunciados por persona cercanas a la defensora y presa política María Esperanza Sánchez quien también ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales. El 24 de marzo, Sánchez sufrió un ataque de asma y presión alta mientras se encontraba recluida en la cárcel  de mujeres “La Esperanza”. A la activista se le ha negado constantemente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia COVID-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio. Gracias a la presión de otras reclusas, Sánchez fue llevada a valoración y diagnosticada con bronquitis. Según denuncia su familia, desde el momento de su detención en enero de este año, ella ha sido víctima de constantes torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos de tráfico de drogas que se le imputan. La organización IM-Defensoras denunció la negación al derecho a la salud y exigieron el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacen responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física.

Las redes sociales también han sido utilizadas como vehículos para difundir discursos de odio contra la mujeres defensoras, tal como se puede evidenciar en el caso de Kenia Gutiérrez quien fue atacada a través de publicaciones y comentarios donde se le amenazaba e incluso se llegó a incitar a la violencia sexual en su contra debido a que la defensora le negó la entrada a su casa a integrantes de la brigada de salud que supuestamente querían supervisar su situación de salud en el marco de la crisis generada por la COVID-19. Gutiérrez es la secretaria del Movimiento Campesino y fue presa política; durante su privación de libertad fue víctima de tortura física y psicológica y tras su liberación ha venido sufriendo hostigamiento y otros ataques.

Es preocupante el hecho de que los gobiernos pueden aprovechar la crisis del COVID-19 para intensificar el control social y perseguir, criminalizar y atacar a defensores de derechos humanos.

Por otra parte, el estado de la libertad de expresión y de prensa desafortunadamente también está en declive. El 28 de marzo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Nicaragua en el último semestre. Para la SIP, la situación de la libertad de prensa, la política y la económica no ha mejorado en este período. El país todavía vive un estado de sitio donde la Policía es el autor de las múltiples represiones hacia los periodistas que cubren diversos eventos que suceden en territorio nicaragüense. A lo anterior se le suma que la familia presidencial sigue dominando los medios de comunicación, el régimen no ha devuelto las sedes y equipos que fueron confiscados a medios de comunicación como Confidencial, 100% Noticias. En el informe también se añadió el estudio realizado por la fundación Violeta B. De Chamorro  que da a conocer que las páginas web de 65 instituciones del Estado carecen de información importante para el público y contienen mucha propaganda oficialista.