© AFP 2022 / Diego Ramos

Actualmente Perú vive el agudizamiento de una crisis política e inestabilidad institucional sistemática. Durante los últimos seis años el país suramericano ha tenido seis presidentes, de los cuales sólo dos han sido electos a través de las urnas; el resto han sido reemplazos o interinos por las mociones de vacancia del Congreso o renuncias de los mismos. Lo anterior se traduce en una absoluta anomalía e inestabilidad política, que pone en peligro la democracia y el ejercicio de gobernabilidad, así como un deterioro de la confianza por parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional; las crisis institucionales debilitan las instituciones democráticas y abren la puerta al retorno de los autoritarismos. 

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y el Foro Ciudadano de las Américas manifestamos nuestra más profunda preocupación por esta situación y por los recientes hechos que ya han derivado en múltiples protestas en las calles de las principales ciudades del país, en especial del sur, las cuales ya dejan un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. 

La situación política y social peruana requiere soluciones prontas y colectivas que no sólo apunten a la coyuntura sino al problema estructural que ha llevado al país a tener un constante enfrentamiento entre sus poderes públicos. En todo caso, se requiere la garantía de que las movilizaciones ciudadanas sean respetadas, y sus líderes protegidos. El costo de la crisis no puede seguir contándose en vidas humanas gravemente afectadas o perdidas.

Perú está pidiendo a gritos una transformación profunda y real de su actual sistema político que garantice no sólo la estabilidad de los gobiernos electos popularmente, también el equilibrio de poderes, y la eliminación de toda forma de discriminación y racismo estructural en el ejercicio del poder.

Por lo anterior, como sociedad civil del Perú y de las Américas:

• Reconocemos el derecho de la sociedad civil peruana a hacer uso de la protesta pacífica, repudiamos cualquier acto de violencia que ponga en peligro las vidas de quienes tomen las calles, en especial las de los menores de edad.
• Solicitamos a Dina Boluarte la garantía plena de la ciudadanía a manifestarse sin que haya represión que derive en más violencia. El derecho a la movilización y protesta pacífica debe ser respetado y garantizado, y los liderazgos de los diferentes movimientos populares que se están movilizando deben ser protegidos. Las fuerzas policiales deben seguir los lineamientos nacionales e internacionales de reacción, evitar el uso de armas letales y judicializar a los responsables de hechos violentos en contención de las protestas, en especial de las muertes y mutilaciones que se han venido presentando y la protección incondicional de las mujeres indígenas, campesinas, como de todas las mujeres en protesta.
• Instamos a las fuerzas políticas del país, incluyendo a los partidos políticos, los movimientos sociales, la sociedad civil, el sector empresarial y la academia, a construir salidas conjuntas de solución a las dinámicas estructurales que generan las crisis políticas en el país; la puerta de salida no está en el enfrentamiento sino en el diálogo amplio, incluyente y creativo. Se requieren establecer caminos viables desde lo legal, pero legítimos desde lo político. 
• Se solicita la protección de la prensa y de sus periodistas, que también deben tener garantizada la capacidad para el ejercicio de sus funciones. En especial, se solicita protección a la prensa independiente y acceso igualitario a los medios de comunicación de quienes lideran los procesos populares de movilización.
• Invitamos a la comunidad internacional, en especial a la del continente, a servir como mediadores, y proteger a la ciudadanía Peruana. Los exhortamos a una visita “in loco” con la urgencia que merece la situación. 

Tanto las élites políticas, que gobiernan y hacen oposición, como la ciudadanía en las calles deben estar conscientes de que el camino para encontrar las soluciones no es la violencia y la radicalización sino el diálogo y los acuerdos.

Recordemos que Perú es el lugar de nacimiento de la Carta Democrática Interamericana que el pasado mes de septiembre cumplió 21 años y que su texto es un mandato ético para todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).