El recrudecimiento de la persecución a organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha llevado a Venezuela a ser incluida en la más reciente lista de vigilancia del monitor CIVICUS junto a Palestina, Kirguistán, Pakistán y Senegal, publicada el 5 de marzo.  En diciembre del 2023, la calificación del espacio cívico de Venezuela pasó de “represivo” a “cerrado”, convirtiéndose en el tercer país de las Américas en recibir esta valoración, junto a Cuba y Nicaragua. Esta clasificación representa  el nivel más bajo que puede recibir un Estado de acuerdo a la metodología del monitor.

La lista de vigilancia del monitor CIVICUS, resalta la situación de aquellos países en donde se ha visto un rápido declive de la garantía de las libertades cívicas, con la finalidad de compartir lo que está sucediendo y movilizar a la sociedad civil para exigir el cumplimiento de los derechos humanos a los Estados. Redlad, como socio investigador del monitor CIVICUS, ha colaborado en el monitoreo y la elaboración de informes que respaldan la decisión de incluir al país en esta lista.

El deterioro de la libertad de asociación durante el contexto electoral; la suspensión por parte del gobierno venezolano de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela; el avance en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines; la criminalización de la defensa de derechos humanos y emisión de órdenes de captura contra defensores de derechos humanos, periodistas y creadores de contenido son algunas de las preocupaciones.

En el informe de monitor CIVICUS (2024) se destacan los casos de la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, la periodista Sebastiana Bárraez y los creadores de contenido Wender Villalobos y Norbey Marin, quienes fueron señalados por presuntamente participar en la operación “Brazalete Blanco”. Asimismo, preocupan las detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos, la poca información sobre su ubicación una vez detenidas y la transgresión de su debido proceso, tal como sucedió en el caso de la activista y directora de la organización de DDHH Control Ciudadano, Rocío San Miguel quien también está presuntamente implicada en la operación anteriormente mencionada.

Finalmente, el cierre de manera arbitraria de medios de comunicación en especial de estaciones de radio, la intimidación y estigmatización de periodistas y su labor investigativa también fueron factores tenidos en cuenta. Desde Redlad, seguimos monitoreando la evolución del espacio cívico venezolano y denunciado la violación de derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad a las organizaciones de  sociedad civil en Venezuela y nos unimos al llamado realizado la CIDH, La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y organizaciones a revertir las decisiones que atentan contra las libertades cívicas; exigimos la liberación de las personas presas por razones políticas y que se garantice la participación de la oposición en unas elecciones presidenciales libres.